El Tribunal de Cuentas fija en casi dos millones de euros la fianza que deberá abonar inicialmente el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el presunto desvío de fondos para las denominadas "embajadas catalanas" y el conocido como Diplocat (Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña", según han avanzado fuentes jurídicas. 

Esta cifra de dos millones de euros se suma al resto que se reclama de forma provisional al también expresident de la Generalitat Artur Mas, los líderes del procés indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y otros 37 altos cargos. A cada uno de ellos se les requiere cantidades individuales. Según el órgano contable, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria 

La liquidación que se ha conocido este martes su sumará a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista. 

 

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de más de 500 páginas y del que dispondrán de tres horas para leerlo íntegramente. Tras esto, cada uno de ellos tendrá un máximo de diez minutos para alegar in voce. 

 

El primero de los letrados en acudir a la sede del órgano contable ha sido el del expresident de la Generalitat huido Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

Quejas de los abogados

"Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha sentenciado el letrado en declaraciones a los medios de comunicación. Boye ha insistido en que alegará la "indefensión" ante la que lamentan encontrarse. 

En este sentido, el abogado de Puigdemont ha censurado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha deslizado que el Tribunal está asumiendo "unas competencias que no tiene". 

Otro de los abogados en el procedimiento, Francesc Homs, quien ejerciera de portavoz del PDeCAT en el Congreso y que se encuentra inhabilitado por el Alto Tribunal por su apoyo a la consulta del 9 de noviembre de 2014, ha denunciado que se enteraron de la cifra que les reclamaba el órgano a través de los medios de comunicación. Homs ha aludido a los 5,4 millones de euros que tendrán que abonar según lo publicado por El País. Toda vez el expediente sea notificado, los implicados tendrán un plazo de 15 días para abonar las cuantías requeridas.