La sanidad valenciana ha vuelto a girar hacia la iniciativa privada como vía principal para contener las listas de espera. En apenas unos meses, el Gobierno autonómico ha duplicado el dinero destinado a pagar operaciones quirúrgicas en hospitales privados, elevando el presupuesto del plan de choque hasta los 56 millones de euros. La cifra contrasta con los 22 millones inicialmente previstos para 2025 y ha encendido las alarmas en la oposición, que denuncia un trasvase de recursos públicos sin control ni transparencia. El incremento no ha sido fruto de una decisión puntual, sino de cuatro modificaciones presupuestarias aprobadas entre julio y noviembre. A través de ellas, la Conselleria de Sanidad ha ido ampliando progresivamente una partida que, según los antecedentes de gasto, ya se sabía insuficiente desde el inicio del ejercicio. El resultado es un refuerzo económico sin precedentes para la cirugía privada, mientras la sanidad pública continúa soportando una elevada presión asistencial.
El plan de choque permite derivar a pacientes que superan los 60 días en lista de espera a centros privados, con financiación íntegra de la Generalitat. Aunque sobre el papel se plantea como una opción voluntaria, en la práctica el sistema funciona con escasas garantías. No existen criterios públicos que determinen a qué hospitales se envían los pacientes ni cómo se distribuyen los fondos, una discrecionalidad que lleva años siendo objeto de críticas.
De hecho, la Sindicatura de Comptes ya advirtió el pasado año de que este mecanismo se mantiene al margen de una regulación clara. En su auditoría del Plan Óptima, el órgano fiscalizador señaló que el plan de choque opera desde 1996 “sin un procedimiento formal ajustado a la legalidad vigente". No hay tarifas publicadas, ni convocatorias abiertas, ni contratos adaptados a la normativa del sector público, a pesar de que los centros beneficiarios son empresas con ánimo de lucro.
El informe también pone el acento en la falta de información fiable y han asegurado que “los centros colaboradores son instituciones con ánimo de lucro y no es posible recurrir a la figura del concierto social previsto en la Ley 7/2017 de 30 de marzo sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario. Por tanto, no se encuentran entre los contratos excluidos previstos en el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. La Conselleria no dispone de datos completos sobre las intervenciones finalmente realizadas a través del plan, ya que solo contabiliza las aceptaciones de los pacientes, que en muchos casos no llegan a traducirse en operaciones efectivas. Además, el control del gasto no se centraliza, sino que depende de las direcciones territoriales, lo que dificulta una visión global del impacto real del programa.
“La contratación de estos servicios para su gestión indirecta debe adecuarse a los procedimientos de la normativa sobre contratos del sector público, entre ellos los acuerdos marco, circunstancia que no se ha producido”, ha expuesto el informe. El órgano de fiscalización ha subrayado que los sistemas de información de la Conselleria no cuentan con datos completos sobre las intervenciones realizadas a través del plan de choque. Como aproximación, la administración sólo “dispone del número de aceptaciones de los pacientes, que no siempre terminan en operación efectiva, ya que los centros privados pueden rechazar algunas solicitudes”. Además, la información sobre el gasto no se centraliza en los servicios centrales, sino que debe recabarse directamente de las direcciones territoriales.
Durante el período del Plan Óptima (2020-2023), el gasto total destinado al plan de choque ha ascendido a 115,3 millones de euros, aumentando de manera constante desde los 12,7 millones de 2019 hasta los 38,4 millones de 2023. Para 2025, se han comprometido al menos 56 millones de euros. Esta expansión se ha impulsado adelantando los plazos de acceso y aumentando el número de pacientes a los que se les ha ofrecido la opción de operar en la sanidad privada. La aceptación del plan ha crecido de manera significativa: en 2019 se adhirió un 41,7% de los pacientes, mientras que durante el cuatrienio del Plan la cifra ha alcanzado el 74,6%, evidenciando una mayor adhesión al programa.
“La vuelta al quirófano en 80 días”
Mientras la Conselleria de Sanidad multiplica el presupuesto para operaciones en hospitales privados, la sanidad pública valenciana sigue ofreciendo un espectáculo distinto: listas de espera interminables. En junio de este año, la demora media estructural se situaba en 80 días, con cerca de 68.638 pacientes aguardando para ser intervenidos. Una cifra que convierte cada cita quirúrgica en una especie de “viaje alrededor del quirófano”, al ritmo de una administración que tarda casi tres meses en atender a sus propios pacientes.
Durante 2024, casi el 13% de las operaciones se derivaron a centros privados, lo que supuso más de 44.000 intervenciones fuera de la red pública. Sin embargo, esa fuga de pacientes no ha logrado ocultar la demora estructural que persiste en el sistema, con cifras que oscilan según el semestre. Desde que Marciano Gómez asumió la Conselleria de Sanidad en 2023, los datos solo se publican cada seis meses, y no mensualmente como antes, reduciendo la visibilidad de un problema que afecta a decenas de miles de valencianos.
En junio de 2023, la demora media era de 79 días con 72.704 pacientes en lista de espera; en diciembre subió a 88 días con 65.245. En 2024, la demora media volvió a 79 días en junio, con 69.395 pacientes, y alcanzó los 93 días en diciembre con 74.158 personas aguardando su intervención. Esta oscilación evidencia que, pese a los planes y los presupuestos adicionales para la privada, la sanidad pública sigue caminando al ritmo de la improvisación.
El diputado del PSPV, Rafael Simó, ha denunciado este lunes que “este aumento de dinero para la sanidad privada se ha hecho por la puerta de atrás” y ha lamentado que “gracias a la opacidad marca de la casa en el PP, no sabemos todos los datos sobre derivaciones, por ejemplo, en pruebas diagnósticas, porque se dedican a esconder esos datos”. Por ello, ha solicitado información detallada sobre los hospitales privados que se han beneficiado de este incremento presupuestario.
Simó ha subrayado que “la sociedad valenciana quiere un gobierno que invierta y cuide la sanidad pública, no uno que se pliegue ante los intereses privados priorizando el bolsillo a la salud”. El diputado ha rematado: “La sanidad pública se trabaja con políticas, no con palabras vacías. Pérez Llorca tiene que ser claro: o está con el negocio o está con la sanidad”. Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha recordado que el plan de choque no es una iniciativa exclusiva del actual Gobierno valenciano, sino que ya se ejecutaba durante los mandatos del Botànic. No obstante, la cifra récord de 56 millones destinados a operaciones en hospitales privados este año marca un hito y evidencia la prioridad que la administración otorga a la vía privada frente a la inversión estructural en la sanidad pública.
