La pasada semana la Xunta de Galicia procedió al cierre de la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro, debido al resultado de la visita realizada por la inspección de Trabajo. Lo que vio esa inspección era de tal gravedad que, no solo la administración autonómica procedió a su clausura, sino que ahora la Fiscalía va a iniciar las correspondientes diligencias preprocesales civiles para lo que ha recabado los informes de inspección.
Desde la Fiscalía se ha explicado que se lleva a cabo este paso con el objetivo de “valorar la situación de las personas mayores y, en función del resultado, si la responsabilidad es penal o administrativa". Ayer mismo el medio Faro de Vigo adelantó la decisión de investigar de este órgano judicial.
Sin embargo, el caso de esta vivienda comunitaria salpica al Gobierno que preside Alfonso Rueda. En este sentido, desde el Bloque Nacionalista Galego, a través de su portavoz en materia de Política Social, Olalla Rodil, consideran “inadmisible” lo sucedido en unas instalaciones que han sido cerradas después de que una inspección de trabajo a la que se llegó después de una denuncia laboral, permitió destapar las condiciones de los mayores que en ellas se encontraban, en total seis personas usuarias que estaban malnutridas y deshidratadas.
Ante esto, los nacionalistas piden explicaciones a Rueda por este caso al tiempo que se preguntan “cuántos Amoeiros más hay en Galicia”.
Rodil adelantó que la líder de su formación, Ana Pontón, cuestionará al presidente gallego acerca de por qué su equipo, la Consellería correspondiente, no fue capaz de detectar lo que estaba ocurriendo.
La Xunta no queda en buen lugar puesto que en palabras de la portavoz del BNG en materia de Política Social, la administración autonómica “ya había recibido denuncias con anterioridad”, de ahí que se haya preguntado “¿por qué no se actuó hasta que fue allí una inspección de Trabajo?”.
Cabe recordar que el Partido Popular, sirviéndose del rodillo que le otorga la mayoría absoluta con la que gobierna, vetó una comparencencia de Fabiola García, conselleira de Política Social, a petición de los nacionalistas. A raíz de esto tal y como explicaron desde el Bloque se interpela al propio presidente para que responda a esta cuestión y también a la relativa a la situación en la que se encuentran los servicios de atención a las personas mayores y dependientes.
Modelo público frente al privado-concertado
En relación con esto, Olalla Rodil recordó que su partido “lleva muchos años denunciando las consecuencias del grado de privatización de las residencias de mayores”, no en vano 8 de cada diez plazas, según sus datos, son privadas. A esto se suma la falta de personal, o “la opacidad de la Xunta con las irregularidades detectadas por los servicios de inspección”.
Sobre esto, denunció la diputada autonómica que “hasta los propios inspectores denunciaron que se filtraban por parte de la Xunta días y horas de inspecciones a algunos centros”. Curiosamente, esta denuncia hizo que el Gobierno gallego del PP “abiera un procedimiento contra los propios inspectores en lugar de investigar los hechos”, concluyó.
Se da la circunstancia de que esta polémica por el episodio grave vivido en la vivienda comunitaria de Amoeiro, choca con la valoración realizada por la Asociación Galega en Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade, ASGADeD, del modelo por el que apuestan tanto la Diputación de Lugo como la de A Coruña, ambas con presidente progresista.
Así lo hicieron público en un comunicado en el que elogiaron el modelo “público, próximo, sostenible y centrado en las personas”, ya puesto en marcha en Lugo y al que se sumará el órgano provincial coruñés en la inversión que realizará en las 3 nuevas residencias cuya construcción comenzará en el primer semestre del próximo año.
ASGADeD contrapone este modelo con el de “gestión privada o concertada” que promueve la Xunta como “elementos centrales de su estrategia de centros residenciales”.
