Tomás Marcelo Isoldi Barbeito, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por prevaricación ambiental, aunque no figura en la lista electoral del partido madrileño de Isabel Díaz Ayuso de cara al 28 de mayo.
Este martes se ha dado a conocer en el Ayuntamiento que el Juzgado de lo Penal nº 3 de la localidad madrileña ha condenado al concejal popular y a Javier Fernández Abad, exconcejal de Obras del Consistorio. Los hechos se remontan a los años 2010 hasta 2014, aunque se iniciaron en 2005 con las protestas vecinales. En cualquier caso, una época en la que gobernaba Bartolomé González (PP).
El caso está relacionado con la antigua estación de autobuses interurbanos ubicada en la calle Brihuega, la cual, en un principio, se instaló de manera provisional pero que finalmente se mantuvo durante años pese a la estrechez de la calle. Debido a esta situación, fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma en forma de denuncia por haberse construido sin licencia, por los constantes ruidos y la contaminación que se concentraba en el barrio.
La sentencia se ha emitido a pocos días de la celebración del juicio y por la que se acusa a los cargos mencionados de cometer prevaricación ambiental, recogida en el artículo 329.1 del Código Penal. El texto da cuenta de los problemas que tuvieron que sufrir los vecinos de Alcalá de Henares, ya que la estación funcionaba “durante 24 horas al día sin licencia de actividad y funcionamiento”.
El auto manifiesta así que los cargos del PP hicieron caso omiso de las demandas de los vecinos afectados que, a diario, sufrían la contaminación y ruidos constantes en su barrio de hasta 152 autobuses por la mañana, 49 en horario de tarde y 30 por las noches.
Pena de cárcel e inhabilitación
Por estos motivos, tanto Isoldi como Abad han sido condenados a una pena de prisión de un año y nueve meses, además de una inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 euros, inhabilitación también para empleo o cargo público durante los próximo ocho años y pago por mitad de las costas procesales. No obstante, no entrarán en la cárcel al ser una pena inferior a dos años, aunque ambos quedarán con antecedentes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, personado en el caso como posible perjudicado, hará frente a cuantías económicas como consecuencia de la sentencia y como responsable subsidiario. A la par, los condenados estarán obligados a indemnizar a los vecinos del barrio afectado por desperfectos y depreciación del valor de su vivienda.
Cabe tener en cuenta que Marcelo Isoldi continúa ocupando su puesto dentro del Ayuntamiento en la legislatura 2019-2023, aunque sí que ha sido apartado de la lista electoral de cara al 28M, siendo así el único edil que no repite en la misma. Tal y como figura en la web oficial del Consistorio madrileño, ha sido concejal desde 2001. No obstante, en su carta de despedida, aludió a la “renovación” del partido y justificó, a la par, que “jamás” cometió “ninguna irregularidad, algo que el tiempo y la justicia muy pronto confirmarán”, vaticinó, pese a la condena que sentencia se ha hecho pública.
El PSOE exige su dimisión
Por su parte, el PSOE de Alcalá de Henares ha exigido la dimisión de Isoldi por la condena que se ha hecho pública este martes: “El concejal del PP del equipo de Judith Piquet debe dimitir de manera inmediata puesto que ha sido condenado por un delito de prevaricación ambiental, así como la inhabilitación como cargo público”.
En la misma medida, los socialistas lamentan que el Ayuntamiento tenga que responder de manera subsidiaria a las penas en aspectos económicos, lo que se traduce en una “nueva herencia del PP de Alcalá de Henares por la que los vecinos que tendrán que pagar una vez más por el mal gobierno de Bartolomé González”.
“Es curioso que ahora, en 2023, en plenas elecciones, hablen de estaciones de autobuses cuando ya hemos visto cuál es el modelo de estación de autobús para el PP: el delito medioambiental, el abandono de los vecinos, el agujero económico para el Ayuntamiento. Estas son las realidades tras los sueños y mentiras que continuamente expandieron en esta época y que también hacen ahora”, ha condenado Alberto Blázquez, portavoz del Grupo Socialista.
