La bonificación al transporte público que lleva impulsando el Estado junto con los gobiernos autonómicos desde hace meses, un aliciente para la economía de los jóvenes, está en el aire. En lo que concierne a la Comunidad de Madrid, núcleo donde confluyen todas las conexiones, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se mantiene en la confrontación con el Ejecutivo central, aunque esperará a tomar una decisión final: si mantener los descuentos o, por el contrario, eliminarlos y regresar a los precios originales.

Este lunes, Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a aplazar la prórroga o no de esta medida, esperando así una contestación por parte del Ejecutivo central de Pedro Sánchez: “Tomaremos una decisión acerca del precio del transporte cuando lo haga el Gobierno, teniendo en cuenta que esto era cosa de dos”, ha sentenciado en declaraciones a la prensa.

Horas después, y a través de sus redes sociales, la propia presidenta madrileña ha vuelto a insistir sobre la postura adoptada por el Ejecutivo central: “Se inventan la medida para toda España, la aplican tarde, no aclaran hasta cuándo la prolongan, ahora en campaña bien que se callan y acaban señalando a la Comunidad de Madrid. Es patético”, ha condenado.

En un primer momento, la líder de la Puerta del Sol se enmarcó en su intención de no asumir los descuentos del Abono Transporte, los cuales caducan el próximo viernes 30 de junio y, de materializarse dicha decisión, los precios volverían a sus referencias originales, es decir, se duplicarían.

Según indica la web del Consorcio de Transportes de Madrid, los descuentos en el Abono Transporte del 60% y en los billetes de 10 viajes del 50% finalizarán en la fecha señalada, por lo que queda menos de un mes de plazo.

Relacionado Esta es la fecha final de los descuentos del Abono Transporte en la Comunidad de Madrid

El Gobierno lamenta la “visión” económica de Ayuso

En palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha señalado que la decisión se tomará antes de que llegue el fin del plazo. En respuesta a las intenciones del Ejecutivo madrileño, ha lamentado la postura adoptada por su presidenta.

“Sólo puedo lamentar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya anunciado que retira la bonificación del transporte público. Tiene un efecto social muy positivo, puesto que ayuda a la clase media y trabajadora, estudiantes y autónomos, y tiene un impacto positivo desde el punto de vista del cambio climático, puesto que fomenta medios de transporte más sostenibles”, ha empezado señalando en rueda de prensa desde Ferraz.

Es en estos términos como Calviño ha lamentado que la gestión de Ayuso “refleja esa visión tan diferente de la política económica” a la ya ejecutada por el Gobierno de Sánchez a este respecto.

Fue en el pasado 1 de septiembre cuando se dio luz verde a la entrada en vigor de las bonificaciones al transporte público en todo el país, con la que se pretendía paliar los efectos de la crisis económica. Inicialmente, se barajó un descenso del 30%, por medio de subvención del Estado y, antes de finalizar el 2022, se prorrogó en todas las comunidades autónomas que se comprometiesen a ampliar las rebajas al 50% del precio. No obstante, el Ejecutivo de Ayuso decidió aumentarlo hasta en un 60% a partir del 1 de febrero.

Cambios sustanciales

De decaer esta normativa en la Comunidad de Madrid, el coste del abono mensual, útil tanto para Metro como para EMT Bus, cambiaría con un incremento sustancial para todos los bolsillos.

La Zona A para mayores de 26 años y menores de 65 volvería a tener un coste de 54,60 euros para el usuario; en el caso de la B1, de 63,70 euros; de la B2, de 72 euros. En lo relativo a la periferia de la región, lo que afecta al abono de las zonas B3, C1 y C2, pasará de costar al usuario 32,80 euros a más del doble: entorno a los 82 euros. Aún más a las afueras, la zona E1, que tiene un precio actual de 44,20 euros, volverá a costar 110,60 euros, y la zona E2, la más cara de todas, que cuesta a día de hoy 52,70 euros, alcanzará los 131,80 euros en julio.

En paralelo, el Abono Joven, del que gozan las personas en edades comprendidas entre los 7 y los 26 años, que ahora ronda los ocho euros, estaría cerca de triplicarse hasta los 20. Un precio que resulta inasumible para los jóvenes que aún continúan con sus estudios o que no cuentan con las condiciones laborales óptimas.

Las únicas excepciones serían tanto el abono de la tercera edad como el infantil, que mantendrían su gratuidad.