La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha comunicado este lunes al abogado Gonzalo Boye su procesamiento junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", en una causa por presunta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.

Tras la comparecencia, el letrado -que cuenta entre sus clientes con los expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra y la actual candidata Laura Borrás-, ha avanzado que "cuando todo esto se aclare" tomará las "medidas oportunas". Durante la comparecencia ha negado su participación en el delito de blanqueo de capitales por el que está siendo investigado en dicho juzgado.

Según fuentes de su entorno, Boye niega toda colaboración delictiva cuyo fin supuestamente era blanquear un dinero que pretendidamente se atribuye a "Sito Miñanco" antiguo cliente del letrado. "La verdad solo tiene un camino y aquí se ha mentido mucho para tratar de incriminarme". "Jamás cometí delito alguno", manifiesta, ya que como letrado solo estaba ejerciendo libremente su profesión.

"Tengo pruebas irrefutables" - señala en un comunicado distribuido tras su declaración - "que despejarán toda duda de mi total inocencia", ha insistido, para apuntar que en su caso deberá averiguarse si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia durante la instrucción del procedimiento.

Operación del Thoran

El auto explica que en el marco de esta investigación se llevó a cabo la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

La juez concluye que los abogados Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de determinadas letras cambiarias y el carácter ficticio de una operación comercial de la que fueron informados por el grupo de narcotraficantes, "diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que otro de los procesados había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".