El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha resucitado al “franquismo” para achacárselo al Tribunal de Cuentas después de que éste fijara en 5,4 millones de euros la fianza inicial por los gastos del 1-O en el exterior. Junto a su abogado, Gonzalo Boye, han reprendido al organismo y han denunciado que sólo dispongan de tres horas para leerse un informe de 504 páginas: “Franquismo de fondo y de forma”.

Puigdemont ha reaccionado a la decisión del Tribunal de Cuentas a través de Twitter. El expresident ha tachado de “inquisición española” al órgano por las fianzas fijadas contra él, su predecesor, Artur Mas, los líderes independentistas indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y otros 37 ex altos cargos de la Generalitat por los gastos de promoción del referéndum ilegal del 1-O.

“Ahora mismo, Gonzalo Boye tiene sólo tres horas para leer 504 páginas del informe de la inquisición española llamada Tribunal de Cuentas”, ha denunciado a través de su Twitter el expresident Puigdemont. También ha lamentado que su abogado tan sólo disponga de diez minutos para hacer las alegaciones pertinentes, “independientemente del número de personas a quien defienda”. “Franquismo de fondo y de forma”, ha concluido”.

Quejas de los abogados

Antes de que Puigdemont lanzara su tuit reprimiendo al Tribunal de Cuentas, los letrados han extendido sus quejas ante los medios de comunicación. "Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha sentenciado el abogado del expresident. Boye ha insistido en que alegará la "indefensión" ante la que lamentan encontrarse. 

En este sentido, el abogado de Puigdemont ha censurado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha deslizado que el Tribunal está asumiendo "unas competencias que no tiene". 

Otro de los abogados en el procedimiento, Francesc Homs, quien ejerciera de portavoz del PDeCAT en el Congreso y que se encuentra inhabilitado por el Alto Tribunal por su apoyo a la consulta del 9 de noviembre de 2014, ha denunciado que se enteraron de la cifra que les reclamaba el órgano a través de los medios de comunicación. Homs ha aludido a los 5,4 millones de euros que tendrán que abonar según lo publicado por El País. Toda vez el expediente sea notificado, los implicados tendrán un plazo de 15 días para abonar las cuantías requeridas.