El Gobierno garantiza la subida salarial de 4,5% para funcionarios y los sindicatos piden que sea antes de las elecciones

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, ha confirmado este martes que aprobará la subida salarial de los funcionarios en un 4,5% para 2027. En un encuentro mantenido con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, esta cartera ministerial sella así la promesa de revisiones salariales para los empleados públicos hasta 2028. 

No obstante, pese a que desde el departamento que dirige López indican que esta medida saldrá adelante, los sindicatos han informado que el Gobierno no ha confirmado ninguna fecha concreta, por lo que desconocen si esto se producirá antes de las elecciones del 29 de noviembre como así piden o después. "UGT valora que el Gobierno garantice la subida salarial del 4,5 % prevista para 2027 y le reclama que ponga ya fecha para su aprobación. Esa aprobación debe producirse antes del 24 de noviembre, fecha de la última reunión del Consejo de Ministros previa a la celebración de las elecciones generales del día 29”, sostienen desde UGT.

En esta línea, desde CCOO añaden que “el Gobierno por su parte se ha comprometido a aprobar legalmente esa subida pero sin especificar la fecha”. Al hilo de ello, según han informado las centrales sindicales, uno de los argumentos que han aportado desde el Ministerio de la Función Pública es que como los comicios son el 29 de noviembre, probablemente no dé tiempo, teniendo en cuenta el plazo en el que se constituyen de nuevo las Cortes y se forma el nuevo Gobierno.

La subida salarial de los empleados públicos se articulaba tradicionalmente a través de la ley general de presupuestos. Sin embargo, la ausencia de esta norma, ha obligado al Gobierno a ir aprobando a través de reales decretos las revalorizaciones salariales, así como a articular partidas presupuestarias específicas para financiarlas. Al margen de ello, lo que sí se sabe es que esta subida salarial a tres millones de empleados públicos se llevará a cabo en dos fases: la primera de ellas se aplicará desde el 1 de enero de 2027 y elevará los sueldos un 4,5%.

A ello, los funcionarios añadirán en algún momento del primer trimestre de 2027 la revalorización del 0,5%, correspondiente al desvío de la inflación de 2026. Esta actualización, que se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero, ya se aprobó por el Gobierno y se publicó en el BOE el 2 de diciembre de 2025.

En ese momento, el Ejecutivo se comprometió a aumentar un 0,5% las nóminas vigentes el 31 de diciembre de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, si el IPC de 2026 superaba el 1,5%, algo que, a falta de dos meses para que concluya el año, ya se sabe que la inflación superará esa cifra. 

Revisión sobre la temporalidad en el sector público

Con todo ello, desde CSIF -Central Sindical Independiente y de Funcionarios- han avanzado que el Gobierno prepara también una reforma para cesar a los gestores de Administraciones que abusen de la temporalidad en el sector público, aunque fuentes conocedoras del anuncio del ministerio avanzan que no parece que esto último pueda aprobarse en periodo electoral.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones para evitar retrasos. #CSIF también exige que se actualicen las indemnizaciones por residencia y razón de servicio antes de que finalice 2026 y el Ministerio nos traslada su voluntad de aplicarlo. Función Pública prepara una reforma para cesar a los gestores de administraciones que abusen de la temporalidad: CSIF reclama sanciones ejemplares y medidas reparadoras para las personas afectadas. https://t.co/lz2WOlo1TZ

— CSIF Nacional (@CSIFnacional) October 20, 2026

Al hilo de ello, Función Pública reconoce que la temporalidad sigue estancada de media en el 27%. A razón de ello, desde CSIF remarcan que el sindicato “siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas”.