"El caso no está cerrado y no se va a cerrar, porque quedan muchas cosas que subsanar". Así de claro se ha mostrado esta semana el director general de Movilidad y Transporte de la Unión Europea, Kristian Schmidt, durante su reunión en Bruselas con intregrantes de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155.

Los afectados han vuelto allí, acompañados por la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, para seguir recabando apoyos que permitan repetir la única investigación técnica que se ha realizado sobre lo ocurrido por parte del Ministerio de Fomento y que ya fue invalidada por la Agencia Ferroviaria Europea hace seis años. 

El director general de Movilidad y Transporte Europeo ha trasladado a los afectados que se enviará una carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez reclamándole que atienda su demanda y les ha avanzado que el próximo mes de agosto España, por su parte, trasladará a la Unión los cambios que se han realizado a nivel de legislación, seguridad y análisis de riesgos, entre otros aspectos. "A finales de año, visitarán nuestro país, para auditar si realmente se han ejecutado", precisa a ELPLURAL Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma. Cabe recordar que en 2019 la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción, aún vigente, por los "incumplimientos" en materia de seguridad ferroviaria.

En lo que respecta al juicio, que arrancará en octubre de este año y está previsto que se prolongue durante, al menos, nueve meses, Shmidt ha indicado a las víctimas que "no tendrá inconveniente en autorizar a los miembros de la Agencia Europea Ferroviaria para que asistan a declarar al juzgado en caso de que les llamen".

Falta de independencia 

Las víctimas de aquel trágico suceso, del que el próximo 24 de julio se cumplen 9 años, llevan largo tiempo denunciando la falta de independencia de la investigación que se llevó a cabo. 

Hace pocas semanas dieron un paso más en su lucha  presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que se revise la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, al que solicitaron que se renueven los integrantes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y se lleve a cabo una nueva investigación.

El tribunal les dio la razón parcialmente e instó a la comisión a reunirse para analizar y dar respuesta a su solicitud, pero no dilucidó si la trayectoria profesional de los miembros de la anterior CIAF les permitía gozar de independencia. 

La lucha de los afectados, que siempre han defendido que el el fallo humano no fue la única causa del accidente de Alta Velocidad, sino la consecuencia de un “comportamiento negligente” de Adif, Renfe y Fomento, ha permitido "desmontar la verdad oficial", pero a base de pelea y recursos en los tribunales. 

Se sienten ninguneados por "todos los gobiernos", pero eso no es les hace apartar su vista de su propósito: que se haga justicia y se analice bien lo ocurrido para poder tomar medidas y que algo así "nunca vuelva a suceder".