Un déficit (persistente) de pluralismo

La reciente aprobación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña ha confirmado una tendencia que era impensable hace apenas cinco años. En otras palabras, hace un lustro, cuando se celebraron las elecciones autonómicas de 2021 que desembocaron en el ejecutivo de Pere Aragonès, era inimaginable que ERC pudiera avalar las cuentas públicas de un gobierno monocolor del PSC. Es, dicho de otro modo, la certificación de la ruptura de los bloques que habían predominado durante demasiado tiempo en Cataluña. Las instituciones democráticas suelen requerir que los actores políticos rebajen sus objetivos y busquen qué puntos de encuentro pueden tener con otras formaciones. Todo apunta a que Cataluña se encuentra actualmente en esa fase. Con todo, la dinámica actual podría verse truncada por la llegada de un ejecutivo de PP y Vox en España.

La volatilidad política y la aceleración de los acontecimientos públicos hacen que resulte temerario hacer pronósticos, especialmente teniendo en cuenta el ritmo al que se suceden los hechos y que las próximas elecciones catalanas están previstas para 2028. Aun así, a día de hoy parece más probable un nuevo mandato de Salvador Illa que el regreso del independentismo al Palau de la Generalitat. No obstante, el principal hándicap del líder socialista es que una elevada fragmentación parlamentaria y un fuerte ascenso de la extrema derecha de Aliança Catalana acaben traduciéndose en una situación de ingobernabilidad.

Salvador Illa, a diferencia de la mayoría de sus predecesores nacionalistas e independentistas, ha gobernado teniendo en cuenta la diversidad social, territorial y política existente. Precisamente, lo peor que puede hacer un dirigente con responsabilidades públicas es ignorar que existen otras maneras de entender y articular la vida en comunidad. En otras palabras, una cosa es gobernar con el apoyo de determinados grupos y otra muy distinta es menospreciar a aquellas fuerzas con las queno has suscrito ningún acuerdo de investidura o de legislatura. Este ha sido, probablemente, el mayor error de los ejecutivos partidarios de la secesión. En este sentido, desde algunos sectores de España el independentismo se ha percibido como una amenaza para la unidad territorial del Estado. Y eso es, en consecuencia, lo que ha provocado el choque entre dos visiones eminentemente nacionalistas, con objetivos contrapuestos e incompatibles, que han desplazado el debate público hacia un terreno dominado por los sentimientos y las emociones. El problema de fondo de las opciones que defienden la creación de un estado independiente, a mi juicio, radica más bien en una negación de la pluralidad interna de Cataluña y en una forma de entender la vida pública que sustituye los matices y las complejidades por una única idea que se sitúa por encima de todo.

La apuesta de Illa por el pluralismo y la apertura contrasta, todavía hoy, con la falta de diversidad de voces en las tertulias y debates de los medios públicos. Dicho de otra manera, las voces independentistas siguen siendo predominantes tanto en Catalunya Ràdio como en TV3. Recientemente, el semanario El Triangle señalaba que, durante el segundo semestre de 2025, en el Més Nit —el programa nocturno de análisis social y político del canal 3/24— participaron 23 defensores de la vía secesionista, frente a 13 que no la respaldaban (hubo otros 13 participantes cuya posición no estaba claramente definida o que fueron invitados de forma puntual). En otras palabras, han cambiado las mayorías políticas, como lo demuestra el hecho de que en el Parlament ya no hay más de 68 diputados que defiendan la independencia, pero no las mayorías mediáticas, que siguen ancladas en las lógicas del procés.

No creo que sea positivo trasladar de forma exacta las mayorías parlamentarias a los medios públicos, pero sí sería deseable que estuvieran representadas las principales corrientes democráticas con presencia en la cámara catalana. Además, la importancia del pluralismo está recogida en documentos tan relevantes como la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o el mandato marco del sistema público audiovisual para el período 2020-2026. No deja de resultar curioso, sin embargo, que la visión que actualmente cuenta con un mayor respaldo en Cataluña —la de un catalanismo heterogéneo y amplio, defensor de un autogobierno más fuerte y comprometido con la gobernabilidad española y europea— sea a menudo la más minoritaria en determinadas tertulias.

Ya desde el segundo tripartito (o incluso antes), los dirigentes de ERC comprendieron que era fundamental construir un marco político con sello propio. Eso hizo que priorizaran la articulación de un relato nacionalista por encima de la política —a menudo menos épica— de las pequeñas cosas. Y sabían que para vertebrar un discurso convincente necesitaban unos medios de comunicación mínimamente afines. Los socialistas, por su parte, consideraron entonces que era más relevante gestionar ámbitos como las infraestructuras que liderar áreas como la cultura y los medios públicos. Y de aquellos polvos, estos lodos. Después, como es bien sabido, llegó la apuesta inequívoca y decidida de los gobiernos de Artur Mas por controlar TV3 y Catalunya Ràdio y orientarlos hacia posiciones independentistas.

Solo queda, por tanto, lamentar la situación actual y esperar un cambio en las mayorías del órgano de dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que también sea más plural —hoy únicamente están representados el PSC, con tres consejeros; ERC, con dos; y Junts, con otros dos— y para que la radio y la televisión públicas autonómicas se abran a nuevas perspectivas y visiones. Con un mayor grado de diversidad política y social, muchos, estoy convencido, ya nos daríamos por satisfechos.