Las familias de los 21 fallecidos en el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', hundido a mediados de febrero pasado a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), se reunirán con las autoridades del centro de salvamento de Halifax de Canadá, el cual ayudó en las operaciones de rescate en los días posteriores a la tragedia. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en Galicia.

Este organismo explicó en la tarde de ayer que una representación de estos familiares celebrarán dicho encuentro en "próximas fechas". La confirmación llega después de la solicitud que realizaron hace semanas y que ahora se confirma. La reunión será por videoconferencia.

"A falta de fijar la fecha definitiva, la celebración de la reunión telemática está cerrada tras las gestiones realizadas entre el Gobierno de España y el de Canadá, después de haber sido trasladada esta petición de las familias por parte del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones", ha informado la la Delegación.

Por su parte, la portavoz de las familias, María José de Pazos, ha subrayado la importancia de que se "dote de contenido" el encuentro y se permita enviar por adelantado una serie de preguntas a las autoridades canadienses para que puedan responderlas el día acordado.

También ha solicitado que se consensúe una fecha, por el "temor" a que se marque un día y muchos familiares no puedan asistir, como ocurrió en otras ocasiones.

Al margen de lo anterior, también ayer estos representantes mantuvieron una reunión con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y con el portavoz del PP local, Alfonso Marnotes.

Según señalaron las familias, el regidor les garantizó su apoyo a la moción que se llevará al pleno que tendrá lugar el próximo miércoles en el Ayuntamiento vigués y en la que se insta al Gobierno a bajar al pecio en búsqueda de pruebas que puedan ayudar a saber qué pasó en la madrugada del 15 de febrero.

Cabe recordar que los familiares de los 21 fallecidos anunciaron la elevación a la Audiencia Nacional y al Juzgado de Marín de un escrito en el que reclamaban medidas cautelares contra el patrón de la embarcación con el objetivo de que no vuelva a faenar.

En aquel momento, De Pazo justificó la solicitud por los "persistentes rumores" que apuntaban a que el patrón pronto podría volver a embarcarse en otro barco de la misma compañía. Precisamente, entre esas medidas también se contabilizaba la retirada del pasaporte.