La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado enormemente preocupada en las últimas horas por el machismo y la violencia de género a raíz de la violación que ha sufrido una niña de 14 años en un centro de menores migrantes no acompañados de Hortaleza por parte de un joven de 17, presuntamente de origen marroquí.
No es la primera vez que la responsable regional y el PP salen en tromba a condenar un hecho de estas dimensiones, a todas luces condenable. Sin embargo, llama la atención que la administradora de Sol empleé una doble vara de medir en función del origen del agresor, dándose con una repulsa firme cuando el actor es extranjero y una equidistancia palpable e incluso un silencio cómplice en el resto de los casos.
En el mejor de los supuestos, habla de ello cuando el agresor es español, pero tiende a tardar más de la cuenta. A esta teoría hay que sumarle la práctica, y es que su equipo basa su política en materia de Igualdad en recortar recursos para combatir la violencia machista y para el conjunto de las mujeres.
Miente con la natalidad: ayudas que no llegan y medidas para ricos
Ejemplo de esto último es que Ayuso, a pesar de centrar la natalidad como una de las puntas de lanza de sus políticas, no cumple con lo prometido. Así las cosas, la presidenta madrileña prometió poner en marcha 250 millones de euros distribuidos entre varias medidas que fomentaran la crianza en la Comunidad, pero solamente ha destinado 38,8 millones para conseguirlo.
Por si fuera poco, este asunto es otro en los que se aprecia claramente la distinción que los ‘populares’ hacen entre la ciudadanía. Así las cosas, en los últimos meses la representante primera de la Autonomía puso en marcha subvenciones para contratar a empleadas del hogar; una cuantía de la que, además, no podían acceder las personas que percibieran un salario menor.
En la misma línea, Ayuso también anunció a bombo y platillo las ayudas por partos múltiples, pero después se tradujo en el mismo fiasco: en concreto, en 2024 solamente ha ejecutado 756.000 euros de tres millones anunciados.
Recortes, oscurantismo y abandono
En lo que a violencia de género se refiere, la Comunidad de Madrid ha recortado recursos para combatir esta lacra a todos los niveles. En el espacio educativo, por ejemplo, ha reducido de 4.770 a 30 las compañas en las aulas para informar y prevenir a la juventud frente a un problema estructural y sobre el que el discurso de la extrema derecha, con el compadreo del PP, estaría provocando una relación directa acción-reacción.
Para más inri, la presidenta de la región capital mantiene el oscurantismo sobre hacia dónde va el dinero que llega del Estado para erradicar las agresiones de víctima, conceder información a las mujeres damnificadas, etc. Y los datos que sí se conocen tampoco escapan a la controversia, de manera que, parte de esta cuantía estaría llegando, por ejemplo, al primer Centro de Atención Integral Especializado en España para hombres víctima de violencia sexual.
La falta de transparencia en el Gobierno de Madrid se da a muy diferentes niveles, y el que centra este artículo no iba a ser una excepción. Así lo demuestra que a finales de 2024, el equipo de Ayuso en sede regional se negó a esclarecer las cifras de casos sufridos entre 2016 y 2021, a pesar de tratarse de una documentación por la que se pagaron casi 18.000 euros y que Más Madrid solicitó de manera formal.
La apertura de este sitio, que se produjo el pasado mes de octubre, costó medio millón de euros al año al erario madrileño y fue especialmente mal recibida por las asociaciones feministas, los partidos de izquierdas y una buena mayoría social, ya que sus detractores entienden que invisibiliza las agresiones sexuales hacia las mujeres. Estas sí se presentan como un problema cuantitativo, mientras que las denuncias de hombres no llegan a 100.
Mientras tanto, caso omiso también el que hace la baronesa a temas que guardan relación directa con la violencia hacia la mujer como son el acceso a la pornografía o, en pos de contener el aumento de agresiones, la educación afectivo-sexual llevada a cabo por profesionales de la sanidad o de la educación.
En lo que se refiere a centros polémicos, de este para hombres víctima de agresiones sexuales saltamos a otro de reclusas, sobre el que ElPlural.com también informaba de manera exclusiva en los últimos meses. La polémica se consumaba antes del verano, cuando la Comunidad rubricaba el contrato que permitía a una entidad -Horizontes Abiertos-, de la que formó parte un exconcejal del PP imputado por abusar sexualmente de varios presos, gestionarlo.
La persona en cuestión fue Rodrigo de Santos, condenado por segunda vez en 2018, durante su época como teniente de alcalde del Consistorio de Palma y concejal de Urbanismo, por utilizar su puesto en la ONG para coaccionar a presos en tercer grado y obligarlos a mantener relaciones bajo amenazas.
Posteriormente, en 2021, fue condenado a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid por abusar sexualmente de un preso al que debía tutelar como coordinador de la institución. Aquí ya tenía antecedentes penales por haber abusado de un menor y gastar 50.000 euros de dinero público en prostitución durante su etapa como edil.
A más a más, la presidenta de esta institución, Lola Navarro, a quien acusan de mirar para otro lado en los hechos en los que coincidió en el tiempo con el agresor, ocupa actualmente un cargo en el Ayuntamiento de Madrid y anteriormente ejerció como directora de Servicios Sociales en la región.
Un caso que guarda similitudes con este: el PP ignoró hasta cinco veces a una mujer que denunció a su agresor. No solo es que no lo amonestara, sino que lo incluyó además en sus listas a pesar de que el autor de los hechos, Daniel Marbán Vázquez, estaba condenado en firme por vejaciones.
Cabe destacar que la Comunidad de Madrid es la que más dinero del Estado recibe para luchar contra la violencia de género (se ha cifrado en cerca de los 19,2 millones de euros y ha aumentado el dinero en un 60%), pero para la Autonomía sigue tratándose de una partida insuficiente.
