A petición de la Conselleria de Educación y Universidad, el Consejo de Gobierno ha aprobado encomendar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma que inicie las acciones necesarias para impugnar el Real Decreto 310/2016, aprobado por el Consejo de Ministros, en el que se regulan las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y bachillerato. En este sentido, la Consejería de Educación y Universidad considera que el despliegue de la LOMCE demuestra el carácter segregador y elitista de esta Ley, la cual, además, invade las competencias de las comunidades autónomas.

Desde que se aprobó, hoy hace una semana, la Consejería trabaja para paralizar esta medida, sin olvidar que llega de un Gobierno en funciones y que no tiene en cuenta el parecer de la mayoría de miembros que integran la Conferencia Sectorial de Educación, que ya han expresado su desacuerdo junto con la comunidad educativa.

Cabe destacar que el conseller de Educación y Universidad, Martí March, fue el primero en enviar, el pasado lunes, una carta al ministro de Educación para solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación, a fin de tratar el proceso de implantación de la LOMCE y la petición conjunta de iniciar un diálogo tranquilo en el seno de la Conferencia.

El nuevo Real Decreto privará de una titulación los estudiantes que, a pesar de que hayan aprobado el curso, no pasen la evaluación final de 4º de ESO o de bachillerato. Además, en el caso de los alumnos de 4º de ESO, los obligará a matricularse únicamente a ciclos de formación profesional básica y, en el caso de los alumnos de bachillerato, no podrán acceder a la universidad ni a las enseñanzas artísticas superiores, ya que la nueva normativa sólo les permite acceder a un ciclo de formación profesional de grado superior.

Desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Educación y Universidad ha pedido la paralización y retirada de la LOMCE.

A juicio del consejero de Educación y Universidad, Martí March, «son reválidas que demuestran un carácter segregador y elitista, que invaden las competencias de las comunidades autónomas y que irán en contra de lo que significa el proceso de incremento de la escolarización, ya que los alumnos pueden aprobar la ESO y, al no pasar la reválida, no obtener el título. Y eso les dejará sin una titulación adecuada para afrontar el futuro ».