Laura Borràs ha sido suspendida como diputada por la Mesa del Parlament y en consecuencia ha perdido la presidencia de la cámara de forma provisional, hasta conocerse la sentencia de un juicio por corrupción que todavía no tiene fecha de celebración. Borràs se negó a dimitir y ERC, PSC y CUP le han aplicado el artículo 25.4 del reglamento, desoyendo las amenazas recibidas y la presión a las puertas del Parlament de unos pocos centenares de fieles a la presidenta de Junts que coincidiendo con ella ven traidores por todas partes. Borràs, por su parte, ha señalado a los cinco diputados de la Mesa como “jueces hipócritas” que han actuado de forma sincronizada con el TSJC para “hacer desaparecer a una rival política”.

“Me han querido sentenciar”, aseguró Borràs, que anunció que no desanimará de su inocencia ni de su lucha por la presidencia de la cámara. Esto, pues, su batalla con ERC y CUP, no ha hecho más que empezar. De todas maneras, no solo hay que estar pendientes de la tensión entre los socios independentistas. Lo relevante para el futuro político de Borràs es la comprobación de la determinación de Junts de soportar un largo periodo de interinidad en el que ERC presidirá el Parlament y ellos perderán fuerza en la Mesa que quedará formada por dos diputados de ERC, dos del PSC, uno de la CUP y uno de Junts.

Los apoyos de Borràs

Oficialmente, Junts apoya “sin fisuras” a Borràs, a pesar de haber trascendido que numerosos dirigentes del partido la habían pedido la dimisión a la hasta ahora presidenta del Parlament para dejar vía libre a su substitución en la presidencia por otro diputado o diputada de Junts. Esta es la hipótesis que les sugirió ERC para mantener el equilibrio institucional de su pacto de gobierno. Un pacto de gobierno que a pesar del golpe asestado por los republicanos a la fraternidad independentista para defender la dignidad del Parlament no parece que vaya a romperse. El ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido esta ruptura, pero Torra ni siquiera es militante de Junts y su predicamento está claramente a la baja.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, mantiene formalmente su apoyo a Borràs, sin embargo, ya anunció el pasado fin de semana que la decisión de permanecer o abandonar el gobierno Aragonés dependerá en buena parte de la auditoria sobre la gestión del Consell Executiu que están elaborando y que someterán al refrendo de la militancia. El hecho de que, a los pocos minutos de conocer su suspensión, Borràs declarara abiertas las hostilidades contra todos aquellos (ERC y CUP) que con “premeditación” política y “ligereza” jurídica le han apartado del cargo, podría complicar todavía más el tránsito por el largo periodo de interinidad institucional que se prevé.

A las puertas de las vacaciones parlamentarias, habrá que comprobar la fuerza del fulgor de indignación que empezó a propagar de inmediato Borràs, autoproclamada de facto como la persona más perseguida de Cataluña, pues en su opinión lo es por el Estado español y ahora también por “los cinco diputados con nombre y apellidos” que la descabalgaron de la presidencia, “sin ni siquiera un requerimiento judicial, sin dictamen de la comisión del estatuto del diputado, solo en cumplimiento del reglamento (sic)”. De todas maneras, también habrá que ver el resultado de la persistencia de los sectores de Junts reticentes a seguir haciendo el juego a la presidenta del partido en una batalla de difícil reversibilidad, a pesar de que su abogado, el omnipresente Gonzalo Boye, ha prometido grandes novedades en cuanto se abra el juicio oral.

La presidencia interina de la cámara recaerá en Alba Vergès, de ERC, y su presencia en la dirección de las sesiones en septiembre, en el debate de política general y el de los presupuestos, será un recordatorio permanente de las consecuencias de la negativa de Borràs a presentar la dimisión y podría condicionar el desarrollo de los dos debates más relevantes de la legislatura. A ERC siempre le quedará recabar el apoyo de PSC y Comunes. Los socialistas, que han dado por fracasado el intento de marginación institucional decretado por el independentismo, se vieron reforzados por el barómetro del CEO de julio. Aparecen como vencedores claros de unas eventuales elecciones autonómicas, al mismo tiempo que ofrece el peor resultado de los partidarios de la independencia en muchos años, un 41% frente al 52% de contrarios a la misma.

La suspensión de Borràs se produce a las 24 horas de conocerse los acuerdos inequívocamente autonómicos del diálogo entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. El reforzamiento del bilingüismo con algunas acciones concretas (utilización en el Senado del catalán, pero también de vasco y el gallego si así se aprueba por la cámara Alta) y la voluntad de desjudicialización del Procés han sido ya ridiculizadas por Junts en las redes, haciendo una valoración en las antípodas de la presentada por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.