La organización Ecoloxistas en Acción acaba de hacer pública la presentación de una grave denuncia penal contra varios altos cargos de la Xunta de Galicia, con la concesión minera San Juan, situada en el concello ourensano de A Gudiña en el centro de la polémica que llega ahora a los tribunales.

El motivo de la denuncia es por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y contra el medio ambiente tras el anuncio, la semana pasada, de "una prórroga ilegal de 30 años" a la citada explotación. 

Según explica la ong, los denunciados por sus "actuaciones" en este procedimiento son Pablo Fernández, director general de Planificación Energética y Minas de la Consellería de Economía e Industria, y María José Echevarría, directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, también extiende la acusación a Roberto García Martínez, administrador de Eurobattery Minerals y de su filial local Tungsten San Juan S.L.

Ecoloxistas ha aprovechado la presentación de estas denuncias para recordaro que, ya en la actualidad, "pesan sobre este proyecto minero dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia y del Tribunal Supremo". En esta resoluciones, precisamente, se fija que "cualquier prórroga debía someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental". Incluso, por su proximidad a la vecina Portugal (a apenas dos kilómetros de distancia), sería necesaria una evaluación de impactos transfronterizos, un trámite obligatorio. 

Desde la entidad nacionalista como el Movimento Uivo, que también ha denunciado el proyecto ante las autoridades lusas, advierten de que el visto bueno al funcionamiento de al explotaicón provocaría "impactos severos sobre el río Rabaçal, al que se prevé verter aguas con altas concentraciones de metales pesados sin ningún tipo de tratamiento". Se da la circunstancia de que la mina se encuentra próxima al Parque Natural de Montesinho, espacio de la Red Natura 2000 integrado en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica que "se vería directamente afectado", recuerdan, además de estar situada a solo 1.000 metros de la ZEC Pena Maseira, también enmarcada en Red Natura.

Ante estos hechos que además afectan a dos países, al margen de las acciones judiciales en Galicia, los afectados han reclamado la intervención de las autoridades portuguesas y europeas para que estas, a su vez, insten a la paralización inmediata de las actividades de la empresa sueca mientras no se realicen las preceptivas evaluaciones de impacto ambiental y de impactos transfronterizos.

Conexión con otra mina polémica

Es preciso recordar que este proyecto de San Juan recibió el visto bueno de la Xunta de Galicia hace una década. Los estudios realizados apuntaban a que se explotarían alrededor de "50.000 toneladas de material en 5 cortas a cielo abierto durante 10 años empleando a 11 trabajadores". Curiosamente, el mineral extraído sería trasladado a la mina de San Finx, en la localidad coruñesa de Lousame, un recinto que también está rodeado de controversia y que no cuenta con el beneplácito de organizaciones ecologistas y vecinales. Sin embargo, el proyecto de San Juan no llegó a ejecutarse y la Declaración de Impacto Ambiental caducó a los 4 años.

Según revela Ecoloxistas, la "empresa nominalmente sueca, que ha iniciado en las últimas semanas grandes movimientos de tierra, ya tiene antecedentes de malas prácticas en territorio gallego". Se refiere a lo ocurrido en 2020 cuando trató de poner en marcha otra mina a cielo abierto de níquel entre Santa Comba y Coristanco, "siendo expedientada por realizar sondeos ilegales sin contar con ningún tipo de autorización".

Una de las maniobras más utilizadas para tratar de 'hacer más fáciles' determinados trámites, es la declaración de un proyecto como estratético. Dicen desde Ecoloxistas en Acción Galicia que esta es la intención de Eurobattery, a través de la convocatoria de la Comisión Europea de proyectos estratégicos europeos que cierra en enero de 2026. "Esta maniobra podría suponer plazos acelerados para conseguir autorizaciones y pasar por encima de la legislación en materia de aguas y espacios protegidos", confirma la entidad. No obstante, los precedentes tampoco parecen jugar a favor de la compañía nórdica que "ya fracasó este año con la candidatura de otro proyecto minero en Finlandia".

En palabras de Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas, "no permitiremos que una mina totalmente ilegal utilice la artimaña de los proyectos estratégicos europeos para operar al margen de las obligaciones que establece la legislación europea y convenios internacionales”, algo que están tratando de parar a través de contactos con eurodiputados. Desde la vecina Portugal, el movimiento Uivo, su portavoz Sara Riso considera "incomprensible que las autoridades españolas nunca informaran a las portuguesas de este proyecto, a pesar de que afectará de forma obvia a las aldeas portuguesas situadas aguas abajo, así como a varios espacios naturales de alto valor”.

Ahora son los tribunales los que, como en casos anteriores, deberán marcar el camino a seguir.