El Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida al frente, lleva tiempo buscando sacar adelante un proyecto que, además de la oposición, se ha encontrado con las trabas nada más y menos que de la Comunidad, liderada por Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de la operación para demoler el Hipercor de Méndez Álvaro y sustituirlo por dos torres de 100 metros y mínimo 27 pisos. Los entresijos de la cuestión, así como la negativa del Ejecutivo regional para con ella encuentra una explicación muy sencilla que da de manera resumida y simple el portavoz de Urbanismo del PSOE en Cibeles, Antonio Giraldo.

El concejal del PSOE de Reyes Maroto ha publicado un hilo en redes sociales para contextualizar a la ciudadanía la situación aprovechando que el próximo lunes la iniciativa se vuelve a poner sobre la mesa en Pleno.

Intereses ‘ocultos’

El grueso de la idea pasa por tirar abajo el edificio para introducir en esta parcela de terreno dos torres de oficinas “para alquilar o vender, claro”, ironiza el concejal, junto a una “gran zona verde”. Antes de nada, el representante socialista expone los intereses que, según explica y la propia Comunidad asume, no son los de los madrileños, como justifica el PP.

Lo primero de todo, Giraldo explica que la demolición viene motivada porque años atrás El Corte Inglés “hizo una ampliación declarada por sentencia judicial ilegal, en tres centros, y le condenó a demoler el centro”, aunque siete años después no ha cumplido con dicha sentencia. A partir de aquí, es la empresa la que marca las pautas de la operación, que pasa por tirar abajo el conjunto del edificio y dividir la parcela en dos zonas nuevas; la primera la de las torres y la segunda, la zona verde.

Más allá de los metros a demoler, quedan otros 34.500, ya no correspondientes a Hipercor, sino a oficinas, lo que es “más rentable”, según apunta el portavoz de Urbanismo: “Se les ‘regala’ otros 17.276 más. Es decir, se ‘gana’ un 50% más de metros que son, además, más rentables”.

Las zonas verdes de “superponen” a otros tipo de dotaciones

Pero, continúa esgrimiendo Giraldo, el nuevo mapa provoca que las cesiones obligatorias de suelo al Ayuntamiento “sean altas y no haya espacio suficiente en la parcela sur para ello” y tampoco se puede “reducir la parcela de las torres”. Para superar este obstáculo, explica el concejal, lo que se hace es “que las cesiones de zonas verdes se superponen a otro tipo de dotaciones”. En concreto, que “el centro cívico, o lo que sea, vaya al sótano y al parque en el piso de arriba”.

Este es uno de los puntos más llamativos, ya que no se puede dar una cesión de zona verde sobra una losa. “Los ciudadanos apáñense con los arbustos (y los 4 sótanos), y la empresa (condenada a demoler), prémiese con más metros para hacer negocio”, ironiza; y apostilla: “Lo mejor es que a toda la operación la llaman ‘Actuación de dotación’, sin cortarse. Y se justifica bajo el interés general de la ciudadanía”.

Negativa de la Comunidad de Madrid

El próximo lunes va para aprobación por segunda vez, ya que la primera fue la Comunidad de Madrid, de quien depende en última instancia la aprobación definitiva, la que evitó que saliera adelante.

La Dirección General de Urbanismo negó que el proyecto saliera adelante, argumentando que no obedece a un interés de la ciudadanía, sino privado. “Existen una serie de carencias y deficiencias en gran parte derivadas de la falta de adaptación, en algunos aspectos, por lo que es necesario justificar, modificar, subsanar y/o completar el documento en los aspectos señalados”, insta el informe del equipo regional, que requiere al Consistorio que envíe de vuelta la medida y que “justifique, modifique y complete el expediente en los términos señalados”. Dicho de otro modo, la Comunidad justifica su decisión y le solicita al edil madrileño que haga lo propio con la suya en otras partes del documento que se adjuntan a continuación.

Alegato final

En la exposición de los hechos, Giraldo deja claro que su aclaración “no va contra ninguna empresa” y que El Corte Inglés, como cualquier otra, tiene “todo el derecho a intentar hacer su negocio”, pero para eso están las administraciones públicas, que son las “encargadas de poner coto y determinar potestativamente en qué términos se desarrolla esta mutua legitimidad”.

Deja asimismo claro que su grupo municipal votará nuevamente en contra y que, de salir adelante, sería legítimo que cualquier zona verde pudiera usarse en subsuelo de “manera apilada”. “Es un caramelo envenenado”, asume el concejal socialista.