Pedro Sánchez ha recibido en La Moncloa al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Un encuentro esperado, habitual tras la investidura de un presidente autonómico, pero que llega una semana más tarde de los indultos a los presos del procés y después de la elevada suma que el Tribunal de Cuentas exige a varios de los máximos mandatarios del 1-0 por el desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

El primero en intervenir ha sido Aragonès, quien no ha tardado ni 10 segundos en evidenciar que esta reunión ha terminado sin acuerdos de gran magnitud, más allá de la puesta en marcha de la mesa de negociación sobre el conflicto político -cuya primera reunión se ha fijado para la tercera semana de septiembre- y de una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para abordar otros temas importantes como el reparto de los fondos europeos, las inversiones, la actualización del sistema de dependencia o la lucha conjunta para paliar los efectos sanitarios y económicos derivados de la COVID-19. “La primera reunión con el presidente Pedro Sánchez ha servido para constatar las posiciones alejadas y las diferencias evidentes sobre cómo resolver el conflicto. Este encuentro solo se solucionará a través del diálogo y la voluntad de acuerdo que deberá tener el aval de la ciudadanía catalana a través del voto”, ha afirmado el president.

 “Esta negociación no será fácil porque no vamos a renunciar. Iremos con ambición y determinación para defender un referéndum sobre el futuro de Cataluña”, ha proseguido Aragonès, anunciando que en las dos horas y media que ha durado la reunión con Sánchez han salido temas tan espinosos como la situación de los exiliados, la de las personas pendientes de juicio y las señaladas recientemente por el Tribunal de Cuentas -quien ha elevado la cuenta del desvío de fondos del independentismo a los 5.422.879,48 euros-. “Por nuestra parte, la única solución es la amnistía y así se lo he trasladado al presidente del Gobierno. Hay que garantizar que los ciudadanos catalanes decidan de forma democrática cuál será el futuro del país. Lo que pide la mayoría es la autodeterminación. Amnistía y autodeterminación, estos son los dos consensos existentes. Que no haya represión, que los exiliados puedan volver y nadie entre en la cárcel”, ha reiterado Aragonès, empecinado en sus dos grandes premisas como únicas opciones con las que desencallar la situación y devolver la normalidad a las relaciones entre Cataluña y España.

Más cauta en la palabra ha sido María Jesús Montero, quien ha comparecido inmediatamente después de la finalización de la rueda de prensa de Aragonès desde la librería Blanquerna: “Saben, porque lo venimos transmitiendo, que la voluntad de este Gobierno pasa por abrir una nueva etapa en Cataluña que deje atrás la confrontación y dé pasa al diálogo y el encuentro. Se deben retomar muchos asuntos importantes, prioritarios, en el futuro inmediato”, ha explicado la ministra-portavoz, asegurando que se ha vivido un “clima de cordialidad”.

“El conflicto lleva demasiado tiempo enquistado y provocando una fractura social y emocional entre la propia sociedad catalana. Por eso creemos que es el momento de pasar página, superar el pasado y encontrar soluciones compartidas. España no tiene sentido sin Cataluña y Cataluña no se entiende sin España”, ha proseguido Montero, dando así por cerrada cualquier aspiración fuera de la ley del Govern. “El Gobierno no es ingenuo y sabe que este camino no es fácil. Consideramos que se debe romper con la dinámica de confrontación y pasar realmente al trabajo de la política, a lo que nos piden los ciudadanos, para tratar de encontrar espacios de acuerdo y abordar en las soluciones que hagan frente a las aspiraciones de la ciudadanía”, ha sentenciado.

Tribunal de Cuentas, ¿politización de la Justicia o judicialización de la política?

La multa impuesta por el Tribunal de Cuentas a ciertos pesos pesados del independentismo por el presunto desvío de fondos, que asciende hasta los 5,4 millones de euros, ha marcado la jornada en el ámbito nacional. Mientas que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que la Abogacía del Estado no presentará demanda tras la instrucción del órgano judicial ("el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace"), la ministra-portavoz, María Jesús Montero, mostraba sus respetos a estas investigaciones y evitaba valorar las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha calificado la multa como “una piedra en el camino”.

La derecha, en tromba, se ha lanzado al cuello del Ejecutivo al apreciar una intromisión del Gobierno en el Tribunal de Cuentas que tiene como objetivo desprestigiar sus sentencias para salvar de la quema a sus socios de Gobierno. "Hemos visto cómo conseguían los indultos y ahora nos toca ver cómo quieren no pagar las cantidades que malversaron", ha proclamado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. “Imagino que se darán instrucciones a la Abogacía del Estado para que diga que no existe quebranto patrimonial en todos estos hechos que, claramente, son ilícitos", ha advertido el portavoz de Cs, Edmundo Bal. Los de Abascal, por su parte, han insistido en la judicialización y han amenazado con posibles “acciones posteriores” si la Abogacía del Estado opta por "otra postura que se aparte de la legalidad".

“Cuando el PP tiene secuestrada la renovación del CGPJ, el máximo órgano de gobierno de la judicatura, decir que mi propuesta rompe la separación de poderes no es acertado. Lo que rompe la separación de poderes es el secuestro de la derecha de los órganos de la judicatura. Hay instrumentos por parte del Estado para que se pueda resolver el problema”, ha sentenciado Aragonès en rueda de prensa.