La Comunidad de Madrid pagará un millón de euros a 15 residencias privadas por el trabajo que aportaron durante los momentos más tensos de la pandemia del coronavirus en la región. Una decisión de la que se ha hecho eco la Cadena SER y que ha sido adoptada por la Consejería de Sanidad.

El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero indemnizará a estos centros de mayores, a pesar de que algunos de ellos se encuentran bajo investigación, con causas abiertas, por presuntos delitos de homicidio imprudente por el fallecimiento de algunos residentes por Covid-19.

Después de que algunos de los familiares de las casi 6.000 personas mayores que perdieron la vida en las residencias de la Comunidad de Madrid llevaran a los tribunales la gestión de los sanitarios de estos centros, el Gobierno regional ha preferido echar balones fuera y transferir un millón de euros a cambio de evitar males mayores.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso apostó en la primera ola de la pandemia por la "colaboración público-privada", ante la alta presión que se vivía en los centros de mayores públicos de la región. Algo que, año y medio después, ha desembocado en el gasto de un millón de euros a cambio de dichos trabajos. 

Según revela la Cadena SER, Una de esas residencias, Ballesol Mirasierra recibirá una cantidad de casi 269.000 euros, por un total de "3.017 días de estancia", a la par que está siendo investigada por el fallecimiento de una decena de residentes durante el mes de marzo de 2020. Algo que para algunas personas que perdieron a familiares en dicho centro, lo consideran "un insulto".

El medio radiofónico ha ofrecido el testimonio de Alejandra Rodríguez, una de los familiares que perdió a su abuela el 2 de abril de 2020, en un centro de mayores, y que presentó una querella contra la dirección de la residencia: "No llegamos ni a hacer una videoconferencia en un mes. Entonces no sabemos en qué estado estaba, murió sin su familia".

"El problema con la residencia fue la incomunicación y que tampoco pusieron muchas medidas, no había EPIs, no había protocolos de seguridad y lo único que hicieron fue echar a los familiares", ha señalado, poco antes de tildar de "mala gestión", las decisiones tomadas por el Gobierno de Ayuso.

Alejandra Rodríguez considera la indemnización de un millón de euros "un insulto a los familiares" porque cree que "no solo no derivaron a hospitales, estando la clínica privada Ruber enfrente, y ahora indemnizan a las residencias": "Deberían indemnizar a los familiares porque son los que han tenido una gran pérdida".