Analizar las cuentas anuales de la empresa pública Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. de 2025 revela el alma de un modelo enfocado en la especulación del ladrillo a costa de los servicios esenciales. Las cifras oficiales de la entidad desvelan una escandalosa ineficacia operativa combinada con una preocupante opacidad contable y un desmedido afán rentista. Mientras la propaganda del Ejecutivo autonómico vende una gestión “ágil y eficiente”, los datos de realización muestran que infraestructuras críticas de seguridad y del entorno municipal madrileño están paralizadas.
La parálisis en obras frente al ladrillazo público
La ineficacia de la sociedad roza el escándalo: de un presupuesto anual de gestión ya modesto de 623.951,39 euros (el 3% sobre el coste de las obras encomendadas), solo se ejecutó un exiguo 33,83% (apenas 211.056,21 euros), una ineficacia que conlleva un coste humano alarmante, porque se traduce en la parálisis de infraestructuras de respuesta ante emergencias: el Parque de Bomberos de Loeches agoniza con un 1,16% de ejecución real (apenas 1.448,98 euros reconocidos de los 125.298 presupuestados); el Parque de Bomberos de Villarejo de Salvanés se queda en un ínfimo 5,84% de realización; y el de Villanueva de la Cañada alcanza solo un 20,46%. Y no son las únicas obras apenas comenzadas, que se extienden por toda la región.
En violento contraste con este abandono, la maquinaria inmobiliaria de la empresa funciona a pleno rendimiento. Planifica Madrid mantiene secuestrados 192,89 millones de euros de dinero público en el mercado del suelo y del alquiler residencial o de oficinas: 68,85 millones en inversiones inmobiliarias rentistas y 124,04 millones en existencias inmobiliarias destinadas a la venta. Son casi 193 millones de dinero público inmovilizados en especular con suelo, alquileres y plusvalías en lugar de, por ejemplo, promover vivienda pública y social en plena crisis habitacional. Además, la valoración de esta cartera descansa sobre estimaciones subjetivas de tasadores contratados por la dirección, exponiendo a la empresa a un severo riesgo de pérdidas si, como parece, se está infravalorando el deterioro o depreciación de esos activos, o bien el mercado se estabiliza o se corrige a la baja. Es el clásico maquillaje para disfrazar de solvencia el balance financiero. Además, esas operaciones inmobiliarias se realizan con una opacidad alarmante, y sirven para alimentar redes clientelares, en muchos casos internacionales, como la reciente cesión por 99 años a un grupo mexicano de un lujoso piso en la calle Santa Catalina, en pleno centro de Madrid, que, oh casualidad, aunque se licita en 2025 no se formaliza hasta enero de 2026, de modo que no aparece en el balance. Las sospechas surgen inmediatas: ¿habrá servido esa cesión para financiar el ático de Ayuso? ¿Tendrá algo que ver su concesión con el viaje a México de la presidenta? La turbiedad de la gestión inmobiliaria de Planifica Madrid hace saltar todas las suspicacias.
La escala financiera del ático para Ayuso
El clímax de estas prioridades invertidas se resume en la compra de un ático de lujo en la calle Martínez Campos de Chamberí por 6,3 millones de euros destinado a resdencia personal de Isabel Díaz Ayuso. La desproporción adquiere dimensiones obscenas si se cruza esta cifra con las que emanan del balance oficial. El coste de este único inmueble residencial de lujo multiplica por diez el presupuesto completo anual que Planifica Madrid tenía asignado para gestionar todas las obras de la Comunidad de Madrid (623.951,39 euros).
Aún más indignante es que los 6,3 millones del ático equivalen a 4.347 veces lo invertido realmente durante todo el ejercicio en el paralizado Parque de Bomberos de Loeches, y a 977 veces lo destinado al de Villarejo de Salvanés. Además, compromete de golpe el 9,15% —casi una décima parte— de toda la cartera acumulada por la empresa pública en inversiones inmobiliarias (68,85 millones).
La ocultación contable de la compra
Más allá del despilfarro, la operación desvela una maniobra de ingeniería contable de manual para esquivar el control democrático. Las investigaciones periodísticas confirman que la adquisición ya estaba plenamente comprometida y apalabrada a principios de año mediante un contrato de arras firmado en enero de 2026.
Sin embargo, cuando el Consejo de Administración —copresidido por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y con el consejero delegado Pedro Corbalán— formuló y firmó digitalmente las cuentas anuales de 2025 entre el 25 y el 27 de marzo de 2026 omitió de forma deliberada cualquier mención a esta transacción inminente en la nota de “Hechos Posteriores” (Nota 11 de la Memoria). El Plan General de Contabilidad obliga a detallar compromisos financieros de este calibre (que representan casi el 10% de sus inversiones inmobiliarias) si ocurren entre el cierre del ejercicio y la firma de las cuentas. Y parece claro que se retrasó la escritura notarial de la compra al 14 de abril para eludir los controles ordinarios de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, evitar las reservas presupuestarias nominativas y sortear el control político directo en la Asamblea de Madrid.
La complacencia auditora y la urgencia de control
Para cerrar el círculo de impunidad, la firma privada BS Audit estampó una cómoda opinión favorable “sin salvedades” a estas cuentas desde Marbella el 7 de abril de 2026. Es el resultado habitual de privatizar la fiscalización: auditores privados contratados por la misma dirección a la que vigilan que se limitan a chequear concordancias aritméticas mientras pasan de puntillas sobre la flagrante ineficacia social y la elisión de transparencia presupuestaria.
Las cuentas de Planifica Madrid de 2025 demuestran que la entidad funciona como una agencia inmobiliaria de élite, sumamente ágil para el uso discrecional de fondos, pero paralizada ante las necesidades, especialmente de seguridad, de los municipios. Ante la magnitud de este expolio indirecto, es de vital urgencia activar mecanismos de fiscalización de urgencia ante la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y comisiones parlamentarias de investigación. No podemos permitir que el ladrillo y el silencio sigan devorando el interés común.
Juan Varela-Portas de Orduña es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y diputado de Más Madrid en la Asamblea regional.
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