Este miércoles la Comunidad de Madrid ha notificado que se inician los trámites para la construcción de un nuevo hospital de emergencia en Valdebebas, entre Ifema y el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. “El proyecto anunciado este mes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ampliará los recursos asistenciales de la sanidad pública madrileña aportando hasta 1.000 nuevas camas y supondrá una inversión de alrededor de 50 millones de euros”, explica la administración regional.
Un montante nada desdeñable que se invertirá de forma “urgente y extraordinaria” con el fin de que las obras, que se iniciarán próximamente, terminen a finales de otoño para “seguir reforzando el sistema sanitario madrileño con un nuevo centro público frente a posibles rebrotes de coronavirus COVID-19 u otras enfermedades”. Esta nueva infraestructura contará con más de 1.000 camas y estará dotado, según expone el gobierno autonómico, con tecnología puntera para atender cualquier tipo de pandemia que venga en el futuro.
Sin embargo, la pompa propagandística con la que se está anunciando este nuevo proyecto megalómano no es bien recibida por buena parte de los grupos de la Asamblea de Madrid. Fuentes de Ciudadanos explican a ElPlural.com que el anunció encendió todas las alarmas en el cuadro naranja, a la espera de conocer los pormenores contractuales y sabedores de que la sospecha de posibles irregularidades se cierne sobre el mando único del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, encabezado por su mano derecha, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
Valdebebas se tramitará con carácter urgente mientras se solapa en el tiempo la vuelta a la normalidad en el recinto ferial de Ifema, hospital de campaña que operó de urgencia 41 días con el fin de descongestionar las UCI en la peor etapa de la pandemia. Las prisas por sacar adelante el hospital de campaña, del que Ayuso no duda en vanagloriarse cada vez que puede, supusieron un gasto desproporcionado a los madrileños. Tal y como recogió ElPlural.com, se realizaron 15 contratos: nueve hasta el 30 de junio (el hospital cerró el 1 de mayo), dos hasta el 31 de mayo, tres hasta el 31 de marzo y uno posterior. Adjudicaciones que han supuesto al erario madrileño un gasto de 15,6 millones de euros, lo que supone que cada día que el hospital de Ifema permaneció abierto se gastaron más de 380.000 euros.
Este gasto innecesario (se realizaron contratos por más tiempo del que el hospital estuvo abierto) incluía entre sus adjudicaciones de urgencia al Grupo Empresarial Electromédico. La empresa Iberman, conectada a lo largo y ancho de la región a través de prórrogas ilegales sin concurso público, recibió 368.995,38 euros por prestar los servicios de electromedicina que monopoliza en la región gracias a la connivencia de la gerencia de los hospitales y la Comunidad de Madrid.
Sabedores de lo ocurrido en el pasado, los grupos de la oposición piden mayor transparencia en la puesta en marcha del nuevo hospital de emergencias. Fuentes de la Asamblea condenan que el gobierno de Ayuso no haya hecho público ni el informe técnico que avala la construcción del centro, ni el informe de contingencia sobre el que se regirá el hospital ni las empresas adjudicatarias de los servicios que se prestarán en el recinto. Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer el motivo de que estos documentos preceptivos no hayan sido publicados en el portal de transparencia, pero, por el momento, el gobierno autonómico ha rehusado dar declaraciones.
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE de Madrid, explica a ElPlural.com que la celeridad del anuncio de Isabel Díaz Ayuso “huele mal” y podría suponer un nuevo “disparate” basado en las “ocurrencias” de la administración regional. “Las adjudicaciones no están en el portal de transparencia”, señala Freire, anticipando un posible “escándalo” derivado de un “acto arbitrario”.
