El PP presenta un recurso a la ley de memoria democrática de Cataluña y retrasa su aprobación

El PP ha presentado este martes un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en contra de la ley de memoria democrática que estaba previsto que el Parlament de Cataluña aprobara el miércoles después de dos años de trabajo entre los partidos que la impulsan y más de 750 enmiendas. Los populares han dado a conocer su decisión de llevar la norma al órgano encargado de analizar la validez constitucional y estatutaria de las leyes catalanas en un comunicado en el que alegan posibles “problemas de inconstitucionalidad” cosiderando que la iniciativa puede ir en contra de varios artículos de la Constitución Española por “la invasión de competencias y limitación indebida de la autonomía municipal”.

De esta manera, el Partido Popular ha provocado que la ley que se iba a votar en el pleno de esta semana y que establece por primera vez un régimen sancionador por enaltecimiento del franquismo y daños a los espacios de memoria haya quedado paralizada, debido a que ahora no podrá tramitarse hasta que el CGE se pronuncie al respecto con un dictamen que no será vinculante. La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha justificado la decisión de su formación defendiendo que “la recuperación de la memoria histórica no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales, saltarse las garantías jurídicas ni pasar por encima de las competencias que corresponden a otras administraciones”. 

En concreto, la proposición de ley de memoria democrática acordada por el PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, el régimen sancionador por enaltecer el franquismo y causar daños a espacios de memoria contempla multas que van desde los 200 hasta los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Entre las medidas que recoge, también se encuentra la retirada de toda la simbología franquista situada en el espacio público en un plazo máximo de dos años, que se reducen a uno en el caso del monumento de Tortosa (Tarragona) en conmemoración de la batalla del Ebro. 

Asimismo, la norma incluye la creación de un banco de memoria para centralizar los datos relacionados con la represión franquista y sus víctimas, en el que constarán los nombres de los agresores del régimen, y la constitución de una comisión técnica de memoria democrática que elabore un informe que sirva para facilitar la reparación de las personas afectadas por el franquismo. La ley abarca lo sucedido desde el inicio de la Segunda República hasta las primeras elecciones de Cataluña tras la transición (entre 1931 y 1980),  con la excepción del caso del Patronato de la Mujer, puesto que la actividad de esta institución represora de las mujeres no cesó hasta 1985. 

Argumentos del Partido Popular en contra de la nueva ley de memoria democrática

En su comunicado, el PP argumenta que la nueva ley de memoria democrática catalana podría vulnerar el derecho a la intimidad al permitir “acceso a datos personales de terceras personas sin atender a garantías y los trámites ordinarios previstos en la legislación de transparencia”. Igualmente, los populares creen que los artículos de la proposición que permiten declarar la nulidad de determinadas sentencias dictadas durante el franquismo “podrían invadir las competencias exclusivas del Estado en materia de Administración de Justicia y legislación penal” y que generan inseguridad jurídica al tener efectos que podrían afectar fuera de Cataluña.

Por otro lado, desde el PP también reclaman que el CGE revise el punto relativo a la restitución de bienes confiscados o transmitidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Desde el punto de vista de los populares, este artículo “podría afectar a la autonomía local” debido a que, según la formación, “el redactado es impreciso y puede comportar una importante conflictividad a la hora de dar cumplimiento a esta disposición”. 

El Govern critica la decisión del PP: "Ley que se tramita, ley de la que presentan dudas de constitucionalidad"

Tras conocerse que el Partido Popular llevaría la nueva ley de memoria democrática al CGE, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha señalado que los populares “harían bien en ponerse en una situación más constructiva” y ha criticado que presenten recursos a leyes que impactan sobre el día a día de la gente y que pueden beneficiar al conjunto de la ciudadanía. “El PP no decepciona ni falla nunca, ley que se tramita en el Parlament de Cataluña, ley de la que presentan dudas de constitucionalidad”, ha sostenido. 

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, Paneque ha opinado que la dinámica del PP en el Parlament “no es constructiva y no aporta nada a los catalanes y catalanas”. Además, ha apuntado que probablemente, una vez se pronuncie el CGE, los populares presenten recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.