Ha pasado menos de un mes desde que finalizara el último período de sesiones del Parlament de Cataluña y, con todavía unas semanas de verano de por medio, cada vez se acerca más el inicio de uno nuevo en el que se debatirán nuevas leyes y también algunas ya presentadas, pero que quedaron pendientes de su aprobación final en el pasado curso político. Entre las iniciativas que ya han comenzado su tramitación parlamentaria, hay algunas prioritarias para el Govern de Salvador Illa, como es el caso de la prohibición de la compra especulativa de vivienda, la reforma del Reglamento de la Cámara catalana para blindar las sanciones por los discursos de odio que puedan producirse dentro de ella y la nueva Ley de Memoria Democrática.
Estas tres propuestas forman parte de las 75 que ya se encuentran en marcha en el Parlament, las cuales se reparten en 44 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, 14 proyectos de ley procedentes del Ejecutivo catalán, 12 iniciativas legislativas populares (ILP) y 5 propuestas para presentar proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados. Algunas de ellas podrán completar su tramitación en el próximo período de sesiones, el cual está previsto que empiece el día 29 de septiembre con el debate de política general. En este sentido, fuentes del grupo del PSC destacaron en su balance del curso político cinco iniciativas pendientes.
La prohibición de la compra especulativa
De las propuestas prioritarias para los socialistas, la prohibición de la compra especulativa de vivienda es probablemente la que más atención ha acaparado. La medida pactada entre el Govern y los Comuns como parte de su acuerdo para sacar adelante los nuevos presupuestos de la Generalitat forma parte de la proposición de ley de modificación de la Ley de Urbanismo registrada por los Comuns. El texto de la iniciativa otorga a los ayuntamientos de los 302 municipios catalanes declarados zona de mercado residencial tensionada la potestad para limitar, a través del planeamiento urbanístico, la compra de viviendas por parte de grandes tenedores, que en Cataluña son los propietarios de cinco o más inmuebles, a los inmuebles que se acredite que van a destinarse a la residencia habitual o al alquiler residencial, respetando la regulación de los precios.
La proposición de ley de los Comuns superó en julio su primera votación, en la cual se decidió que se tramitase por lectura única, la vía más rápida, con el apoyo del PSC, ERC y la CUP, a pesar del rechazo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. La iniciativa no pudo aprobarse en el último pleno antes del período de sesiones, celebrado entre el 21 y el 23 de julio, debido a que los posconvergentes y los populares presentaron recursos ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano que se encarga de estudiar la validez constitucional y estatutaria de las leyes en Cataluña. Este hecho ha provocado que la prohibición de la compra especulativa deba esperar a retomar la actividad parlamentaria tras la pausa de verano para poder ser aprobada definitivamente.
Sin embargo, en estos momentos la proposición de ley está siendo reestudiada por los grupos parlamentarios a favor tras el dictamen del CGE, que a principios de agosto se pronunció sobre los recursos presentados por Junts y PP a principios de agosto, concluyendo que la iniciativa vulnera los artículos de la Constitución Española referidos al derecho a la propiedad privada y a la herencia, el derecho a la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica. Asimismo, determinaba que la propuesta incumple el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al considerar que invade competencias estatales.
El dictamen del CGE no es vinculante, pero ha hecho que los grupos que apoyan la iniciativa quieran estudiar en profundidad el texto para realizar los cambios que permitan blindar la prohibición de la compra especulativa con las garantías jurídicas necesarias para enfrentar posibles recursos a instancias superiores como el Tribunal Constitucional. “Ahora abordaremos los siguientes pasos con el Sindicat de Llogateres y los grupos que creen que es necesario limitar la compra especulativa en nuestro país para frenar la concentración en pocas manos de un derecho básico como es la vivienda”, señaló la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, quien avanzó que su formación seguirá “explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Cataluña un derecho y no un activo financiero”.
Por parte de la Generalitat, la consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, aseguró que “el Govern buscará todas las medidas legales y las maneras que sean posibles de acuerdo con el Estatuto catalán para proteger el derecho a la vivienda en Cataluña” e instó a “buscar las vías que de acuerdo a la ley aporten soluciones a un tema estructural como este”. Por lo tanto, el Ejecutivo catalán se ha mostrado abierto a adaptar el texto, que está previsto que afronte su votación final en otoño, cuando también se votarán las enmiendas que se hayan presentado a la norma.
Reforma del Reglamento del Parlament para blindar las sanciones contra los discursos de odio
Por otro lado, la reforma del Reglamento del Parlament inició su tramitación el pasado 29 de julio cuando los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP registraron la proposición de ley que tiene como objetivo dotar a la Cámara catalana de los “instrumentos normativos adecuados para hacer frente a manifestaciones de discurso discriminatorio, ofensivo o incitador al odio que puedan producirse en el marco de la actividad parlamentaria”. Es decir, blindar las sanciones que hasta ahora tan solo están recogidas en el Código de Conducta y, por lo tanto, no tienen rango de ley.
