La Central Intersindical Galega (CIG) presentó una denuncia contra la Dirección General de Patrimonio del gobierno que preside Feijóo, ante la Agencia de Protección de Datos, por externalizar la emisión de informes del Comité de Patrimonio Histórico a través de encomiendas de gestión con la empresa Tragsatec, dedicada a servicios agrarios, traspasando “la custodia y tramitación de los expedientes sensibles a una compañía externa sin ningún tipo de control, ni de planificación de gestión de los datos contenidos en esos expedientes”. Entre otros datos, la central sindical señaló en su denuncia planos de edificaciones, cuentas bancarias, presupuestos de obra y todos los datos contenidos en permisos de edificación y gestión urbanística. Datos que deben permanecer debidamente custodiados y tratados por personal cualificado, por lo que reclamaron “la eliminación de las encomiendas de gestión y la creación de las plazas necesarias para desarrollar los trabajos de patrimonio cultural”
La responsable nacional de CIG-Administración Autonómica, Zetia Burgos, ha recordado que desde el año 2018 el departamento de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Patrimonio, está externalizando el trabajo técnico de los arqueólogos y arquitectos a través de la empresa Tragsatec. Asimismo, aseguró que los expedientes abandonan las instalaciones de la consellería de Cultura y son transportados por personal de la empresa a sus instalaciones donde no se sabe por quien son controlados, ni quien accede o lo que se hace con los datos.
Al mismo tiempo, la responsable sindical, denunció que la falta de personal en la consellería no puede ser solucionada con la externalización de trabajos técnicos a empresas, sino con la consecuente creación de plazas y su cobertura urgente. “El número de efectivos se determinaría con un estudio de cargas de trabajo y necesidades de la dirección general de Patrimonio, ya que el trabajo externalizado no se trata de una asistencia técnica puntual derivado de una obra o servicio extraordinaria, sino que es un trabajo habitual que debe ser desarrollado por personal público”
Incumplimiento de la LOPD
Además, señaló Zeltia, que las dos encomiendas firmadas hasta ahora en julio de 2018 y en marzo de 2019 incurren en varias irregularidades. Entre otras, ha subrayado, que la cesión de la decisión técnica afecta a bienes de dominio público, en el caso del patrimonio arqueológico. “Se trata de un trabajo de carácter funcionarial que debe ser hecho por personal con suficiencia técnica, capacidad e independencia”. En este sentido afirmó que hay un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, por la cesión de datos privados a una empresa ajena y la encomienda de trabajos técnicos cuando “ni cuenta con los medios, ni el personal necesario para su desarrollo”.
A esto, ha añadido, el fraude que supone para las personas que se apuntan y pagan tasas en las listas de espera para la contratación de personal propio de la Xunta de Galicia, “hurtándoles sus expectativas de trabajo, al externalizarlo sin escrúpulos a empresas”
Cesión a una empresa de servicios agrarios
Para terminar la responsable autonómica de CIG, denunció también “la incapacidad manifiesta de Tragsatec para realizar trabajos en patrimonio, ya que es una empresa de servicios agrarios y no tiene en sus fines fundacionales trabajos técnicos de contenido cultural”. Por este motivo ha solicitado, al amparo del artículo 8.5 de la Ley 16/2010 de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público de Galicia (LOFAXGA) copia de las encomiendas, o bien su publicación íntegra en la web institucional, tal y como contempla el texto normativo.
