El Sindicato de Inquilinas y Acciones en las Alturas han desplegado, este jueves, una pancarta gigante frente al lujoso ático que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí. Justo un el día que el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, comparece en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la operación, ambas organizaciones han realizado esta acción para enfrentar la vida de lujos y ventajas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la situación del resto de madrileños, representados por Maricarmen, la anciana de 87 años que será desahuciada la semana que viene de su casa.

Ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen”, reza la pancarta ubicada frente al número 35 del paseo del General Martínez Campos. Ambas organizaciones pretenden denunciar que desde la Comunidad de Madrid “no han hecho nada para para el desahucio” de una octogenaria con un 50% de discapacidad y que va a ser expulsada de la vivienda en la que lleva residiendo 70 años. Sin embargo, la administración si ha tenido tiempo para comprar un aticazo de casi 500 metros cuadrados que no puede ser usado para otra cosa que no sea una vivienda.

Maricarmen, desahuciada a los 87 años

El próximo miércoles 23 de septiembre, a las 7:30 horas, está fijado el cuarto intento de desalojo de Maricarmen, quien lleva residiendo desde hace más de 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Un piso ubicado en el barrio madrileño de Retiro en el que murieron sus padres, que lo alquilaban desde 1956, y cuyas cuatro paredes han servido de hogar para toda su familia.

El responsable detrás de este desahucio es Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, uno de esos fondos buitre, propiedad de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que han hecho fortuna y han acrecentado su cartera de pisos gracias a las políticas neoliberales y de desprotección que el Partido Popular (PP) despliega en el Comunidad de Madrid desde hace décadas. La autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acometerán la vergonzosa actuación, ordenada por el Tribunal Supremo y que ninguna Administración se ha molestado en frenar.

“Las distintas administraciones públicas siguen sin ofrecer una alternativa habitacional acorde a sus necesidades. Ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno del Estado han dado una respuesta que permita poner fin de manera definitiva a una situación que se prolonga desde hace años”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas. La subida del 275% del alquiler acabó con las posibilidades de Maricarmen de afrontar la renta y solo el movimiento vecinal ha levantado la voz.

Los militantes del Sindicato de Inquilinas harán todo lo posible para auxiliar a su vecina. Para ello, el día previo al desahucio, el martes 22 de septiembre, han convocado un acto al que acudirán distintas personalidades públicas, tras el que acamparán en la zona para pasar la noche y estar prevenidos cuando llegue la Policía Nacional. Una acción a la que llaman a participar a organizaciones y vecinos.

El caso aticazo

La expulsión de Maricarmen es todavía más obscena al darse de forma simultánea al escándalo del aticazo que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí para que, según apuntan cada vez más voces y pruebas, residiese Ayuso. Su Gobierno lo niega y, pese a que aún no se conoce nada sobre la operación, aseguran que todas las explicaciones ya se han dado.

Por el momento, no se sabe para qué se compró el inmueble, pues no podría ser usado como oficinas, tal y como mintieron en un primer momento. También se desconoce quién ordenó la compra o por qué Ayuso fue a visitar el inmueble. ¿Visita la presidenta todos los inmuebles que compra Planifica Madrid? Muchas son las dudas que, este jueves, debería resolver el consejero de Presidencia, quien previsiblemente escurrirá el bulto y no dará ningún detalle nuevo.

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