Cataluña ha dado este jueves un nuevo paso en su lucha contra la especulación con la aprobación en el Parlament de la Ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo que supone la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones. De esta manera, el precio de dichos arrendamientos se limitará al mismo tope que el de los inmuebles residenciales, a excepción únicamente de los que acrediten que están destinados a usos recreativos, turísticos o vacacionales y lo reflejen en el contrato. Por lo tanto, en el caso del alquiler por habitaciones, el coste de la suma del conjunto de las habitaciones de un piso no podrá ser superior al límite establecido para toda una vivienda.
En el caso del alquiler de habitaciones, la norma también incluye el requerimiento tanto de un mínimo de metros de tamaño como de un máximo de personas que pueden vivir en ellas. En cuanto al alquiler actualmente considerado de temporada, este se convertirá automáticamente en arrendamiento habitual residencial si no se ha acreditado una de las tres finalidades mencionadas. Asimismo, la norma obliga a que el alquiler permanente sea el predominante en las localidades que cuenten con una elevada demanda residencial.
Además, la nueva ley incorpora la creación de dos organismos para controlar y garantizar su correcto cumplimiento. Uno de ellos es el Registro de Grandes Tenedores, dependiente de la Agencia de Vivienda de Cataluña, en el cual deberán inscribirse todos los propietarios de más de 1.500 metros cuadrados de viviendas, de al menos 10 inmuebles o de más de 5 pisos dentro de una zona tensionada. Si no lo hacen, podrán ser sancionados. La norma también supone la constitución de la Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda que se encargará de reforzar las inspecciones y otorgará a los inspectores la calificación de agentes de la autoridad.
La ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo ha salido adelante con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSC, ERC, Comuns y CUP, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Por su parte, Junts ha rechazado el grueso de la norma, incluyendo tanto la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones como la creación del Registro de Grandes Tenedores.
La nueva ley aumenta hasta un 50% el suelo reservado a la protección pública
Por otro lado, el texto contempla un aumento de hasta un 50% del suelo reservado a la protección pública en los futuros planeamientos urbanísticos. Igualmente, establece cómo se deben repartir los recursos económicos del Instituto Catalán Suelo (Incasòl) para incrementar la inversión en construcción de vivienda pública.
Otro punto de la nueva ley es la protección oficial indefinida de todas las viviendas protegidas que se incorporen al parque público habitacional, por lo que no podrán perder dicha condición en un futuro. De la misma forma, el nuevo artículo incluye una prórroga de la protección oficial de los inmuebles protegidos ya en uso que se encuentran en municipios dentro de zonas tensionadas.
Paneque: "Si la vivienda falla, se pone en riesgo la cohesión"
Durante el pleno, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la nueva norma “es una ley de defensa del derecho fundamental de la vivienda y del fortalecimiento de un nuevo marco legal que la ampare”. Además, ha asegurado que su aprobación supone una mayor capacidad de ejecución y más garantías para los ciudadanos “porque si la vivienda falla, se pone en riesgo la cohesión, las oportunidades y la calidad democrática”.
Asimismo, la portavoz del Govern ha afirmado que la regulación de los precios de los alquileres tanto de temporada como de habitaciones “sirve para establecer unas reglas que aporten seguridad a las dos partes, propietarios e inquilinos”. En este sentido, ha remarcado que la ley “busca que la vivienda sea un derecho y no una fuente de angustia para los ciudadanos”.
Respecto a la ampliación del parque público de vivienda, Paneque ha abogado por una mayor velocidad y eficiencia de los trámites para facilitar la construcción de inmuebles y, por ende, el acceso de los ciudadanos a ellos. “Es fundamental simplificar y adecuar los mecanismos, así como acortar los tiempos, para que las promociones de vivienda protegida no queden encalladas en trámites largos y farragosos”, ha declarado.