El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia por responsabilidad contable presentada por Más Madrid sobre la compra del ático que la Comunidad de Madrid adquirió para que la presidenta de la región ejerciera sus funciones el tiempo que durasen las obras de la Puerta del Sol, según defiende el Ejecutivo madrileño.
La formación de la izquierda alternativa denunció la adquisición del inmueble por parte de Planifica Madrid, de tal forma que pide investigar si ha existido menoscabo de fondos públicos en la operación, que supuso la compra del inmueble por más de seis millones de euros para, un día después de que saliera a la luz la información, anunciar que se iba a poner en venta.
Más Madrid ha celebrado el último movimiento aplaudiendo que “el caso del ático sigue dando pasos dentro del Tribunal”. “Ahora pasa a la Sección de Enjuiciamiento -el órgano que instruye y, en su caso, juzga estos procedimientos- para valorar si abre diligencias preliminares o procedimientos de reintegro por alcance”, explican en el partido.
Según argumentaban en el texto que elevaron al Tribunal de Cuentas, el precio total de la adquisición podría acercarse mucho al de venta, de 6,7 millones de euros, teniendo en cuenta otros posibles gastos derivados de este tipo de operaciones. El resultado final podría derivar en una posible “pérdida patrimonial”, según el documento.
Asimismo, el partido de Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre aprecian ese posible “menoscabo” de caudal público en tanto en cuanto se ha adquirido un espacio “innecesario o no idóneo para la finalidad pública”. Para esto, se basan en que el ático no puede ser una oficina, porque se incumpliría la normativa municipal.
El partido contempla que la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia que compró el ático habría pagado un importe cercano a los 378.000 euros como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), además de otros 6,3 millones de euros que costó la propiedad. En estas, Más Madrid denuncia que la firma habría “soportada una carga tributaria excesiva” en comparación con otras entidades que no tienen que pagar ITP.
El montante podría ser incluso mayor si se consideran otros gastos, como los de notaría y gestoría. Con todos los números encima de la mesa, el resultado total podría alcanzar los 6,68 millones de euros totales, lo que dejaría la cantidad muy próxima a la de 6,7 millones de euros por los que se puso a la venta.
Otra denuncia en el Tribunal de Cuentas
Antes de por medio del partido, el asunto del ático llegó al Tribunal de Cuentas después de que el abogado Javier Flores interpusiera una denuncia para que la entidad investigase el caso al observar que se podría haber llevado a cabo “alcance o menoscabo de caudales públicos”.
En el caso del letrado, se explica que la sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Presidencia adquirió con fondos públicos una vivienda de uso residencial por importe millonario “sin que conste ninguno de los documentos que acreditarían que lo hizo para una finalidad pública, empleando para ello un cauce jurídico que excluyó los controles previos que la legislación patrimonial impone, y que tres meses y medio después, sin haber destinado el inmueble a uso alguno, acordó su reventa”.
Flores instaba al Tribunal de Cuentas a investigar la “cuantía” y los “responsables” de la operación, una compraventa en la que “el patrimonio público ha soportado íntegramente los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no ha reportado utilidad alguna, y que tales costes se comprometieron por la vía que impedía conocerlos y fiscalizarlos con anterioridad”.
El abogado destacaba, entre otras cuestiones, que en el momento del anuncio de venta el inmueble no había prestado “servicio alguno”, y pedía conocer datos fundamentales de la operación, como si existió memoria justificativa para tomar la decisión, expedientes de las obras, o si el órgano competente en materia de patrimonio formalizó algún encargo a la sociedad que adquirió la propiedad.
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