Los que entendemos la política como la vocación de servicio público preferimos abandonar la gesticulación que no nos lleva a ningún sitio para pasar a la resolución, que da respuesta a aquellos problemas estructurales que necesitan respuestas ambiciosas. Tras más de una década de un debate secuestrado por la dialéctica de la confrontación, por fin dejamos atrás la inercia para abrazar una propuesta que pone el foco en la excelencia de los servicios públicos y la dignidad de las personas que los reciben y los prestan.
El tan enquistado debate sobre la financiación autonómica por fin ha pasado de ser un marco teórico a una propuesta real, contrastable y diseñada para garantizar la calidad de los servicios públicos, vivas donde vivas.
Esta propuesta nace de la necesidad imperativa de desencallar un modelo acordado en 2009 y que lleva caducado desde hace doce años. Es urgente establecer un modelo que responda a una realidad social y económica profundamente transformada. No podemos seguir gestionando la Cataluña y la España de 2026 con las herramientas diseñadas hace casi dos décadas.
El sistema actual fue concebido en un mundo que ya no existe: antes de la digitalización masiva que ha cambiado nuestra administración y nuestro sector productivo, antes de una pandemia global que tensionó la sanidad y antes del desajuste demográfico (con el consiguiente envejecimiento de la población) que disparara los costes de los servicios de dependencia o cronicidad. La parálisis de estos últimos años no ha sido inocua; ha supuesto un desgaste para las instituciones y una falta de previsibilidad para nuestras empresas y ciudadanos. Hoy cerramos esta etapa de interinidad para abrir una nueva de estabilidad.
La nueva propuesta se cimienta en dos principios básicos: autonomía y solidaridad, avanzando hacia un modelo federal que mantenga la cohesión del país. Un modelo federal que no pretende dividir, sino saber articular la diversidad para que el conjunto sea más fuerte y estable.
Frente a quienes proponen bajadas temerarias de impuestos que solo benefician a las rentas más altas, defendemos la corresponsabilidad fiscal; no queremos un país que compita en precariedad, sino que lidere la inversión pública y que entienda que la fiscalidad es el precio que pagamos por vivir en una sociedad justa.
Además, bajo la cláusula de statu quo, el Gobierno garantiza un marco de seguridad: ninguna comunidad recibirá menos recursos que con el modelo anterior. Al contrario, el nuevo sistema está diseñado para que todas salgan ganando, optimizando la recaudación y mejorando la eficiencia en el gasto.
Aunque algunos intenten reducir este debate a una batalla de cifras, a coeficientes técnicos o a desequilibrios territoriales, para nosotros se trata de la consolidación definitiva del Estado del Bienestar. La inyección prevista de 21.000 millones de euros adicionales es el combustible necesario para modernizar nuestra estructura social.
Cuando hablamos de financiación, en realidad estamos hablando de la vida cotidiana. No hablamos de números, hablamos de médicos de familia que necesitan más tiempo para escuchar a sus pacientes sin la presión de una agenda desbordada. Hablamos de reducir las listas de espera mediante una inversión estructural en capital humano y tecnología de última generación para nuestros hospitales comarcales, garantizando que la excelencia sanitaria no sea un privilegio de las grandes metrópolis.
Hablamos también de políticas de vivienda ambiciosas para que nuestros jóvenes puedan emanciparse, y de profesores con recursos suficientes para que la escuela pública siga siendo el gran ascensor social de nuestra democracia. Invertir en educación y sanidad es, en última instancia, la mejor política económica que puede hacer un país.
Estamos plenamente comprometidos con esta propuesta para que pase de ser un documento a una realidad. Este modelo transciende la aritmética política para centrarse en lo esencial: dotar de recursos a la sanidad, la educación y los servicios sociales, reduciendo las desigualdades territoriales y modernizando la estructura fiscal del país, con el objetivo de blindar los derechos del conjunto de la ciudadanía. Nuestra responsabilidad es asegurar que esta reforma llegue al conjunto de la sociedad, especialmente a las personas más vulnerables, y que genere prosperidad para que esta pueda ser compartida.
Nos encontramos ante una oportunidad histórica. Ante el paso de la queja al compromiso; de la confrontación al pacto. Aspiramos a construir un país donde la igualdad no sea una proclama vacía, sino una realidad financiada y robusta. Es una nueva oportunidad de futuro para los jóvenes, una garantía de competitividad para nuestro tejido productivo y dignidad para nuestros mayores; aspirando a construir una España más justa, más federal y, por encima de todo, más humana.
Elena Díaz, portavoz del PSC en el Parlament y secretaria nacional del PSC
