El Gobierno de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana, desde sus inicios tras los resultados electorales del 28 de mayo, se ha posicionado en el foco de la política nacional no sólo por su coalición con Vox -la cual se ha imitado tanto en Extremadura, con María Guardiola, como en Aragón, con Jorge Azcón-, sino también por los numerosos fichajes que ha ido sumando a su equipo. El último que se ha dado a conocer es el de Enrique Montes Estellés, quien ha sido nombrado en el pleno de este jueves nuevo director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), más conocido como el Banco Público de Valencia, en sustitución de Manuel Illueca.
Montes Estellés vuelve a repetir cargo en el IVF tras su antigua etapa entre 2012 y 2014 junto a Alberto Fabra, puesto que dejó atrás al asumir la secretaría autonómica de Hacienda y Presupuestos en 2015, año en el que el PP perdió las elecciones autonómicas. Durante este periodo, el ahora por segunda vez director de esta entidad fue sancionado por el Banco de España a pagar una multa, a título personal, de 20.000 euros, por haber cometido una “infracción muy grave” impuestas a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat (SGR) -una entidad pública-, prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con motivo del “incumplimiento de los requerimientos de recursos propios por debajo del 80% del mínimo reglamentario durante un periodo superior a seis meses” durante el periodo dentro del consejo.
El nuevo miembro del Ejecutivo autonómico popular lleva vinculado al IVF desde 1998 y, desde 2018, ya integrado en el Botánic, hasta la fecha, era el subdirector de Fondos Europeos.
Multa de 1,3 millones de euros al SGR en conjunto
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de mayo de 2017 se recogieron todas las multas por la comisión de infracciones muy graves impuestas a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (Sogaval). A esta sociedad se le impuso una sanción de multa de 200.000 euros en un primer momento que, después, quedó reducida al 35%, lo que se traduce en 130.000 euros.
El cómputo de todas las multas, que sancionan a un total de 39 consejeros y vocales, asciende a 1,37 millones de euros, correspondiendo las mayorías cuantías al expresidente José Roca y el exdirector general Juan Manuel García Puchol, con 60.000 euros. No obstante, es una cantidad inferior a la estipulada en un principio y, pese a ellos, un gran número de los sancionados mostraron su intención de elevar la causa a la justicia ordinaria.
Cabe remarcar que, en la propia resolución del Banco de España, el supervisor señaló que la resolución fue firme y que los afectados tenían un mes de plazo para presentar un recurso ante el Ministerio de Economía, en ese momento dirigido por Luis de Guindos. La segunda vía era acudir al contencioso-administrativo.
Otros fichajes de Mazón para el Consell
Debido al peso político de la Comunitat Valenciana, ahora más pronunciado con el giro de los acontecimientos resultante de las urnas en mayo, que desbancaron el liderazgo de Puig, el barón del PP ha ido tejiendo poco a poco los hilos de su nueva dirección con nombramientos que han provocado asperezas.
En este sentido, cabe remarcar algunos de los nombres más destacados. El primero de ellos, Jorge Bellver, ahora director general de la relaciones con Les Corts Valencianes y quien estuvo relacionado con el ‘caso Azud’; en segunda posición, Antonio Galvañ como secretario de Empleo y que estuvo condenado por el escándalo de las tarjetas ‘black’.
Dos hermanos: Santiago y Elena Lumbreras. El primero de ellos, recientemente nombrado secretario de Relaciones Institucionales y de Transparencia y quien, previamente, ocupó un destacado cargo en el Ejecutivo de Eduardo Zaplana como el ‘censurador’ de periodistas dentro de la cadena pública Ràdio 9. La segunda, su hermana, que resalta por su vínculo directo con este cargo, es ahora la nueva subsecretaria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo del Gobierno valenciano.
La figura de Javier Sendra también es relevante. Ahora, bajo el mando de la secretaría de Medio Ambiente pero, anteriormente, señalado por la justicia debido a la muerte accidental de un joven en las fiestas locales de la Plantà del Xop en 2012, cuando Sendra era alcalde del municipio alicantino de Planes.
El último en salir a la luz fue el fichaje de Lola Peña, esposa de Pedro Romero, tesorero del PP en Alicante, afín al Gobierno de Eduardo Zaplana, quien ahora será una de las diputadas de Carlos Mazón en les Corts Valencianes.
