¿Un PNV a la catalana?

Es bastante habitual que, en el ámbito mediático y teniendo en cuenta la elevada fragmentación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, se meta en el mismo saco a aquellas formaciones políticas de un espectro ideológico similar. Es el caso del PNV y Junts o de ERC y EH Bildu. Sin embargo, el partido de Aitor Esteban y el de Carles Puigdemont, pese a compartir algunas ideas en materia económica o fiscal, son formaciones con una trayectoria y un estilo muy diferenciados.

Los nacionalistas llevan una década gobernando junto a los socialistas en el seno del ejecutivo vasco y en la inmensa mayoría de las instituciones locales y supramunicipales. En un artículo publicado hace unos años señalaba que este gobierno de coalición es uno de los ejemplos que mejor combina la estabilidad necesaria para impulsar políticas públicas con el reconocimiento imprescindible del pluralismo social. El paso del tiempo ha confirmado esta tendencia. El partido conservador, alejado de los fuegos artificiales que han marcado la política catalana en los últimos años, ha consolidado un modelo, con la colaboración del PSE, que lo ha situado en una posición de centralidad. Lo demuestra el hecho de que, a lo largo de la última década, se haya mantenido entre los 27 y los 31 escaños. También ha contribuido mucho a ello que Aitor Esteban mantuviera una posición responsable, constructiva y creíble cuando era portavoz de su grupo en el Congreso.

Sin embargo, no todo el monte es orégano: los jeltzales perdieron 4 representantes en las últimas elecciones autonómicas, entre otros motivos por el desgaste de años al frente de la Lehendakaritza y también por la gestión de un sistema sanitario que necesitaba reformas y más recursos económicos. Esta coyuntura fue aprovechada por un EH Bildu que orientó su acción hacia propuestas sociales y un mayor pragmatismo político. Esta estrategia fue clave para obtener el mismo número de escaños que el PNV en los últimos comicios.

Si Euskadi fuera Cataluña, probablemente el empate a escaños entre ambas formaciones habría desembocado en un ejecutivo compartido de perfil nacionalista o independentista. Esa mayoría habría sumado 54 de los 75 diputados del Parlamento vasco.

No obstante, las fuertes desavenencias y las profundas discrepancias entre ambas fuerzas en buena parte de las cuestiones sociales, fiscales, políticas o económicas provocaron que ninguno de los dos partidos llegara siquiera a plantearse gobernar conjuntamente. En Cataluña, en cambio, los grupos independentistas, pese a sus diferencias en la mayoría de los asuntos de la vida pública, se empeñaron durante demasiado tiempo en repetir una fórmula que no funcionaba.

¿Qué habría ocurrido si el PNV y EH Bildu se hubieran puesto de acuerdo? Los jeltzales habrían perdido la centralidad política, PP y Vox habrían crecido en una provincia como Álava como consecuencia de la fuerte polarización, la formación de Otegi habría tenido que renunciar a buena parte de su agenda social y los socialistas habrían perdido la llave de la gobernabilidad, algo que habría tenido impacto también a escala municipal.

También resulta relevante, a diferencia de las disputas permanentes entre Junts y ERC, que el PNV y EH Bildu, pese a competir electoralmente en Euskadi, hayan apoyado la inmensa mayoría de las propuestas sociales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, salvo en alguna ocasión en la que los conservadores se han desmarcado del bloque de investidura, no ha sido habitual que hayan sumado sus votos, como sí ha hecho el partido posconvergente, a los del PP y Vox. A todo ello hay que añadir que, según las encuestas, ninguna de las dos formaciones sufriría una fuerte caída electoral en caso de celebrarse unas elecciones generales por haber mantenido una posición responsable y haber respaldado las iniciativas gubernamentales. La formación secesionista catalana, en cambio, con sus continuas escenificaciones de ruptura con el ejecutivo y los discursos hiperbólicos de Míriam Nogueras, no ha rentabilizado, según apuntan los sondeos, su estrategia de intransigencia y confrontación. Y todo ello sin tener en cuenta que los nacionalistas vascos han sido mucho más hábiles que los independentistas catalanes a la hora de enfocar determinadas negociaciones en Madrid.