En el texto de la proposición de ley se indica que los diputados que incumplan la normativa se podrán enfrentar a sanciones como una amonestación pública, la prohibición de formar parte de una delegación del Parlament “ante una organización de carácter interparlamentario, una conferencia interparlamentaria o cualquier foro interinstitucional” durante como máximo un año y a una multa que podrá ir desde los 600 hasta los 12.000 euros. El tipo de penalización, así como el importe de las sanciones económicas, dependerá de si la infracción cometida es leve, grave o muy grave.
En concreto, las infracciones leves se enfrentarán a una amonestación pública, mientras que las graves conllevarán también multas de entre 600 y 6.000 euros. En el caso de las sanciones muy graves, las penalizaciones económicas oscilarán entre los 6.001 y los 12.000 euros y podrán ir acompañadas de la prohibición de participar en una delegación del Parlament “ante una organización de carácter interparlamentario, una conferencia interparlamentaria o cualquier foro interinstitucional”.
La iniciativa responde a un encargo de la Mesa del Parlament motivada por la recomendación de la Comissió de l’Estatut del Diputats tras determinar que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, habían cometido infracciones leves del Código de Conducta. La proposición de ley también recoge que se podrá expulsar del hemiciclo a un diputado si se le llama al orden por palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro parlamentario o a cualquier otra persona que vayan en contra del artículo 14 del Reglamento de la Cámara catalana.
Nueva Ley de Memoria Democrática
La propuesta que ya cuenta con días marcados en el calendario como fechas previstas para su validación definitiva es el proyecto de ley de Memoria Democrática. Se espera que la iniciativa impulsada por el Govern, que superó en febrero de 2025 su primer trámite parlamentario con el rechazo del Parlament a las enmiendas de PP y Vox, afronte su votación final más de año y medio después en el pleno previsto para los días 8 y 9 de octubre.
El texto de la iniciativa redactado por el Govern de Pere Aragonès y recuperado por el Ejecutivo de Illa obliga a las administraciones a retirar cualquier tipo de simbología franquista en el espacio público, así como las distinciones y honores a dirigentes y otras personas que apoyaron al régimen, en un plazo máximo de dos años. Además, establece sanciones para los actos de enaltecimiento del franquismo y por dañar fosas comunes. De la misma manera, ofrece a la Generalitat la posibilidad de ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de lesa humanidad contra la vida y la integridad física o moral que fueron cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura.
Por otro lado, la nueva ley de Memoria Democrática de Cataluña incorpora el impulso de actos de conmemoración en los días 14 de abril, fecha en la que fue proclamada la República en 1931, y 7 de noviembre, cuando en 1971 se constituyó la Asamblea de Cataluña, un organismo unitario de la oposición antifranquista catalana que operó de forma clandestina durante los últimos años de la dictadura. El texto también incluye la introducción del estudio de la memoria democrática en los colegios desde la educación primaria.
Reforma de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)
La propuesta legislativa que también inició su recorrido parlamentario a principios de 2025 y que los socialistas catalanes tienen como asignatura pendiente prioritaria para el próximo curso es la reforma de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que es la ayuda económica que la Generalitat otorga a las personas y familias sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas con el objetivo de garantizarles unos ingresos mínimos. La iniciativa impulsada por el PSC y los Comuns obtuvo el visto bueno del Parlament para seguir adelante en marzo de 2025 con el rechazo a las enmiendas a la totalidad que presentaron Vox y la CUP.
La reforma consiste principalmente en el incremento de los ingresos máximos que puede tener una familia para poder acceder a la RGC en función de la cifra de miembros. En el caso de las familias formadas por dos adultos y tres hijos, el límite pasará de los 1.375,59 a los 1.556,98 euros, mientras que si se trata de una persona sola, aumentará de los 755,82 a los 778,49 euros. Además, permitirá que se pueda recibir la ayuda a pesar de que algún integrante cuente con trabajo, algo que actualmente, por norma general, no es compatible. En 2025, el Govern preveía que esta iniciativa permitiese ampliar el número de hogares beneficiados en alrededor de 65.000.
Medidas temporales para acelerar la construcción de viviendas de protección oficial
Otra de las iniciativas que el PSC espera poder sacar adelante en el próximo período de sesiones se trata de la proposición de ley de medidas temporales para acelerar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) pactada entre el Govern y los Comuns. Esta iniciativa presentada el pasado 24 de julio permitirá reducir la burocracia para movilizar suelo e incorporar entre 15.000 y 20.000 inmuebles al parque residencial hasta 2030.
En concreto, entre las medidas que contempla la ley se encuentra la creación de VPO en suelo de uso terciario, propiedad de oficinas, hoteles y aparcamientos privados en altura, siempre que los inmuebles ocupen menos del 50% de la superficie construida del edificio, así como el incremento de la edificabilidad del techo residencial un 20%, permitiendo superar el límite máximo establecido. Asimismo, posibilitará la reconversión de la planta hotelera de municipios que puedan contar con un exceso y levantar nuevas plantas en las construcciones con edificabilidad agotada que dispongan de altura remanente.
El texto también incluye la posibilidad de realizar subdivisiones de inmuebles y reconvertir despachos a vivienda protegida que tenga una superficie mínima de 50 metros cuadrados. De la misma forma, la nueva norma permitirá construir VPO en aquellas parcelas que cuentan con condiciones mínimas de edificación mientras que cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad vigentes en Cataluña.
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