Denuncian la connivencia del PP con Ence a propósito de la 'celulosa' de Pontevedra

La planta de fabricación de pasta de papel que Ence tiene en Pontevedra, donde desde siempre se ha conocido como 'la celulosa', está muy arraigada a la ría a la que da nombre la capital provincial.

Desde que se construyó hace décadas, no ha dejado de generar noticias, incluso en aquellas épocas en las que el régimen franquista dominaba todo, incluida la prensa, con mano de hierro.

Nadie podía salirse del guion hasta que la democracia se consolidó y la justicia hizo caso a quienes denunciaban la contaminación de la ría pontevedresa, con condenas por ese motivo.

Los años han pasado y Ence, antes pública, siempre ha tenido un apoyo que ha ido más allá de las simples palabras. Un respaldo poderoso, político y con tentáculos en todos los ámbitos de la vida cotidiana: el del Partido Popular.

Nunca lo ha disimulado y el ejemplo más claro se encuentra en la prórroga concedida casi contrarreloj por un pontevedrés, Mariano Rajoy, cuando era presidente del Gobierno. Esta decisión se valió ser considerado persona non grata en su propia ciudad.

Esa prórroga ha vivido diferentes fases ante la justicia y cuando parecía que presencia de 'la celulosa' en Pontevedra llegaba a su fin, el Tribunal Supremo, de forma sorprendente para algunos juristas, decidió otorgar legalidad a la prolongación de la presencia de la planta, revocando la decisión anterior de la Audiencia Nacional. El asunto, desde la perspectiva judicial, no está cerrado del todo porque algunas entidades han decidido seguir adelante en otras instancias jurídicas.

Uno de los colectivos más beligerantes y que más ha peleado y se ha opuesto a la presencia de Ence en la ría de Pontevedra es la Asociación pola Defensa da Ría, APDR. Con su experiencia en esta lucha ha tomado parte muy activa en la lucha vecinal y social contra la instalación de la macrocelulosa en el concello lucense de Palas de Rei por parte de la multinacional portuguesa Altri.

Siempre se ha hablado de la estrecha conexión del PP con Ence y APDR, hace unos años, preparó un informe en el que, con nombres y apellidos, trataba de demostrar que esa relación ha sido siempre más que de amistad.

El último de los ejemplos sobre esto se acaba de producir. Hace dos meses y, según explican, “al amparo de la Ley 27/2006 del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente”, solicitó a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de la Xunta de Galicia toda la documentación relativa “a los vertidos industriales de Ence”. Aunque el organismo competente pidió tiempo -“el plazo máximo”-, para proporcionarla, ha pasado ese tiempo y no han facilitado la información “lo que supone una denegación 'de facto' y el incumplimiento de la mencionada ley”.

Esposa (en la Xunta) y esposo (en Ence)

La solicitud por parte de la Asociación tiene que ver con las actuaciones que está llevando a cabo la factoría, algunas de las cuales están prohibidas, como le indicó la propia administración autonómica que, sin embargo, “nunca investigó esas actuaciones ilegales ni estableció medidas para evitarlas”.

Desde la APDR tienen claro que esta opacidad “podría guardar relación con quien ejerce como directora general, María José Echevarría” que, curiosamente es “pareja de Antonio Casal Lago, director territorial de Ence”. Por ello denuncian que “la actitud” de esta Dirección Xeral de la Xunta que, “en su afán de defender” a la empresa de celulosa, “se niega a investigar actuaciones ilegales realizadas y reconocidas por la propia empresa”, incumpliendo además “la legislación que regula el derecho ciudadano a la información en materia de medio ambiente”.

Sin embargo, estas conexiones van más allá y vienen de lejos, con algunos apellidos muy conocidos en el ámbito político del Partido Popular. Así, en el marco de la denuncia de la “existencia de una relación de connivencia”, se han impulsado acuerdos como el de “supramunicipalidad” correspondiente a la Xunta de los tiempos de Manuel Fraga, como recordaron en su momento desde la APDR. Esto supuso, básicamente, “pasar por encima de las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Pontevedra, o la fijación de niveles de contaminación superiores a los permitidos por la legislación”.

Se da la circunstancia de que durante años, existe esa estrecha relación que ya en 2017 la Asociación pola Defensa da Ría definía como “verdadera trama familiar que deja en evidencia a los distintos gobiernos autonómicos”, con Fraga y Feijóo al frente, llegando al actual de Alfonso Rueda.

El histórico ceñido a los últimos veinte años pone de manifiesto la presencia de nombres y apellidos muy conocidos dentro del PP, con ex ministras, y ex altos cargo en particular durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. De hecho, Ence finalizó su proceso de privatización durante el segundo Ejecutivo de Aznar.

Curiosamente, el PP gallego y pontevedrés ha defendido siempre la presencia de Ence en la ría, con ataques más que llamativos contra el Gobierno central el primero y el alcalde de la capital de las Rías Baixas, el segundo. Este esquema se ha repetido en el caso del proyecto de macrocelulosa de la compañía portuguesa Altri, con una Xunta de Galicia volcada a favor de su llegada.