La nueva ley de memoria democrática catalana obliga a quitar todos los símbolos franquistas y establece multas de hasta 150.000 euros

El Parlament votará la semana que viene la nueva ley de memoria democrática de Cataluña después de que PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP hayan acordado el texto final de la norma que inició su trámite parlamentario a finales de 2024. La iniciativa establece un régimen sancionador por enaltecimiento del franquismo y daños a los espacios de memoria con sanciones económicas de entre 200 euros hasta los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, y fija un plazo de dos años para retirar toda la simbología franquista que se encuentre en el espacio público, que se reduce a uno en el caso del monumento de Tortosa (Tarragona) en conmemoración de la batalla del Ebro.

La ley se debatirá en el próximo pleno tras así haberlo acordado la Junta de Portavoces del Parlament este martes, aunque primero deberá ser aprobada este jueves en la Comisión de Justicia y Calidad Democrática de la Cámara catalana. En concreto, la nueva norma abarcará lo sucedido desde la Segunda República hasta las primeras elecciones catalanas una vez acabada la dictadura franquista, con la excepción del caso del Patronato de la Mujer, institución que ejerció una gran represión sobre las mujeres y en contra de su libertad sexual, dado que su actividad no cesó hasta 1985. 

En el texto se recoge declarar la Cárcel de Mujeres de Trinitat Vella de Barcelona, un centro penitenciario inaugurado el 9 de julio de 1963 que estuvo en funcionamiento hasta 1983, como un lugar de memoria democrática, así como conceder una consideración especial a los escenarios de la batalla del Ebro. Asimismo, la ley contempla la creación de comisiones específicas sobre temas como la memoria del pueblo gitano, la memoria colonial y la represión sufrida por los habitantes del entonces protectorado de Marruecos, la Guinea española y el Sáhara.

Entre las medidas incluidas en la ley también se encuentra la creación de un “banco de memoria” que servirá para centralizar los datos referidos a la represión franquista y sus víctimas, en el que, entre otra información, constarán también los nombres de los agresores del franquismo. Por otro lado, el texto contempla la constitución de una comisión técnica de memoria democrática encargada de elaborar un informe dirigido a promover la reparación de los afectados por el régimen.

El texto de la nueva ley, del que han informado este martes representantes del PSC, ERC, los Comuns y la CUP, incorpora por primera vez un régimen sancionador por enaltecer el franquismo, dañar espacios o documentos de memoria y el traslado de cuerpos de víctimas del régimen de Franco sin cumplir la normativa. La norma divide las infracciones entre leves, graves y muy graves, una calificación de la que depende el importe de la multa. 

Las infracciones muy graves incluyen causar daños intencionados en fosas de la Guerra Civil y el franquismo, la exhumación de víctimas desaparecidas sin la autorización requerida, la omisión de preservación y la exaltación del golpe del franquismo, el golpe de Estado de 1936 y de sus líderes por parte de representantes de la Administración pública con declaraciones que “sean ofensivas o comporten descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas”. En estos casos, las sanciones serán de entre 10.001 y 150.000 euros. 

Por otro lado, entre las infracciones calificadas de graves están la construcción en terrenos en los que se sospeche que puede haber restos de víctimas del franquismo, la manifestación de expresiones para desacreditar a los represaliados y asesinados por la dictadura o el incumplimiento de la obligación de retirar o resignificar simbología franquista. En estos supuestos, la multa oscilará entre los 2.001 y los 10.000 euros. 

En cuanto a las infracciones leves, se encuentran entre ellas incumplimientos considerados menores, como los desperfectos en la señalización de espacios de memoria. El importe de la sanción se moverá entre los 200 y los 2.000 euros.