Las escenificaciones de lealtad entre los socios del gobierno de la Generalitat duran muy poco, aun cuando sus discursos oficiales apelan a la imprescindible unidad ante las desgracias institucionales por las que pasan. La rivalidad electoral entre JxCat y ERC y la desconfianza personal entre sus principales dirigentes se impone fácilmente a los tenues intento de colaboración, entendida en realidad como un férreo marcaje mutuo para negarse ventajas electorales . Las diferencias vienen de lejos y se agravaron con el desenlace de los hechos de octubre de 2017; de todas maneras, esta tensión indisimulable no les impedirá compartir gobierno hasta el último minuto de la legislatura ni tampoco les desanimará a repetir pacto de gobierno si las urnas les conceden la oportunidad. No tienen margen real de maniobra, la resistencia del movimiento independentista pasa por mantener el gobierno autonómico.

Hace unos días, JxCat y ERC pactaron cómo transitar por los próximos meses hasta las elecciones. Un acuerdo para limitar la presidencia en funciones del vicepresidente, el republicano Pere Aragonés, quien se ha visto obligado a asumir una dirección de la interinidad con las manos atadas, más allá de las establecidas por la ley de Presidencia. En el pacto se recogía la voluntad de reforzar el papel de cada departamento, en especial el de Presidencia, dirigido por Meritxell Budó, de JxCat, así como la creación de una comisión paritaria donde consensuar las “decisiones extraordinarias” previsibles durante este periodo.

La presidencia en funciones bajo vigilancia de Aragonés le impedirá ocupar la silla y el despacho de Quim Torra, quien ni siquiera se instaló en el despacho oficial del presidente (reservado a Carles Puigdemont, el legítimo en su lenguaje), deberá renunciar al discurso de Navidad y está por ver si podrá acudir a la reunión de presidentes autonómicos con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para tratar de los planes de recuperación susceptibles de financiarse con el dinero europeo, anunciada por Pedro Sánchez.

La prioridad oficial de este pacto entre los dos partidos es “evidenciar la represión”, el gran objetivo político del independentismo en los últimos tiempos. “Cataluña no tiene presidente”, este es el eslogan de la interinidad, y a partir de ahí nada será fácil de gestionar, salvo la gesticulación de la excepcionalidad. El documento para la gobernación del final de legislatura debía de tener efectos balsámicos en un pacto de gobierno dado formalmente por muerto en enero por Torra, alegando deslealtad por parte de ERC.

“La gestión del virus nos ha reconciliado” le decía Meritxell Budó a Josep Cuní en Ràdio Barcelona cuando éste le comentó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, acababa de anunciar en RAC1 que las elecciones se celebrarían el 14 de febrero. La consejera de Presidencia no atinó a decir otra cosa que admitir que no le parecía normal el anuncio de Torrent, del que ella no tenía constancia previa, ni por lo visto tampoco ninguno de los miembros de la comisión paritaria para consensuar decisiones extraordinarias. De hecho, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, había avanzado un par de día antes que las elecciones serían el 7 de febrero porque el debate sobre la fecha estaba ya muy avanzado.

Roger Torrent se ha convertido en el verso suelto de la mayoría parlamentaria que sustenta el gobierno de coalición, desde el primer día de su mandato como presidente de la cámara. A él le corresponde fijar la fecha de las elecciones en la circunstancia de interinidad de la presidencia de la Generalitat, sin embargo, sus socios no le ahorraron las críticas por el anuncio unilateral, justo antes de iniciar la ronda de contactos con todos los grupos del Parlament para conocer si hay candidatos a la investidura. Ciudadanos ha planteado una “investidura técnica” para acelerar los plazos y convocar algo antes los comicios de febrero, pero nadie le seguirá en esta propuesta y sin los apoyos suficientes Torrent no les hará caso.

El pacto para regular una presidencia en funciones por imperativo legal, que debía ser una muestra de la reconciliación alcanzada en la gestión de los efectos del Covid-19, una reconciliación muy sui generis dado que olvida los intentos del ex presidente Torra para cesar a la consejera de Salut, la republicana Alba Vergès, en plena crisis, quedó en nada antes de que Torrent fijara el día de los enamorados para la celebración de los comicios. Casi paralelamente a la firma del acuerdo de los límites complementarios autoimpuestos de la provisionalidad institucional, JxCat lanzó la idea de convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito.

En realidad, un plebiscito del plebiscito del 1-O. Según esta teoría, ahora sería el momento de reafirmarse en el mandato que el independentismo asume de aquel referéndum prohibido: avanzar hacia la república catalana. Durante la presidencia de Torra no se ha progresado un milímetro, pero en la perspectiva de una victoria electoral de ERC, sus adversario de JxCat creen que no es momento de luchas ideológicas que empeoren todavía más las relaciones internas del movimiento sino de repetir jugada maestra, como sucedió en 2015, cuando los republicanos no supieron resistir las presiones y aceptaron participar de la candidatura de Junts pel Si, impulsada por el entonces presidente Artur Mas y por Jordi Sánchez, en aquellos momentos presidente de la ANC.

ERC no tardó ni un minuto en alejarse de la nueva trampa plebiscitaria planteada por Torra y Puigdemont. Los republicanos están dispuestos a enfrentarse a las urnas para dilucidar quien manda en el movimiento independentista. Febrero les puede caer lejos de confirmarse la recuperación en los sondeos de JxCat (algo mitigada últimamente), pero deben confiar en que la reaparición física de Oriol Junqueras en la actividad política (prevista para enero), y por tanto disponible en la campaña electoral, compensará el desgaste actual. La presencia diaria de Junqueras les permitirá también acallar el runrún interno, en el que algunas voces de dirigentes veteranos muestran cierta inquietud por cómo llevan el partido los jerquis, el grupo liderado por Aragonés proveniente de las JERC, las juventudes de ERC.

El plebiscito del plebiscito responde al estado de ánimo de los seguidores de Puigdemont, muy diferente al expresado por la mayoría de catalanes, incluidos los votantes de ERC, en el último estudio del CEO. El 56,6% de los catalanes creen que la prioridad del gobierno catalán debe ser la gestión de las competencias autonómicas, mientras que el 39,9% mantiene que debe concentrarse en el conflicto con el Estado, aunque un 58,5% cree que sus dirigentes no saben cómo hacerlo. Los votantes de JxCat reaccionan al revés de estas mayorías, coincidiendo plenamente con las posiciones de Torra y Puigdemont, y en parte también con las consignas de los participantes de las últimas noches de enfrentamientos con la policía en Barcelona.