El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) se ha pronunciado este martes sobre la limitación de la compra especulativa de viviendas, concluyendo que la medida que ya ha iniciado su tramitación en el Parlament vulnera varios artículos de la Constitución Española, entre los cuales se encuentra el derecho a la propiedad privada. El dictamen no es vinculante y responde a los recursos presentados por Junts y el PP ante el órgano encargado de analizar la validez constitucional y estatutaria de las leyes catalanas en contra de la proposición de ley de modificación de la Ley de Urbanismo, la cual incluye el coto a la especulación inmobiliaria. Una iniciativa registrada por los Comuns tras haber acordado la medida con el Govern como parte de su pacto presupuestario.
En concreto, el CGE considera que la limitación de la compra especulativa incumple el artículo 33 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la propiedad privada y a la herencia y, el artículo 38, que reconoce el derecho a la libertad de empresa. Igualmente, dictamina que la proposición de ley incumple el artículo 129 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que otorga a la Generalitat competencia exclusiva en materia de derecho civil, con la excepción de los ámbitos que la Constitución reserva al Estado en su artículo 149.1.8.
El órgano también ha indicado que en la proposición de ley existe una “falta de la suficiente certeza y previsibilidad” que considera que vulnera el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución. Este principio se basa en la certeza de los ciudadanos de saber qué les está permitido y qué prohibido, para que puedan conocer las consecuencias jurídicas de sus actos.
Por otro lado, el CGE se ha referido también a la tramitación de la proposición de ley por lectura única, como decidió el Parlament el pasado 8 de julio, puesto que los recursos también incluían está cuestion. Tanto Junts como el PP criticaban en sus recursos que se hubiera decidido tramitar la norma por la vía más rápida.
El órgano observa en la tramitación por lectura única una vulneración de la participación del Consell de Governs Locals o de otras organizaciones representativas del mundo municipal. Por esta razón, recomienda que en su tramitación “se pueda hacer efectiva la mencionada participación de la representación de los entes locales”.
Está previsto que la tramitación de la proposición de ley de los Comuns se retome en el mes de octubre tras el inicio del próximo período de sesiones parlamentarias, tras haber sido paralizada por los recursos de Junts y PP. De no haberse llevado la norma al CGE, su votación final podría haberse realizado en el pleno de la semana del 22 de julio, el último del curso político.
El PP amenaza con llevar la ley al Tribunal Constitucional
Tras conocerse la resolución del CGE, el PP ha advertido de que, en caso de que se siga adelante con la tramitación de la proposición de ley, elevarán el asunto al Tribunal Constitucional (TC). Así lo ha anunciado la portavoz del Partido Popular en el Parlament, Lorena Roldán, en un comunicado en el que ha asegurado que el órgano al que recurrieron “ha desmontado de arriba abajo” la ley que ha calificado de “comunista”.
Asimismo, Roldán ha afirmado que “es una norma que ni en la forma ni en el fondo resiste el mínimo análisis jurídico” y la ha definido como “una ley conficatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión”. Además, ha acusado a los Comuns y al Govern de “haber pretendido disfrazar de urbanismo lo que en realidad era comunismo puro y duro al regular excesivamente el derecho civil y la propiedad privada”.
Los Comuns no comparten el análisis del CGE y aseguran que estudiarán el dictamen en profundidad
Por su parte, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha señalado en un mensaje en la red social X que desde su formación estudiarán en profundidad el dictamen y lo hablarán con los mismos expertos que ya avalaron la propuesta con varios informes que fueron solicitados por el Govern. Sin embargo, Albiach ha dejado claro que en su partido no comparten el análisis del CGE, argumentando que creen que “no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda”, debido a que la medida pretende limitar la compra de pisos en zonas de mercado residencial tensionado a los que se vayan a destinar al uso residencial.
De la misma manera, Albiach ha apuntado que seguirán “explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Cataluña un derecho y no un activo financiero”. “Ahora abordaremos los siguientes pasos con el Sindicat de Llogateres y los grupos que creen que es necesario limitar la compra especulativa en nuestro país para frenar la concentración en pocas manos de un derecho básico como es la vivienda”, ha declarado.
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