El Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Íñigo Urkullu, ha anunciado que fomentará la semilibertad de los presos de ETA sin distinciones, la justicia restaurativa y la reinserción sin cambiar sin cambiar la legislación. Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, así como PP y Vox no ven con buenos ojos este modelo, que acusan de estar hecho “a medida de ETA”.
El 2021 ha estado marcado en esta materia por el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, una medida que desde la derecha y extrema derecha han afeado hasta la saciedad, obviando que también bajo gobiernos populares se trasladaron presos. Como resultado de esta medida, reclamada por buena parte del parlamento vasco y de las formaciones del País Vasco desde que la banda armada anunciase su fin, ha promovido que algo menos de la mitad del total de presos etarras cumplan condena ya en cárceles vascas.
En total, y según recoge la Sare, plataforma de apoyo a estos presos, 185 presos cumplen condena en cárceles del territorio. En concreto, 79 lo hacen en cárceles vascas; 12 en Navarra, 84 en prisiones en la mitad norte de España y otros 10 están en tercer grado.
Obedeciendo a los porcentajes recogido por el diario El País, el pasado año se acercaron 143 presos, lo que equivale a casi un 50% de los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en su llegada a Moncloa, en 2018. Sin embargo, la petición viene dada, tal y como se ha indicado unas líneas más arriba, desde hace un tiempo, y no ha sido planteada por Bildu como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En 2022 se mantendrá el acercamiento de presos de manera coordinada entre el Ministerio de Interior y las autoridades vascas. Asimismo, el Ejecutivo regional discrepa de algunas asociaciones de víctimas que introducen entre sus requisitos el arrepentimiento de la persona en cuestión para su traslado.
