El Centro de Salud Los Castillos, localizado en Alcorcón, lleva desde 2020 sin prestar servicio. Sin embargo, la consejería de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso sigue pagando el alquiler del local, ubicado en la calle Cabo San Vicente de la localidad alfarera y que está muy cerca (a unos 600 metros) de otro centro de salud que sí funciona a pleno rendimiento.

La situación no es ni mucho menos novedosa. Desde la pandemia del coronavirus este centro no presta servicio, tal y como denuncian los vecinos, pero es que desde 2007 albergaba únicamente dos consultas. Más allá del desuso de las instalaciones, no deja de ser reseñable que el nuevo centro de Salud los Castillos no pertenece a la administración pública, sino a un particular que tiene relación con el PP.

Hay que remontarse a 1977, cuando el Instituto Nacional de Provisión firmó un contrato de alquiler al que ElPlural.com ha tenido acceso y que se muestra a continuación, por valor de 2.036.130 de las antiguas pesetas. Desde aquí, y a pesar de las constantes explicaciones que la izquierda ha pedido, no es hasta 2018 -desde 2007 hasta entonces el Gobierno regional no ha facilitado información referida al inmueble porque no lo conserva- cuando el PSOE recibe una respuesta.

Los socialistas siguen pidiendo que el equipo ahora de Ayuso explique por qué se sigue pagando el alquiler, qué utilidad se le da al centro y que aclare lo que está pasando con todo ello. “Queremos que nos clarifiquen por qué se paga una cantidad por un local cerrado y si se le piensa dar alguna utilidad. Nos parece una barbaridad que se haya estado pagando sin utilizar, pero si ellos consideran que esa instalación hace falta para algo, que lo expliquen. Otra cosa es que pensemos que quieren tapar algo, porque tantas peticiones de información desde 2018 y con tantas dificultades para responderlas no parece obedecer a nada bueno”, expone en declaraciones a este medio Daniel Rubio Caballero, miembro de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, quien añade que el asunto viene de la legislatura anterior.

Ya por aquel entonces, sus antecesores - José Manuel Freire en 2018 y José Ángel Chamorro en 2020- y también después él, preguntaron sobre la instalación. La Comunidad de Madrid ha ido contestando con respuestas en ocasiones de una línea, tal y como reflejan los documentos a los que también ha tenido acceso este medio y entre los que destacan respuestas como “se analizará el coste efectividad del mismo (del centro) para la adopción de decisiones al respecto una vez finalizada la pandemia”, que “se está realizando un seguimiento y una evaluación tanto de la actividad como del coste oportunidad con el fin de analizar el coste efectividad del mismo” o la más reciente, en la que se confirma que el contrato de arrendamiento “sigue vigente”.

Pero llegar a este punto no ha sido fácil. La formación ahora liderada por Juan Lobato subraya que obtener la respuesta le ha costado iniciativas rechazadas por la Mesa de la Asamblea, contestaciones extemporáneas y peticiones de reformulación de las cuestiones por parte de la Cámara Regional. Lo único que pide su partido es saber “por qué se paga una cantidad por un local cerrado” y si “se le piensa dar alguna utilidad”. En una línea similar se pronuncia Más Madrid, que en su caso va un paso más allá y pide también “romper inmediatamente el contrato de arrendamiento”.

Relación con el PP

“Los vecinos se pronuncian en la misma línea de lo que nosotros conocemos”, apuntan desde el PSOE. Se refiere a que el hijo de la dueña del local (Matilde Vidal Francés), Carlos Torquemada Vidal, fue alcalde de Algete (Madrid) entre 1995 y 1999. Después ejerció como concejal y más tarde como Gerente de las Agencias de Desarrollo de la Comunidad bajo el paraguas de Alberto Ruiz-Gallardón.

El equipo de Ayuso defiende un posible “futuro uso sanitario”

Fuentes de Sanidad consultadas asimismo por este medio se limitan a confirmar que, efectivamente, el arrendamiento del local sigue vigente “en previsión de que este recinto sea sometido a una reforma para un futuro uso sanitario” entre lo que se contempla “entre otras posibilidades”, el servicio de Inspección sanitaria, con “más de 100 profesionales”.

Sobre la dilatación de los plazos, las mismas fuentes justifican que “la incorporación de recursos sanitarios a menudo requiere de plazos administrativos que se dilatan en el tiempo” -hablan de hasta año y medio- y que la Comunidad “no puede perder este tipo de recursos necesarios”.

Y apostillan que, si la Comunidad de Madrid rescindiera el contrato en este momento, sin esperar a finalizar los trámites necesarios para utilizarlo “sufriría además una penalización económica en virtud del contrato de arrendamiento actual”.