El pasado miércoles 24 de junio la Comunidad de Madrid hacía pública su intención de levantar un gran hospital de emergencia Valdebebas, entre Ifema y el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Un proyecto que ya está en marcha y que supondrá al erario madrileño 50 millones de euros. Cantidad nada desdeñable que la administración regional defiende alegando que “ampliará los recursos asistenciales de la sanidad pública madrileña aportando hasta 1.000 nuevas camas”.

Un montante nada desdeñable que se tramitaría de forma “urgente y extraordinaria” mientras se devolvía al recinto ferial de Ifema a la normalidad. Con este precedente tras de sí, que Más Madrid cifra en 80 millones de euros “opacos”, las dudas sobre la nueva construcción no tardaron en llegar. José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE de Madrid, explicaba entonces a ElPlural.com que la celeridad del anuncio de Isabel Díaz Ayuso “huele mal” y podría suponer un nuevo “disparate” basado en las “ocurrencias” de la administración regional. “Las adjudicaciones no están en el portal de transparencia”, señalaba el socialista, anticipando un posible “escándalo” derivado de un “acto arbitrario”.

Sorprendía entonces que la Comunidad de Madrid todavía no hubiera hecho público ni el informe técnico que avala la construcción del centro, ni el informe de contingencia sobre el que se regirá el hospital ni las empresas adjudicatarias de los servicios que se prestarán en el recinto.

Pero las críticas ya no llegan únicamente de la oposición política. La asociación madrileña de enfermería (AME) ha mostrado su reticencia alegando que el hospital “se realiza mediante una mera alegación al supuesto habilitante del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), sin que concurra una causa legal-sanitaria”. “Interpretamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está construyendo un Hospital de Emergencias sin la cobertura legal suficiente, ya que existe un dato objetivo y que por sí mismo ya ilustra que no concurre esas circunstancias excepcionales, el Real Decreto 21/2020 de “nueva normalidad” que obliga a las CCAA a tener preparados los denominados Planes de Contingencias frente a la Covid-19, y en todos los Centros Sanitarios y Sociosanitarios los denominados Planes de Reacción”, prosigue la asociación.

Por todo ello, la organización ha decidido poner en manos de la Intervención General y de las distintas intervenciones delegadas esta falta de información preceptiva que debería realizarse para que el proyecto pueda ser tramitado con carácter de urgencia. AME recuerda que en junio la Comunidad de Madrid informó de la construcción de un “proyecto de urgente y extraordinario interés público”, dejando entonces de informar del proceso técnico ni adjudicatario: “Desde entonces, no aparece ninguna mención en el Perfil de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid sobre la tramitación de este contrato de emergencia (artículo 120 LCSP) para que la ciudadanía pueda ver satisfecho sus derechos a la transparencia y publicidad en la contratación pública”.

La base sobre la que la asociación de enfermería sostiene que el hospital de Valdebebas no tiene la cobertura legal suficiente es la siguiente: “El citado artículo 120 LCSP justifica la realización de este tipo de contratos “Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Estas especiales circunstancias obligan a que el hecho habilitante sea justificado hasta la extenuación por el órgano administrativo que lo tramita”, explican, sentenciando que desde AME entienden “que una genérica alegación sobre la lucha contra la Covid-19, no es un hecho habilitante suficiente para la tramitación de un contrato de emergencia”.