Un verano, varias Cataluñas

Tres de cada diez familias catalanas no disponen de los recursos necesarios para costearse ni siquiera una semana de vacaciones. Así lo recoge la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Idescat, publicada en febrero de este año. Estas cifras repercuten en el devenir del verano de miles y miles de niños y jóvenes de Cataluña. Su situación contrasta con las imágenes de aeropuertos y estaciones de tren abarrotados de viajeros que suelen ofrecer la inmensa mayoría de los informativos televisivos. Para estos chicos y chicas, que seguramente no han pisado ni pisarán durante las semanas de vacaciones escolares ninguna estación de tren ni ninguna terminal de aeropuerto, y que probablemente tampoco tendrán la oportunidad de pasar unos días en la playa o en un camping, su verano responde a una realidad bien diferente. En este sentido, lo más probable es que su hogar ni siquiera disponga de un aparato de aire acondicionado para combatir unas altas temperaturas que son consecuencia del cambio climático y que representan una dificultad adicional para afrontar su día a día. Los datos, sin ir más lejos, indican que un 16,8 % de la población catalana no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

La realidad estival de estos niños, por tanto, corre a menudo el riesgo de quedar invisibilizada por algunos medios de comunicación, que prefieren ofrecer la cara ‘positiva’ de esta etapa del año y vincular el verano a unas cuestiones que no están al alcance de todo el mundo. Por este motivo, es necesario —y exigible— que, en el ejercicio de su responsabilidad cívica de intermediación entre los acontecimientos que ocurren y la población, los medios informativos ofrezcan una visión que responda a la pluralidad y la complejidad de las realidades que conviven durante el verano en Cataluña. De lo contrario, los telespectadores, oyentes o lectores, únicamente con las imágenes de cientos y cientos de personas en las terminales aeroportuarias o ferroviarias, pueden llegar a la conclusión de que todo el mundo tiene la opción de hacer turismo en otras ciudades o países y, por tanto, que la inmensa mayoría de la ciudadanía vive una situación económica próspera.

Afortunadamente, hay espacio para la esperanza. Recientemente, a modo de ejemplo, La Vanguardia se hacía eco de los campamentos de seis días que organiza el Casal dels Infants del Raval en Tavascán (Pallars Sobirà). Unos campamentos dirigidos a veintisiete adolescentes en riesgo de exclusión social para quienes aquella casi semana fueron sus vacaciones de verano. El texto también explicaba que, para muchos de ellos, era la primera vez que se bañaban en un río o que subían a una montaña.

Con todo, la vida todavía puede ser peor. Y es que cuatro de cada diez niños quedan excluidos de actividades de ocio como casales, colonias y campamentos por falta de recursos económicos. No son cifras menores. Son números que constatan un escenario existente y palpable: la economía crece, pero la riqueza todavía se reparte de forma desigual.

Mi experiencia personal, hace unos años, como monitor de colonias y campamentos confirmó esta tesis. Precisamente, recuerdo que para algunos menores estas salidas eran simplemente una etapa más dentro de sus semanas estivales. Antes o después tenían la posibilidad de viajar con sus progenitores, ir a la segunda residencia o visitar el pueblo de origen de la familia. Para otros, en cambio, estas actividades eran su único verano. Su periodo de vacaciones escolares se reducía a pasar diez días en una casa de colonias o en un terreno de acampada. Los padres de estos muchachos no disponían de los recursos económicos para poder irse de viaje, pasar unos días en la playa o alquilar una casa rural. Es más, muchos de estos hogares pasaban penurias para llegar a final de mes. El problema o la dificultad, por tanto, no eran tanto las vacaciones como las facturas y los gastos que debían pagar para poder vivir con un mínimo de dignidad. Sin embargo, es evidente que había una diferencia abismal entre aquellos menores que habían tenido la oportunidad de pasar unos días fuera con la familia y conocer otras perspectivas sociales, geográficas y culturales, y aquellos que habían pasado la etapa estival entre las cuatro paredes de su vivienda.

Los datos son muy ilustrativos. Quizá el más impactante sea el que indica que prácticamente uno de cada cuatro catalanes sufre pobreza o exclusión social. Todo ello muestra una Cataluña que se mueve a varias velocidades. O, mejor dicho, varias Cataluñas que transcurren en paralelo y que difícilmente llegarán algún día a confluir.

En los últimos años, la Generalitat ha impulsado políticas para luchar contra la pobreza. Destacan planes como la Renta Garantizada de Ciudadanía o, más recientemente, la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil 2025-2030. Sin embargo, pese a la importancia de estas iniciativas, el panorama actual evidencia que se necesitan más recursos y medidas para hacer frente a una situación que refleja el aumento de las desigualdades, un factor que contribuye al malestar social y a la desconfianza hacia las instituciones democráticas.

Así pues, esta batalla no es únicamente contra la pobreza. Es también un combate en defensa de las administraciones públicas y su utilidad social. Ignorarlo siempre tiene repercusiones negativas. Es lo que ha sucedido en Estados Unidos o en Argentina, países donde la fuerza de las desigualdades se ha entrecruzado con liderazgos autoritarios que defienden soluciones divisivas y fáciles para problemáticas cada vez más complejas. Y en estos casos quien más sale perdiendo es quien menos tiene. Por eso, jugar con fuego con las desigualdades, como hacen Trump o Milei, siempre tiene consecuencias. Es una cuestión que cualquier ciudadano del mundo debería tener presente, entre otros motivos porque lo que está en juego es la dimensión social de la democracia, que no deja de ser uno de sus pilares fundamentales. Esta es la gran batalla política actual. En verano y durante el resto del año. En Cataluña y en todas partes.