La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cambie la regulación de pisos turísticos ilegales "para buitres y millonarios, para que algunos cometan ilegalidades a plena luz del día".

Para ello, ha destacado un edificio de la plaza Conde de Miranda, "que es el ejemplo más palmario de la ley de la jungla que funciona en esta ciudad". Se trata de "un edificio histórico del siglo XVIII en el que desde hace varios años hay 26 apartamentos turísticos ilegales", que además se siguen anunciando en este momento en portales de alquiler de alojamientos turísticos.

"El Ayuntamiento no sólo lo sabe sino que ha pedido una orden de clausura, vigente desde el año 2021, es decir, aquí desde el año 2021 se comete una ilegalidad que el Ayuntamiento conoce y ante la que, sin embargo, no hace nada", ha condenado la jefa de la oposición. En estos días "en los que se habla mucho de amnistía", Maestre ha lanzado que "la única amnistía que en este momento funciona en Madrid es para buitres y para millonarios, para que algunos cometan ilegalidades a plena luz del día, sin que el Ayuntamiento tome ninguna medida para evitarlo".

A lo que se suma que "no sólo funcionan desde hace años 26 apartamentos turísticos ilegales en este edificio patrimonial sino que además el propietario está buscando por la puerta de atrás una fórmula para legalizar su situación". "El Ayuntamiento de Madrid no sólo no va a cumplir con su propia normativa cerrando de forma inmediata estos apartamentos turísticos ilegales sino que le está buscando un traje a medida al propietario de estos apartamentos", ha condenado Rita Maestre sobre esta "ley de la jungla por la que en el centro de Madrid se expulsa a los vecinos y los barrios se convierten simplemente en decorados".

Más pisos turísticos que niños en el Centro

Lo cierto el distrito Centro de la capital concentra ya el 43% de plazas de establecimientos hoteleros, que ascienden a 441 plazas por cada mil habitantes. Y si hablamos singularmente de apartamentos turísticos, los datos sobre los que alertaban las asociaciones vecinales en un estudio el pasado febrero señalan que en el barrio de Sol, por ejemplo, los pisos turísticos duplican a los niños empadronados en el barrio: 1.209 Airbnbs y únicamente 666 menores de 18 años.

A esto se suma que Almeida recortó el servicio de inspección para que la normativa "fuese papel mojado", según la oposición de Más Madrid. De esta forma, denuncian que se llega al punto que denuncian: "Lo que hace es cambiar las reglas en mitad del partido para favorecer a una promotora. Es una vergüenza". 

"Acabamos de presentar las alegaciones correspondientes y reclamamos a Almeida que anule este procedimiento, cuyo único objetivo es autorizar un uso que incumple el Plan Especial de Hospedaje y solo agravará aún más la expulsión residencial que está sufriendo el distrito Centro", indican al respecto. 

A tenor de la normativa de aplicación al Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU), la implantación del uso terciario de hospedaje en la totalidad de la edificación solo es factible cuando el objetivo sea la protección y puesta en valor del edificio. Y cuando, además, no se menoscabe la preservación del uso residencial en las áreas centrales de la ciudad, mediante una nueva regulación de usos compatibles y autorizables, limitando al máximo la expulsión del uso residencial de carácter permanente y su sustitución por el uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje destinado a proporcionar alojamiento temporal.

El Distrito Centro cuenta con una infraestructura y número de plazas turísticas excesiva si comparamos con el resto de la ciudad. Su incremento implica agravar la situación de expulsión residencial que se está padeciendo en el distrito. El edificio que denuncia Más Madrid cuenta con uso cualificado residencial y se pretende cambiar por el terciario hospedaje en contra de lo que determinan el artículo 1 del PEH: “Es preservar el uso residencial en las áreas centrales de la ciudad…”.

De hecho, denuncian que la autorización del uso Terciario de Hospedaje en la totalidad del edificio es contrario a la normativa urbanística (artículo 6.1 del PEH): la implantación de dicho uso precisa que el objetivo sea la protección y puesta en valor del edificio cuando la intención principal es la obtención del lucro económico. El edificio está en perfecto estado de conservación y cuenta con la protección necesaria para la puesta en valor del edificio. Por tanto, no es necesaria una mejora de sus condiciones higiénicas y de habitabilidad.

En tercer lugar, insisten en que el edificio cuenta con un expediente de Disciplina Urbanística por la Agencia de Actividades, en el que se pone de manifiesto la ausencia de la preceptiva autorización municipal para operar. Es decir, que es ilegal. Se trata de la legalización de la actividad suspendida por la Agencia de Actividades, debido al incumplimiento de los requisitos para obtener el certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (CIVUT), que regula la Comunidad de Madrid. 

Contrario al bienestar de los vecinos

En conclusión, desde el partido de Rita Maestre señalan este Plan Especial de Almeida va en la dirección contraria de preservar los usos originalmente concebidos para el edificio y denuncian que la turistificación del centro como único uso superviviente a costa del residencial y oficinas, elimina diversidad y tiene graves consecuencias en el vaciado poblacional del centro. Por ello, piden que las políticas del Ayuntamiento deberían ir encaminadas a recuperar el uso residencial como oportunidad de intervenciones para vivienda social destinada a jóvenes y este Plan Especial resulta en lo contrario.

Cabe estacar que las viviendas de uso turístico son un auténtico problema para la ciudad. El 95% no cumple con la normativa por no disponer de acceso desde la calle. El Ayuntamiento, de las 24.828 VUT registradas, sólo ha confirmado que operan en la ilegalidad 1.200 de las cuales solo ha inspeccionado 286, ordenado el cierre de 150 y ejecutado el cierre de 12. Es decir, solo inspecciona un 25% de las que sabe que incumplen, solo ha propuesto el cierre en el 10% y solo ha ejecutado finalmente ese cierre en el 1%.