Mientras Pablo Casado ha cambiado su discurso y de la ganadería ha pasado a la remolacha en el marco de las elecciones de Castilla y León, en Galicia, Ecoloxistas en Acción ha hecho públicas lo que denomina “denuncias de los vecinos de Breixa, Silleda” debido al funcionamiento de una macrogranja porcina que “debe estar en marcha desde finales del año pasado”.

Tal y como señala Cristóbal López, portavoz de la organización a ELPLURAL.COM, son numerosas las quejas que ha provocado estas instalaciones en la que se cría a alrededor de 2.000 ejemplares de cerdos y que, según dice, se encuentran “muy próximas a las casas de estos vecinos”.

Como reconoce López, la macrogranja se sitúa a escasos 500 metros de estas viviendas y la Xunta de Galicia le concedió la autorización pertinente para poder abrir sus puertas y operar. Incluso, la Consellería de Medio Rural le llegó a otorgar una subvención pública por un valor que supera los 100.000 euros.

Sin embargo, a pesar de que “parecería que cumple con toda la legalidad vigente”, a la planta le falta un trámite importante. “Debería estar inscrita en el registro de empresas contaminantes”, afirma Cristóbal López. Este trámite es fundamental y obligatorio para la macrogranja “debido a sus dimensiones”. Sobre esto reconoce que desde el departamento en el que debe estar registrada la planta “te pueden decir que 'estamos en ello', pero en realidad deberían haberlo estado antes”, en referencia a que este proceso tendría que estar cumplimentado antes de su apertura.

El portavoz de Ecoloxistas explica a este medio que “los vecinos nos llaman porque los olores y los ruidos son insoportables”.

Precisamente, con rotundidad asegura que “nos encontramos ante un problema grave de salud pública, no de cuatro ecologistas, y como no se entienda de esta manera acabaremos enfrentándonos a una situación mucho más grave”.

En Galicia, en el rural, la dispersión de la población entre otros factores, es una buena aliada para instalaciones de estas características, porque el suelo industrial se entremezcla con el residencial y “esto es un gran inconveniente”, dice López.

Inscripción empresas contaminantes

A su juicio, de esa especie de vacío legal o difícilmente controlable surgen situaciones como ésta, en las que si bien por ley, este tipo de industrias, “tendría que estar inscrita en el registro de empresas contaminantes”, en realidad se desconoce si lo está porque “no sabemos exactamente cómo están declaradas las zonas”. La conclusión es que “es un guirigay que hace que no sea fácil denunciar”, añade el dirigente ecologista.

El pasado año, Ecoloxistas en Acción elaboró un estudio sobre los lugares en los que se ponían en marcha macrogranjas como la de la localidad pontevedresa de Silleda. La principal conclusión del mismo es que, en contra de lo que se asevera por parte de sus promotores, estas plantas no fijan población, al contrario, “los pueblos donde se asientan pierden habitantes porque, al fin y al cabo, suponen una competencia desleal con los ganadores de la extensiva”, agrega Cristóbal López.

En contra de lo que se dice por parte del lobby de la intensiva y, en los últimos meses, por parte de la cúpula del Partido Popular, los ganaderos autóctonos “no contaminan porque los purines está en una gran extensión”, lo que posibilita su absorción por la tierra. Las macrogranjas, sin embargo, “echan la mierda la río y contaminan todos los acuíferos. Una necesita gente para trabajar y la otra la mueven cuatro personas. Las macrogranjas destruyen puestos de trabajo y generan mala calidad para vivir”.

Ante esta situación, Ecoloxistas en Acción insta a la Xunta de Galicia que tenga presente “el desastre ambiental que sufriendo la baja Limia por la incesante concesiones de autorización” para la puesta en marcha de este tipo de industrias.

Si hay casas cerca “no debería haber” infraestructuras así, señala el portavoz naturalista a ELPLURAL.COM, de ahí que desde la organización se pida una moratoria urgente e inmediata que frene estas macrogranjas.