No resulta descabellado pensar, por tanto, que los mensajes de Aitor Esteban —la reciente petición de adelanto electoral es un ejemplo de ello— tienen mucha más repercusión e impacto en la Moncloa que las continuas advertencias y reproches de Carles Puigdemont. Con todo, la demanda electoral del dirigente vasco debe circunscribirse a una estrategia de marcar distancias con el Gobierno de cara al tramo final de la legislatura. En otras palabras, los nacionalistas vascos no caerán en la temeridad de sumarse a una moción de censura instrumental junto a la extrema derecha de Vox para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, entre otras razones porque ello supondría la ruptura del pacto con los socialistas en Euskadi y porque, probablemente, sus electores verían muy mal que se adhirieran a una operación política con una formación que pretende ilegalizarlos.

Volviendo a la cuestión que nos ocupa, Junts ha recorrido el camino inverso al trazado por el PNV. En este sentido, la formación catalana heredó el espacio político que había ocupado CiU, pero no es un partido que responda a la misma estructura ni a los mismos patrones que su predecesor. Es evidente que la formación mantiene la misma concepción patrimonialista de la Generalitat y una línea de oposición similar, pero CiU, a diferencia de Junts, tenía un mayor sentido institucional.

En cualquier caso, los números hablan por sí solos: en 2010 CiU tenía 62 escaños —a las puertas de los 68 de la mayoría absoluta— y hoy Junts cuenta con poco más de la mitad de los diputados de entonces (35). En aquel momento, la histórica federación nacionalista presidía la Generalitat y, en cambio, ahora los secesionistas conservadores lideran la oposición en el Parlament. ¿Qué factores explican este fuerte descenso? Principalmente, la decisión de Artur Mas de sumarse al proceso independentista para tapar sus recortes económicos y sociales, así como los casos de corrupción que afectaban a su organización.

En este contexto, la disolución de CiU y la posterior apuesta por construir un frente independentista —la candidatura de Junts pel Sí en 2015— fueron algunos de los detonantes que provocaron la ruptura del sistema político catalán. Las consecuencias han sido evidentes: más inestabilidad, confrontación y polarización para una sociedad que estuvo al borde del abismo por la irresponsabilidad de unos dirigentes que jugaron con la convivencia.

Carles Puigdemont presume a menudo de que en el seno de su organización conviven sensibilidades diferentes. Seguramente es así, pero los datos también evidencian que la aventura independentista les ha hecho perder apoyos a lo largo de los años. Sin ir más lejos, el PDeCAT, la fuerza nacida tras la desaparición de CiU y que aspiraba a convertirse en el paraguas de los nacionalistas moderados, obtuvo, con la exconsellera Àngels Chacón como candidata, 77.229 votos en las elecciones catalanas de 2021.

En este panorama conviene tener presente también el caso de Units per Avançar, una formación que reivindica el espíritu de la antigua Unió Democràtica y que mantiene una alianza estable con el PSC en las elecciones al Parlament. O la creación del Partit Nacionalista de Catalunya, que también pone en valor este legado, aunque hasta ahora con escaso éxito político.

La realidad muestra, por tanto, un panorama fragmentado, con diversas marcas políticas compitiendo por un mismo espacio. También que existen muchos votantes moderados que se sienten huérfanos o que en anteriores comicios han votado a los socialistas catalanes por el estilo conciliador de Salvador Illa.

La cuestión de fondo es si todavía existe margen en el espectro político catalán para una fuerza de centroderecha que ejerza una oposición responsable en el Parlament y que vaya a Madrid a negociar desde una lógica constructiva. O, dicho de otro modo, un proyecto que rehúya el simbolismo y la exaltación de un nacionalismo cada vez más excluyente y que apueste por una política útil al servicio del conjunto de la ciudadanía.

El más que probable auge de Aliança Catalana, la progresiva radicalización de Junts y la implantación municipalista de candidaturas próximas al PDeCAT pueden contribuir a clarificar el panorama. ¿Habrá, pues, un PNV a la catalana?