Hace ahora poco más de un año el Gobierno de la Xunta de Galicia impulsó la nueva normativa de ordenación y gestión integrada del litoral. En abril de este año fue aprobada y en julio la Ley 4/2023 vio la luz ante numerosas voces en contra, como las de diferentes organizaciones ecologistas y el propio Gobierno central.

Muchos observan esta normativa que ya provocó importantes encontronazos entre Moncloa y Alberto Núñez Feijóo cuando este todavía no había dado el salto a Madrid, entre otras muchas cosas parece preparada para proteger a determinadas industrias, siendo la más conocida la fábrica que la empresa Ence tiene en la ría de Pontevedra. Curiosamente, el Tribunal Supremo se pronunció hace algunos meses, no sin polémica, a favor de la prórroga concedida por el último Gobierno de Mariano Rajoy para que esta factoría pudiera mantenerse en esta zona de la capital de las Rías Baixas más allá del tiempo establecido inicialmente.

Hoy, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido contundente al explicar la decisión del Ejecutivo de llevar la citada Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia al Tribunal Constitucional. Según explicó porque “invade competencias estatales” y, además, incorpora “de manera unilateral el mar” al territorio y competencia de la comunidad autónoma.

Cabe recordar que, además de subrayar la importancia del recurso por su trascendencia, la posibilidad de plantearlo finalizaba el próximo 13 de octubre.

Rodríguez subrayó en su comparecencia ante los medios que se da este paso porque está "avalado" por el Consejo de Estado. "Es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma", ha subrayado, para después añadir que el objeto es "declarar inconstitucional todos estos artículos, en su mayoría, con el aval del Consejo de Estado".

La portavoz del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez arremetió con dureza contra la Xunta al indicar que es “una obligación” del Gobierno "velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia", y ha añadido que el dictamen del Consejo de Estado fue emitido el pasado 21 de septiembre.

En relación con los distintos argumentos jurídicos, la portavoz del Gobierno ha puesto de relieve que la ley gallega, "y no existe ninguna duda" en torno a ello en el dictamen del Consejo de Estado, "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre" "Hay reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto", ha recalcado.

Cinco ejes fundamentales

En un comunicado de prensa, se asegura que “la norma autonómica”, a través de su articulado, “altera” y “quebranta el dominio público marítimo terrestre del Estado”. Del mismo modo, para Moncloa la Ley reduce “indebidamente el nivel de protección del litoral”, al tiempo que atribuye a la Xunta “competencias no previstas en su propio Estatuto de Autonomía”.

En total, el Gobierno central justifica su recurso ante el Tribunal Constitucional en base a cinco motivos. Uno el citado de la ausencia de competencia sobre el litoral por parte de la administración autonómica; a él se añade la posible vulneración del régimen de protección ambiental que la legislación estatal de costas establece sobre los terrenos contiguos al dominio público marítimo terrestre.

Asimismo, la normativa considera “el mar territorial, que de acuerdo con la Constitución forma parte del dominio público marítimo terrestre de titularidad estatal, como parte del litoral y en consecuencia del territorio de la Comunidad Autónoma”, a lo que se añade otra atribución: la de dar “a órganos de la Comunidad Autónoma potestades sobre la gestión de la utilización del dominio público marítimo terrestre cuando esta competencia no está recogida en su Estatuto”.

Finalmente, la Ley 4/2023 afecta “a otras competencias estatales exclusivas, singularmente la pesca marítima en aguas exteriores”.

Estos cinco ejes fundamentales que serían susceptibles de inconstitucionalidad tienen un resumen, según el Gobierno, y es que la normativa gallega se apropia “de la competencia exclusiva del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre”.

Esto va en contra de la Constitución (artículo 132.2) que señala que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos de la zona económica y la plataforma continental. Sobre esto ya se pronunció el TC en ocasiones anteriores.

Hoy, la portavoz del Ejecutivo resaltó que la norma "incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma de Galicia", recordando que las comunidades autónomas “pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir a menos.

A modo de conclusión, Isabel Rodríguez agregó que algunas regional que asumieron la gestión de competencias en esta materia, han podido hacerlo porque así lo establecen sus estatutos de autonomía. “No es el caso de Galicia, que no ha reformado su Estatuto y, por tanto, no puede asumir esas competencias o funciones que no están previstas en su norma básica", afirmó.