De nuevo malas noticias para la compañía de Cobre San Rafael, participada por la multinacional Atalaya. A los informes técnicos contrarios al diseño actual de la reactivación de la explotación de cobre en el municipio coruñés de Touro, se suma un dictamen sobre las incidencias en los valores del Camino de Santiago, Camino francés, del ICOMOS, órgano asesor de la UNESCO.
Entre sus conclusiones destacan, que si bien el estudio presentado por Atalaya dice que “el proyecto minero no afecta de forma directa al Camino de Santiago ni a su ámbito de respeto”, no se ha considerado la protección de ramal histórico del Camino de Santiago de ese tramo. Al tiempo que ha añadido que “la protección del camino histórico es del todo necesaria por su estrecha relación con el trazado principal de Camino de Santiago, del que es subsidiario. Su entorno y su trazado se ven afectados directamente por el proyecto, al quedar sepultado por una escombrera de grandes dimensiones".
Asimismo, ha pormenorizado que “también perjudicaría a dos túmulos catalogados, por lo que de realizarse se produciría la destrucción de dichos bienes culturales y de su entorno". Este hecho, ha categorizado el ICOMOS, se considera “ expolio y está prohibido por la Constitución española y por la normativa sobre patrimonio histórico desarrollada, tanto en la legislación estatal como en la autonómica “.
Vulneración de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia
Al mismo tiempo, desde la Plataforma contra la mina de Touro, han recordado que “en lo que compete a la Xunta de Galicia, la Ley de Patrimonio Cultural es clara al establecer un régimen específico de protección de los Caminos de Santiago, e indica que la obras y actividades en el ámbito delimitado deben ser compatibles con la conservación y con la protección de sus valores propios. Como criterio general, deben mantener las características principales del territorio que conforman, lo que supone el mantenimiento preferente de los núcleos tradiciones, junto a las actividades agropecuarias y forestales".
De hecho, han añadido, “ la Guía de Buenas Prácticas para las Actuaciones en los Caminos de la Xunta de Galicia, recoge de forma genérica que no se permitirán nuevas canteras a cielo abierto ni escombreras en el territorio histórico, así como en la zona de amortiguamiento". En definitiva, han concluido, que además de “usurpar el valor eminentemente agrícola y ganadero de estas tierras, la explotación minera también supondría una grave pérdida económica por la incidencia que tendría en el Camino Francés, donde el impacto de la ruta jacobea es cada vez mayor, tanto por los ingresos que supone el aumento anual de peregrinos que siguen esta vía, como por el incremento de afiliaciones a la Seguridad Social, vinculadas directamente al auge de las actividades relacionadas con el turismo".
A pesar de que la Xunta de Galicia asumió la inviabilidad del proyecto “tal y como estaba presentado", tras el rotundo rechazo manifestado por la ciudadanía y los numerosos informes contrarios. A día de hoy, por parte de la Administración autonómica, se “siguen analizando informes, ya que la decisión no está tomada".
Mientras en un comunicado reciente, la transnacional que promueve la polémica reapertura, ha afirmado que "los planes de crecimiento mediante la ampliación de la mina de Touro avanzan por buen camino y con paso firme", al tiempo que han reconocido que la Xunta le ha pedido nueva documentación.
