La sombra del cohecho persigue a Ayuso por el viaje a México: "¿Quién se lo pagó?"

Quién pago el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México es una pregunta que todavía no tiene respuesta. La baronesa del Partido Popular (PP) tan solo ha registrado en el Portal de Transparencia un gasto de 623,28 euros por la reserva de la sala de autoridades de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas; sin embargo, tres altos cargos de la Consejería de Cultura declararon 14.847,78 euros por el mismo viaje. Es decir, la Administración no pagó el viaje de la mandataria.

Lejos de ser una anécdota, el hecho de que una tercer persona, física o jurídica, costease los gastos del viaje de una semana que Ayuso disfrutó al otro lado del charco, con algunos días sin siquiera constar agenda oficial, podría constituir un delito de cohecho. El abogado Javier Flores, quien ha denunciado la compra con dinero público del ático residencial en Chamberí por más de seis millones de euros, ha puesto ahora el foco también en esta problemática, sobre la que la Comunidad aún no ha dado ninguna explicación.

El delito que señala el letrado es el contemplado en el artículo 422 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años”. El texto no exige que el cargo beneficiado ofrezca contraprestación, sino simplemente que acepte un regalo que responde a su puesto.

La posibilidad de que se haya dado este delito, que sería diferente en el caso de que Ayuso o la Administración hubiesen solicitado el regalo, pues incurriría en un tipo más grave, son tres. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el primer elemento es que el sujeto perceptor de la dádiva ejerza funciones públicas, algo que, en el caso de una presidenta autonómica, es más que evidente. El segundo de ellos es la dádiva o regalo en sí.

La presidenta madrileña se pasó una semana en México, disfrutando de múltiples trayectos y estancias en diferentes ciudades, en algunas de ellas sin siquiera trabajo que realizar. A esto habría que sumar los costosos billetes de avión de ida y vuelta, la manutención y otros muchos gastos previsibles. Sin embargo, Ayuso asegura que la Comunidad tan solo tuvo que costearle las salas de autoridades del Aeropuerto. De ser así, quién pago los gastos, que sus consejeros cifraron en casi 15.000 euros, y por qué.

Se conoce que la presidenta aseguró desplazarse hasta el país centroamericano por una supuesta entrega de premio de la que luego se le retiró la invitación, pero se desconoce si los organizadores costearon la totalidad del viaje, pese a que la ceremonia tan solo duraba un día y era en una localización concreta y Ayuso estuvo en múltiples ciudades (Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Riviera Maya) y durante un tiempo prolongado. Independientemente de quién pague, si la líder regional aceptó el paquete vacacional como regalo entregado a raíz de su responsabilidad, podría ser constitutivo de delito.

Más allá de la autoridad y el regalo, el tercer elemento es la aceptación o no de la dádiva. Esto podría ser complicado de probar de no ser porque lo reconoció la propia mandataria del PP. Es más, Ayuso aseguró que no podía registrar en el Portal de Transparencia más gasto público que el correspondiente a la sala de autoridades del aeropuerto porque fue el único gasto de la Administración referido al viaje. O, dicho de otra manera, el resto lo pagó un tercero desconocido. Lo que sí se conoce es que en el país estaban presentes empresas estrechamente relacionadas con la Comunidad.

El Código Ético de los Altos Cargos prohíbe aceptar regalos o beneficios, a excepción de cortesías habituales, que ni de lejos parece el caso, y obliga a declararlos; no obstante, todavía se desconoce los pormenores de este viaje. Por ello, la oposición madrileña, tanto el PSOE como Más Madrid, han prometido fiscalizar el tema, que se suma a la ola de polémicas que afectan a Ayuso, todas ellas por la opacidad de los pagos en distintas operaciones.