Tras su comparecencia extraordinaria del pasado jueves en el Congreso de los Diputados con motivo de la crisis migratoria en Ceuta, este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a sus diputados, senadores y europarlamentarios en la Cámara Baja para marcar la hoja de ruta del nuevo curso político y parlamentario.

La intención del Gobierno central, como bien manifestó los meses previos al parón del verano, era dar forma y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 antes de que acabe este año. Esta cita con sus parlamentarios será un gesto de acercamiento coincidiendo con la semana en que arranca el periodo ordinario de sesiones, el cual concluirá antes de las fiestas de Navidad. 

Y es que el 2027 será un año cargado de actividad política, más aún teniendo en cuenta las elecciones autonómicas y municipales previstas para finales de mayo y la llamada a las urnas para las generales, de las que aún se desconoce la fecha, aunque la legislatura acabará a finales de julio, e incluso en estos principios de septiembre ya se abrió una puerta a un posible “adelanto técnico”. 

Sánchez garantizó que Ceuta y Melilla serán españolas “hasta el final de los tiempos”

Fue este 3 de septiembre cuando Sánchez retomó la agenda política tras el parón de agosto con motivo de la delicada crisis que vive Ceuta. Un día después de las multitudinarias concentraciones que se repartieron por todo el país en apoyo a la ciudad autónoma, y cumpliéndose un mes de la entrada masiva de migrantes de manera irregular por la frontera con Marruecos, el mandatario de La Moncloa subió a la tribuna del Hemiciclo para dar las explicaciones requeridas. 

Sánchez no sólo enfrentó las críticas de la oposición, del Partido Popular y Vox, sino también de socios cercanos como Sumar o ERC, quienes le reprocharon haber llegado “tarde” en la respuesta a la situación en Ceuta. Como novedades en su discurso, además de detallar la cronología de los hechos con los datos e informaciones que maneja el Gobierno y precisar que no existen pruebas de la participación de Marruecos en la avalancha humana, el presidente avanzó que se publicarán “todos los informes policiales” previos a los acontecimientos, así como de las semanas posteriores, en un ejercicio de transparencia con los medios y la ciudadanía. 

Al inicio de su discurso, Sánchez dejó un claro mensaje dirigido a Marruecos y a los comentarios de algunas voces de su Gobierno sobre la soberanía de las dos ciudades autónomas, lo cual situó como “declaraciones inaceptables”: “Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas”, garantizando que así seguirá siendo “hasta el final de los tiempos”. 

El dirigente máximo de Moncloa también precisó que su Gobierno llamó a consultas a la embajadora de Marruecos en Madrid en los peores momentos de la crisis, además de que, sobre la autoría de la entrada masiva, contradijo el conocido informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), exculpando a Rabat de la instigación y efecto llamada en redes sociales, acusando así a la “internacional ultraderechista” de haberse aprovechado de la crisis y señalando responsabilidades hacia Rusia e Israel como amplificadores de la desinformación sobre la crisis. 

En el lado contrario, la oposición cargó con todo. Alberto Núñez Feijóo le pidió responder si “recomendaría a sus hijas pisar la playa del Trampolín o pasear por la noche en Ceuta”, aludiendo así a la inquietud que se respira en la ciudad autónoma según sus vecinos. En este sentido, el líder de Génova dejó en claro que su postura pasa por acusar al Gobierno de haber mirado hacia otro lado con esta tragedia, además de que señaló a Marruecos y rescató el caso Pegasus: “La va a pagar, ante la Justicia y ante las urnas”, auguró.

Dejando a un lado esta jornada frenética en el Congreso, en lo que concierne a las medidas adoptadas por el Gobierno entrado ya el curso de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la pasada semana una ayuda de 309 millones de euros hasta finales de 2026 en ayuda para Ceuta que buscará proteger los puestos laborales, dar apoyo a empresas, reforzar la seguridad y garantizar los servicios públicos.

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