El Govern de Cataluña ha contestado a PP y Junts tras ambas formaciones haber anunciado este martes que presentarán un recurso contra la ley para prohibir la compra especulativa de vivienda registrada por los Comuns ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), señalando que todas las iniciativas que el Ejecutivo impulsa o, como en este caso, acompaña cuentan con “las máximas garantías jurídicas”. Asimismo, desde la Generalitat se ha reclamado a los dos partidos que se tomen una materia tan importante como la habitacional como “una misión de país” y, en vez de “poner palos en las ruedas”, propongan ideas o modificaciones para mejorar su situación.
“Me gustaría ver propuestas en el arco parlamentario”, ha declarado este martes la consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílivia Paneque. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu de este martes, ha apuntado que estaría bien que “las fuerzas conservadoras que se han situado en el no en aquello que se está haciendo” expliquen “cómo resolverían el problema de la vivienda en Cataluña”, el cual ha situado como “el principal problema de los catalanes y las catalanas”.
Paneque ha remarcado que el recurso ante el CGE “es un mecanismo que los grupos parlamentarios tienen a su abasto” y “tienen legitimidad para usarlo”, pero ha opinado que deberían acompañarlo de iniciativas. “Además de presentar recursos y pedir informes, estaría bien que se pusieran sobre la mesa medidas”, ha manifestado la consellera, que ha reivindicado que “un ámbito como la vivienda debería estar situado por parte de todo el mundo como prioridad absoluta de actuación y de políticas, a pesar de que el PP y Junts sean fuerzas de corte conservador”.
Al Junts y PP trasladar al CGE, el órgano que se encarga de analizar la validez constitucional y estatutaria de las leyes en Cataluña, la norma que este miércoles el Parlament decidirá si tramita por lectura única, su aprobación quedará aplazada hasta el próximo período de sesiones parlamentarias. No podrá salir adelante hasta octubre debido a que los plazos previstos para presentar los recursos y que obtengan respuesta no permiten que la iniciativa se vote en el pleno de la semana del 20 de julio, el último antes del parón de verano, como se esperaba que sucediera.
Ante el intento de populares y posconvergentes de tumbar la ley que limitará la compra especulativa de pisos, Paneque ha recordado que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado a finales de 2025 para regular el alquiler de temporada también fue recurrido ante el CGE por Junts y el PP con poco éxito. “Se especuló mucho, se pidió el informe y, finalmente, con dos pequeñas modificaciones que introducimos a petición y análisis del Consell, siguió su trámite”, ha subrayado
Varios informes avalaron la constitucionalidad de la medida
En el caso de la ley para prohibir la compra especulativa de vivienda acordada por el Govern y los Comuns, desde la Generalitat se pidieron el pasado mes de noviembre cuatro informes a cuatro expertos para estudiar la viabilidad y constitucionalidad de la norma. Según los estudios, esta medida era constitucional siempre y cuando se aplicara mientras dure la crisis de acceso a la vivienda y, únicamente, en las zonas de mercado habitacional tensionado.
Previamente, un informe emitido por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), un organismo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ya había avalado la legalidad y la constitucionalidad de la medida si se aplicaba con carácter territorial y temporal, como indicó el estudio encargado por el Govern. Ambos requisitos se cumplen por parte de la ley presentada por los Comuns.
PP y Junts defienden sus recursos
El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado que la ley de la prohibición de la compra especulativa habitacional “afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda y también a las competencias de los ayuntamientos”, indicando que al dejar la decisión de aplicar la limitación a los consistorios puede generar que dos municipios limítrofes tengan situaciones distintas. Igualmente, ha criticado que PSC, ERC y Comuns decidieran tramitar la norma por lectura única, afirmando que su intención era “descartar cualquier tipo de debate” y que “no comparezcan ni siquiera los colegios profesionales”.
Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario del PP, Lorena Roldán, ha detallado que han leído el texto y que consideran que hay extremos que “están fuera de la Constitución” y que, por esta razón, pedirán la opinión del CGE.
Los Comuns acusan a Junts de estar mandado por la patronal
Los recursos a la ley para prohibir la compra especulativa en Cataluña han obtenido respuesta por parte del portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, que ha asegurado que “a Junts no le preocupa si la gente quiere o no pagar el alquiler o si puede comprar o no un piso”, sino que su preocupación es “que la gente pueda seguir acumulando más pisos para hacer negocio”. “La patronal manda y Junts ejecuta”, ha sostenido.
En este sentido, Cid ha posicionado a los posconvergentes, al PP y a Vox en lo que ha calificado como “tripartito de la patronal”. Según el diputado de los Comuns, “los que limitan la propiedad privada en Catalunya son los que acumulan vivienda y hacen que la gente no pueda comprar un piso donde vivir y no lo puedan alquilar” y no ellos al vetar la compra especulativa.
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