En un mometo como el actual, con una escalada casi insoportable del precio de los carburantes, una de las alternativas tendría que llegar a través de las energías verdes. En ellas se apostó hace unos año, durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la llegada del PP a la Moncloa paralizó unas políticas que, sin embargo, sí apoyaron en otros países europeos. Mientras, bajo la, para muchos, excusa de la crisis, el Ejecutivo con Mariano Rajoy al frente optó por lo contrario es decir, la desincentivar las renovables e, incluso, articular el denominado 'impuesto al sol'.
Ahora parece volver a elegir la alternativa de las energías menos o no contaminantes. No obstante, en el caso de Galicia, con la eólica parece que fallan las 'formas' a tenor de las opiniones en contra por parte de numerosas colectivos ecologistas.
Sin ir más lejos, hoy mismo, más de 175 entidades de toda la comunidad autónoma enmarcados en la coordinadora 'Eólica Así Non', han presentado la protesta en forma de concentración que llevarán a cabo el próximo miércoles, 23 de marzo.
Según han explicado este martes, dicho acto lo realizarán delante del Parlamento de Galicia y de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo). Su objetivo es denunciar el “recorte de derechos democráticos, promovido por el Gobierno de la Xunta”.
Se refieren los convocantes lo que a su juicio es la manga ancha del ejecutivo que todavía preside Alberto Núñez Feijóo para “facilitar la autorización de proyectos eólicos” y, por ende, “favorecer a las eléctricas”.
Como han indicado hoy, bajo el grito de “¡No nos vamos a callar! (non imos calar)” colectivos naturalistas, ecologistas, sociales o vecinales, entre otros, persiguen con esta concentración “denunciar las trabas y dificultades a las que nos estamos viendo sometidos por parte de las administraciones públicas para acceder a la información relativa a los expedientes” relacionados con los proyectos eólicos.
Tal y como han asegurado, con esta forma de actuar, son muchas las dificultades para alegar o recurrir en los registros públicos dichos planes.
Esta “mala praxis administrativa” es la que obliga a los denunciantes a pedir el amparo de la Valedora do Pobo, de ahí que también la incluyan en la protesta. En la presentación de hoy han acusado al presidente gallego de “abusar” de su mayoría absoluta para “promover reformas legales que son auténticos golpes de estado”, contra los derechos de la ciudadanía a la información pública.
Se refieren los convocantes a lo que llaman “leyes de depredación” y que no son otras que la Ley de fomento para la implantación de iniciativas empresariales, correspondiente a 2017, y la de Simplificación Administrativa, aprobada el pasado año. Según han dicho en la presentación, la sociedad gallega “está sufriendo más que nunca” ambas normativas. “Fueron concebidas por el Gobierno del PP para eliminar garantías ambientales, facilitar la expropiación de tierras, privatizar los recusos públicos y poner obstáculos a la contestación social”, han añadido.
Curiosamente, y así lo han recordado este martes, la justicia ha dado la razón a estos colectivos. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consideró contrario a derecho “el recorte de plazos de consulta pública impulsado por la Xunta de Feijóo para alegar a los estudios de impacto ambiental”.
Del mismo modo, también han añadido en solo dos años, hasta tres de esos proyectos eólicos han sido anulados por los tribunales tras ser aprobados por la Xunta.
A través de la protesta convocada para el próximo día 23, la coordinadora quiere poner freno a derecho que se ha arrogado el Gobierno regional de “aprobar proyectos fuera de las áreas de desenvolvimiento eólico (ADE)”, a lo que se suma el hecho de que se salta la “supuesta moratoria eólica que teóricamente está vigente desde principios de este año”.
Al margen de esta concentración, las entidades ecologistas y vecinales van a ir más allá con este asunto, anunciando que llevarán el asunto ante la Comisión Europea en la que denunciarán a la administración gallega por la “vulneración de las directivas comunitaria relativas al derecho de información y participación pública en materia de medio ambiente”.
