Carles Puigdemont está predestinado a convertirse en un incordio para el proceso de diálogo, vaya a ser extraditado por la justicia italiana ahora o consiga salir indemne del episodio de Cerdeña a la espera de un desenlace definitivo imprevisible de agendar. Para una parte del independentismo, más o menos coincidente con Junts, siempre será un héroe cuya aureola se acrecienta a cada victoria parcial frente al juez Pablo LLarena, además del presidente legítimo en detrimento de la figura del presidente Pere Aragonés que soporta estoicamente los desplantes honoríficos con el que le obsequian permanentemente sus propios socios de gobierno. A pesar de todo, ni el gobierno catalán, ni la Mesa de negociación ni el apoyo parlamentario de ERC a Pedro Sánchez parecen estar realmente en peligro por la solidaridad con Puigdemont.

En las últimas horas, el malentendido de base del diálogo ha alcanzado toda su efervescencia. El diálogo, según creen algunos independentistas, implica la superación de la división de poderes, así pues el presidente Sánchez debe intervenir ante el juez Llarena para que desista de sus euroórdenes, estén estas congeladas o vivas, para ganar credibilidad como negociador a cuenta de perder crédito como demócrata respetuoso de la independencia judicial. Para Aragonés, las eurórdenes contra Puigdemont y demás consejeros huidos, son una expresión “de la represión incesante del Estado”, para Sánchez no son otra cosa que “la acción de la justicia”.  Las discrepancias se manifiestan claramente, con la mejor profesionalidad posible.

El alud de advertencias proferidas por los dirigentes republicanos sobre las dificultades de mantener el diálogo en circunstancias tan penosas no pueden sorprender a nadie a pesar de ser un secreto a voces su distancia emocional y política con Puigdemont. Aragonés incluso reunió a su gobierno de urgencia para poder salir todos juntos posteriormente y exigir de forma contundente la liberación de Puigdemont y reclamar una y mil veces la amnistía y la autodeterminación.

En la práctica, el margen de maniobra de ERC una vez conquistada la anhelada presidencia de la Generalitat y sentados sus representantes en la mesa de diálogo con el gobierno central es mínimo. Casi tanto como el del presidente Sánchez si quiere darse tiempo para gastar los fondos europeos enviados para combatir la crisis originada por la pandemia.

El gobierno de coalición de ERC con el partido de Puigdemont es una necesidad compartida que tiene poco que ver con el advenimiento de la república catalana o el retorno del ex presidente; el control de la Generalitat es una prioridad de este mundo que les permite ganar elecciones y mantener vivo el discurso con la mínima credibilidad y la máxima pompa. Los republicanos no están en condiciones de romper la mayoría parlamentaria porque no tienen alternativa sostenible a corto plazo y Junts no puede forzar a ERC a gobernar en solitario porque podría acelerar su acercamiento al PSC, probabilidad no previsible en los próximos meses pero no un imposible metafísico. 

La Mesa de Negociación se ha creado sobre el compromiso de la tolerancia discursiva de los participantes lo que asegura un alto grado de flexibilidad. Para Sánchez es un valor de presente dado que ofrece una pátina de normalidad institucional en las relaciones de la Administración Central y la Generalitat y proyecta una voluntad de diálogo muy apreciada entre sus socios de la Unión Europea. Para Aragonés es una apuesta de futuro en la que asentar un discurso diferente al de sus adversarios independentistas, pensando que el paso de tiempo atemperará los ánimos de la unilateralidad al menos en una de las facciones internas de Junts. Episodios como el propiciado por la policía italiana y el juez Llarena truncan la dinámica y resucitan los cánticos de unidad pero difícilmente superarán el carácter de paréntesis temporal.

Probablemente el escenario más delicado para los vaivenes de las relación ERC-PSOE-PSC es el del Congreso de los Diputados. Aparentemente es la relación más circunstancial en la perspectiva soberanista pero es justamente en la cámara baja donde ERC goza de un margen de negociación más eficaz para obtener réditos autonomistas, desde las inversiones previstas en los presupuestos a la modificación de la ley audiovisual garantizando una mejor defensa de la lengua catalana en la producción de las grandes plataformas.  

Tanto la formación del gobierno catalán como la creación de la mesa negociadora o la formalización de pacto parlamentario se habrán materializado teniendo presente el papel de Puigdemont. La incomodidad de su figura se manifiesta cuando está libre, cuando es detenido, cuando recupera la libertad y empeorará cuando comparezca ante la justicia española. Es un elemento objetivo que ninguno de los interesados en la Moncloa y en el Palau de la Generalitat pueden perder nunca de vista y se supone que han interiorizado una fórmula para soportar el grado de presión que les supone y les supondrá cada uno de los diferentes estadios en los que se vaya a encontrar el ex presidente catalán.