El Gobierno de la Comunidad de Madrid está dilatando la entrega de información u ocultado datos esenciales sobre el ático que compró la región para que, según defienden, Isabel Díaz Ayuso lo usara para desempeñar sus funciones el tiempo en que durasen las obras de la Puerta del Sol.

Sin embargo, las intenciones de la Autonomía y de la empresa adscrita a la Consejería de Presidencia, Planifica Madrid, podrían truncarse atendiendo al artículo 111 del Reglamento de la Asamblea ubicada en Vallecas.

Dicho artículo, del que estos días se hacía eco el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, reza que “salvo autorización, por unanimidad, de la Mesa de la Asamblea o de la Mesa de la Comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos, con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo”.

El texto añade que “cuando un Grupo Parlamentario considere necesaria la distribución de cualquier documentación o elemento de naturaleza audiovisual, que pueda servir de base al debate, deberá solicitarlo a la Mesa de la Asamblea o a la Mesa de la Comisión competente, con un plazo mínimo de setenta y dos horas de antelación al inicio de la sesión, aportando junto a la solicitud el correspondiente documento o elemento audiovisual”.

Debería entregar la documentación, como tarde, el 16 de septiembre

Atendido a este punto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería distribuir la documentación sobre el inmueble del paseo del General Martínez Campos a menos 24 horas antes del próximo 17 de septiembre, cuando está fechada la comparecencia de Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, consejería de la que depende Planifica Madrid.

“Ayuso pretendía llegar al pleno del 17, soltar a su consejero, que nos dé toda su propaganda y que nosotros no tuviéramos la documentación con la que responderle con papeles oficiales sobre la compra del ático, pero no se acordaba de que existe el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que nos permite a cualquier partido exigir toda la documentación que sirve como base a ese debate”, sostenía el pasado martes Abarca.

Esto implicaría que el día 16 la oposición debería disponer de toda la documentación que exigen desde, prácticamente, que saliera a la luz el escándalo. Ello incluye la memoria justificativa de la compra del ático, valoración de alternativas, informes de tasación o valoración del inmueble, acuerdo del Consejo que autorizó la operación, escrituras, etc., tal y como rememora el diputado.

“(…) Lo único que nos han contestado es que ya nos la darán cuando a ellos les convenga, pero nos la tienen que dar 24 horas antes del debate, y si no el reglamento es muy tajante: ese debate no se puede producir”, reivindica Abarca, destacando que “deberían haber entregado la documentación el 14 de abril, cuando compraron el ático, si no en cuanto la pedimos”. En cualquier caso, lo deja claro: “Ya no tienen más plazo legal, el 16 de septiembre tienen que darnos toda la documentación para que podamos hacer ese debate con documentación, información y no con la propaganda, las mentiras y los insultos que acostumbra la señora Ayuso”.

Novedades con el Debate sobre el Estado de la Región en el horizonte

Antes de esa fecha, esta semana tiene lugar el Debate sobre el Estado de la Región, que se prevé un examen para Díaz Ayuso por parte de la oposición por el tema del ático. Así lo han adelantado en las últimas horas los partidos de la izquierda, tanto PSOE como Más Madrid, a través de sus portavoces en la Asamblea, Mar Espinar y Manuela Bergerot respectivamente.

Entretanto, aumenta la polémica en torno al ático. El pasado martes El País publicaba que la Comunidad de Madrid ya disponía en el momento de compra del inmueble de una oficina vacía de dimensiones prácticamente idénticas. En su caso, se encuentra situado en la calle Pedro Moreno, junto a Plaza de Castilla, y dispone de 478 metros cuadrados.

La diferencia entre espacios no pasa tanto por el tamaño, pues solamente los separan siete metros cuadrados, sino que tiene más que ver con que este segundo sitio, situado en una planta baja, sí estaba destinado a albergar actividad profesional. El inmueble también forma parte del patrimonio inmobiliario gestionado por la compañía pública que adquirió el ático de Chamberí.

Otro de los hechos que han sido noticia respecto de la propiedad es que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Más Madrid en la que pedía al organismo investigar si ha existido menoscabo de fondos públicos en la operación. El caso pasa ahora a la Sección de Enjuiciamiento para valorar si abre diligencias preliminares o procedimiento de reintegro por alcance.

 

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