No ha empezado bien la semana para la Xunta de Galicia. Si ayer el presidente regional, Alfonso Rueda, era plantado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la ronda de contactos que, según el Gobierno autonómico, llevará al máximo responsable de la política gallega durante siete días para celebrar encuentros con los alcaldes de las siete ciudades más pobladas (acompañado siempre por el delegado de la Xunta en la provincia de la que se trate), hoy ha recibido un varapalo en forma de definición a la última medida anunciada a bombo y platillo tanto por su partido como por la Consellería de Sanidade.

El sábado, la secretaria general de los 'populares' gallegos, Paula Prado, ponía en valor lo que denominaba “medidas pioneras” puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico “para parliar la falta de médicos”. Junto a ella estaba el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Prado, en un acto de partido, destacó como una de esas decisiones destacadas la “asignación de 106 prazas de facultativo especialista en Atención Primaria mediante concurso de méritos”. Como es habitual en cualquier acto del PP, ese tipo de acciones se contraponen a la “inacción del Gobierno central”, al tiempo que reclamó que Moncloa “esté con Galicia, con la sanidad pública gallega y ponga en marcha las medidas necesarias para que podamos tener más médicos”.

Precisamente, Comesaña subrayó que la convocatoria se resolvió en “tiempo récord de cinco meses”, período en el que 40 profesionales “podrán incorporarse este mes con una plaza fija a los centros de salud”, en este caso de la provincia de Pontevedra, que se completará en el caso de toda Galicia hasta las 106.

Cabe subrayar que la elección de la capital de las Rías Baixas para hacer este anuncio y 'presumir' de medidas para paliar las carencias de la sanidad no es al azar puesto que es la provincia gallega que se ha convertido en punta de lanza de las consecuencias de los recortes denunciados desde diferentes sectores.

Los 'populares', como en los tiempos no tan lejanos de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, volvieron a referirse a esta medida como “pionera en toda España”, en referencia a la llamada Ley de Medidas Extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura. Según las palabras utilizadas hoy mismo por el propio Comesaña en el Parlamento autonómico, se trata de una de “las reformas normativas de mayor calado que ha dado en el ámbito de la Atención Primaria” a nivel estatal.

Sin embargo, las buenas palabras y las auto alabanzas de los representantes del PP y del conselleiro de Sanidade contrastan con el balance que también este martes han realizado representantes de colectivos de usuarios y de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública.

En un breve comunicado, esta última plataforma es contundente a la hora de calificar el anuncio de la creación de 106 nuevas plazas para cubrir puestos de personal médico en particular en lugares de difícil cobertura. Hablan del anuncio de “una ocurrencia como proyecto piloto pionero e inédito”, algo que para la Asociación lleva a la administración gallega a “caer nuevamente en el ridículo en su afán de hacer creer que planifica grandes y novedosas medidas”.

"Adjudicarlas a dedo"

Apoyan los integrantes de este colectivo su afirmación en que “la mayor parte” de esas “nuevas plazas, no son tal”, puesto que ya están cubiertas por personal provisional. En Pontevedra, lugar del mitin donde se hizo dieron más detalles del anuncio, “solo 6 de las 40 son de nueva creacion”, a lo que añaden el hecho de que tampoco están en lugares de difícil cobertura, como O Grove, o Sanxenxo.

Otra de las acusaciones es muy grave puesto que señalan los defensores de la sanidad pública que el método utilizado para cubrir esas plazas supone “usar el viejo recurso de adjudicarlas a dedo”.

Aunque hoy ha hablado en el Parlamento regional, fue el sábado cuando hicieron público el anuncio de la medida en un mitin al que solo estaban invitados cargos y alcaldes del PP, cuando las administraciones públicas “no deberían a atenerse a criterios partidistas”.

La Asociación considera que lo presentado no soluciona, ni mucho menos, el problema e insta al PP y a la Xunta a aplicar “medidas serias y planificadas”.