Sánchez contrapone su campaña de avances sociales frente a los sacrificios de Feijóo

Cada candidato elige su camino ante unas elecciones, pero las generales del 29 de noviembre ya tienen, dos semanas después de que Pedro Sánchez las convocara, dos formas de abordarlas muy marcadas entre la izquierda y la derecha. El presidente del Gobierno prometió “seguir gobernando” hasta que se abrieran las urnas. Para ello, desde Moncloa avanzan que todos los Consejos de Ministros hasta los comicios incluirán medidas sociales como las aprobadas este martes. Mientras, Alberto Núñez Feijóo centra su campaña en pedir “sacrificios” a los españoles si llega a la Presidencia, algo que dependerá de que le den los números con la ultraderecha.

El Ejecutivo ha arrancado esta semana lo que denominan los ‘martes sociales’, centrándose en la educación, en plena huelga en la Comunidad de Madrid, y con subidas de pensiones y ayudas de la Seguridad Social a colectivos vulnerables. También en la crisis de vivienda, para la que destinarán 180 millones de euros a las comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas, según la Ley de Vivienda.

Todo con una idea: "Este Gobierno sigue gobernando", que remarcó la  portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Seguridad Social desgranó su paquete de ampliaciones de prestaciones, e insistió en que el Ejecutivo seguirá "respondiendo a necesidades de la ciudadanía".

Sánchez estrena los ‘martes sociales’ y su contraste con el PP

Esta será la dinámica, incluso, hasta después de las elecciones. El Consejo de Ministros ha aprobado, por la vía del Real Decreto-ley, el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que sustituye al de hace 16 años y recoge el derecho a la atención psicológica en los campus, medidas para mejorar la conciliación del estudio con el empleo, y ayudas a alumnos con dificultades de aprendizaje. Además, el Gobierno ha aprobado un nuevo plan para impulsar el acceso a la residencia para los estudiantes universitarios. Se trata de siete proyectos que echarán a andar “a corto plazo”, informan desde Moncloa, y que estarán cofinanciados con 45 millones de euros. El primero de ellos, incluirá la creación de 2.000 nuevas plazas en las universidades públicas de toda España.

Sánchez escenificó el lunes su apoyo a los estudiantes en la firma del nuevo Estatuto, junto a representantes de los alumnos y los rectores de los centros públicos. “El objetivo es que ninguna circunstancia personal, familiar o económica suponga que nadie pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento lo permitan”, dijo sobre la primera de esas normas.

Estos decretos, que deberá aprobar la Diputación Permanente del Congreso en los próximos 30 días, llegan en medio de las movilizaciones del sector educativo, que atraviesa su segunda semana de huelga en todos los niveles en plena lucha con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional del PP acusó a Sánchez de espolear las protestas que la señalan, que el lunes la acorralaron en la puerta de un acto en la Consejería de Educación madrileña. “Es gente que no respeta, que es violenta y que a través del acoso y la intimidación pretende no sé qué, porque más de lo que se hace en la Comunidad de Madrid por la educación pública es difícil compararlo”, dijo sobre los manifestantes.

Ayuso también calificó a los huelguistas como un "coro rociero", a lo que respondió este martes Elma Saiz. "Es una barbaridad llamar violentos a los maestros y maestras de nuestros hijas e hijos", dijo la ministra portavoz.

El Consejo de Ministros seguirá activo hasta el 29N

El contraste con las medidas sociales aprobadas por el Gobierno central se hizo solo, y en Moncloa pretenden que siga siendo así durante toda la campaña hasta el 29N. El Ejecutivo ha aprobado también un nuevo paquete de ayudas y subsidios del Ministerio de Seguridad Social. Entre ellas, la cuantía que perciben los huérfanos por la violencia de género, que tuvieran menos de 21 años en el momento del feminicidio, y que estén cerca de la “orfandad absoluta” o a cargo de “terceros y familiares”. Estos verán aumentar su pensión a dos veces el SMI, que está en 1.221 euros brutos en 14 mensualidades.

También se han aprobado dos nuevos supuestos de incapacidad temporal, que se aplicarán en los casos de “lesiones” de las mujeres víctimas de violencia machista. Además, en situaciones de menopausia secundaria, se brindará a mujeres “con patología limitante por trastorno menopáusico secundario” siempre que reciban asistencia médica y éste impedida para trabajar. El Gobierno también ha eliminado el límite de edad para recibir prestación por cuidado de hijos con enfermedades graves o cáncer.

Para las próximas semanas, el Ejecutivo se prepara para aprobar otras medidas más simbólicas, como una nueva subida del SMI. Esto se ha incluido en las exigencias de los sindicatos para la huelga general del 11 de noviembre, y Saiz avanzó que la comisión de expertos se reunió hace dos semanas. "Mientras este Gobierno de progreso siga al frente del Ejecutivo, el SMI va a seguir subiendo", aseguró la ministra.

Moncloa también trabaja en la actualización anual de las pensiones con el índice de precios al consumo (IPC), en medio del debate sobre el sistema público abierto por el PP; o en un posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En cuanto a la vivienda, también en plena movilización social, los dos decretos que tumbó el Congreso hace casi un mes, y que desencadenaron la convocatoria electoral, siguen en vigor a la espera de que lleguen también a la Diputación Permanente del Congreso, para lo que aun no hay fecha fijada.

Además, el Gobierno aprobó este martes destinar 180 millones de euros para la promoción de vivienda asequible a los 317 municipios con zonas de mercado declaradas como tensionadas, en Cataluña, Navarra, Euskadi, Galicia y Asturias. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, asegura que con estas medidas se da respuesta a las exigencias de la huelga general, centrada en el derecho a la vivienda.

Los “sacrificios” de Feijóo

El objetivo es que, de aquí a las elecciones, se apruebe un decreto social de calado cada martes, para contrarrestar el mensaje electoral de Alberto Núñez Feijóo y sus “sacrificios”. La campaña del candidato del PP ha tomado la senda de aventurar recortes en pensiones y prestaciones si llega a liderar el Gobierno, además de una guerra contra el pretendido problema del absentismo laboral. Esto pone en bandeja al PSOE utilizar cada decreto que se apruebe de aquí a finales de año para contraponer este modelo con el suyo.

Mientras, el PP ya ultima su unión en el Senado con Vox, de cara a mejorar las condiciones para meter a la ultraderecha en el Gobierno si los números lo permiten. Además, Feijóo ha confirmado que Cayetana Álvarez de Toledo será su número dos en las listas de Madrid al Congreso. El núcleo duro del líder popular se prepara para lo que puede venir, después de que este firmara el lunes su “contrato con España”, que incluye entre sus doce puntos su cuestionable compromiso de actualizar las pensiones conforme al IPC cada año, y garantizar el sistema público que cuestionan sus propios portavoces.