Habiendo alcanzado ya el ecuador de la legislatura, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afronta esta semana su tercer debate de política general, en el que hará balance ante el Parlament de sus dos primeros años al frente del Govern y defenderá su hoja de ruta para los próximos. Entre los temas que se espera que centren la comparecencia del jefe del Ejecutivo catalán y las interpelaciones de los grupos parlamentarios se encuentran la vivienda y el acceso habitacional, que en la última semana se ha convertido en gran protagonista de la política española a raíz del desahucio de Maricarmen, y la educación, ámbito que Illa ha abordado en la última semana con grandes anuncios y con la propuesta de mantener un debate tanto con el sistema educativo como con las formaciones para alcanzar “un nuevo gran consenso de país”. También materias como la seguridad, la migración y, en relación con ellas, el auge de la extrema derecha en Cataluña acapararán el que previsiblemente será el último debate de política general antes de la vuelta de Carles Puigdemont.
El debate de política general arrancará este martes a las 16.00 horas con una comparecencia de Illa sin límite de tiempo para continuar el miércoles a partir de las 9.00 horas con las interpelaciones de los grupos parlamentarios y la respuesta del jefe del Ejecutivo catalán a las mismas. Una vez se suspenda la sesión el miércoles, los partidos dispondrán de media hora para registrar sus propuestas de resolución, las cuales deberán ser admitidas a trámite por la Mesa del Parlament para ser debatidas y votadas en la tarde del jueves. En concreto, cada formación podrá presentar 22 propuestas con un máximo de tres puntos cada una.
La vivienda volverá a ser protagonista
El acceso a la vivienda es actualmente la principal preocupación de los catalanes y, según apuntan fuentes del Govern, en su comparecencia Illa dará a conocer alguna novedad relacionada con dicha materia, siguiendo la estela de los dos anteriores debates de política general. En el de 2024, el presidente de la Generalitat anunció la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y, en el de 2025, subió la apuesta y avanzó la activación de todo el suelo urbanizable de Cataluña para edificar más de 214.000 inmuebles, de los cuales la mitad serán de protección oficial.
Si bien el difícil acceso habitacional hace ya años que se encuentra en el centro del debate político tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado, en la última semana se ha convertido en indiscutible protagonista de la actualidad española debido al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el pasado miércoles fue desalojada de la vivienda en la que había residido como inquilina durante 70 años, situada en el distrito madrileño del Retiro. El inmueble fue comprado en 2018 por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones SL, el cual se negó a dar continuidad al contrato de alquiler de Maricarmen.
A pesar de haber ocurrido en Madrid, el caso de Maricarmen ha incrementado la demanda social para que se ponga freno a la especulación en materia de vivienda y se tomen más y mejores medidas en pro de un mayor acceso habitacional en todo el territorio español, incluido en Cataluña, donde el pasado 7 de septiembre una mujer de 54 años se quitó la vida tras haber sido desahuciada en abril del piso de L’Hospitalet de Llobregat en el que había vivido a lo largo de más de 20 años tras haber sido adquirido por otro fondo. Por lo tanto, cabe esperar que la cuestión de la especulación habitacional tenga un espacio dentro del debate en un Parlament que próximamente votará la proposición de ley para prohibir la compra especulativa de viviendas a los grandes tenedores que surge del acuerdo presupuestario entre el Govern y los Comuns.
La educación en el centro de la actualidad catalana
Probablemente, la educación también será uno de los temas que protagonicen el debate de política general, a pesar de que ya fue abordada en el pleno celebrado el pasado miércoles para que Illa diera explicaciones sobre la incidencia que hubo en Cataluña respecto a las pruebas PISA, por la que quedaron excluidos de realizarlas más del 5% del alumnado establecido como límite máximo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un error que, junto a las huelgas docentes que se vivieron en los últimos meses del pasado curso escolar, ha hecho que la cuestión educativa se haya situado en primera línea de la actualidad catalana.
El mundo de la educación ha reclamado mejoras ante los problemas derivados de décadas de desinversión, ante las cuales el Govern alcanzó un acuerdo con algunos de los principales sindicatos educativos que prometía incrementos salariales, la reducción de las ratios de alumnos por la clase y el refuerzo de la escuela inclusiva, entre otras mejoras. Sin embargo, este pacto no cuenta todavía con el apoyo del sindicato mayoritario, Ustec, y otras organizaciones sindicales que considera insuficientes los cambios que contempla.
Con el objetivo de alcanzar “un nuevo gran consenso de país” en educación que lleve a un gran pacto sobre el sistema educativo, Illa ha impulsado en las últimas semanas un debate amplio con el conjunto de la comunidad educativa, el conjunto de la sociedad catalana y los grupos políticos del Parlament, con los cuales se reunió el pasado viernes en una cumbre en el Palau de la Generalitat para ponerlo en marcha. Entre los asuntos que el presidente del Govern ha situado en el centro de este proceso de reflexión se encuentra alcanzar el 6% de inversión del producto interior bruto (PIB) de Cataluña en educación establecido por la ley educativa aprobada por la Cámara catalana en 2009.
La seguridad y la inmigración con una extrema derecha en ascenso
La seguridad y la inmigración también formarán parte del debate de política general, especialmente en lo que respecta a la extrema derecha, la cual se encuentra en pleno auge en Cataluña. Tanto Vox como Aliança Catalana han enfocado su discurso en estas dos cuestiones, instrumentalizándolas en cada pleno del Parlament, donde acostumbran a culpar a la segunda de la primera. La discusión sobre ambos temas cobra una especial importancia en un momento en el que, según avanzan los sondeos, la ultraderecha contaría con más apoyo que nunca en Cataluña en la historia de la democracia, habiendo encuestas que sitúan al partido de Sílvia Orriols como segunda fuerza política. Por este motivo, es de esperar que Illa utilice alguna de sus intervenciones para combatir los mensajes que estas formaciones promueven.
En este sentido, Illa podrá apoyarse en los últimos datos sobre criminalidad en Cataluña para desmontar el relato defendido por la extrema derecha respecto a la inseguridad en el territorio catalán. Según las cifras oficiales, entre enero y agosto de 2026 el número de delitos cayó un 8,7%, mientras que los delitos contra el patrimonio se redujeron un 11%, los hurtos un 15,9% y los robos con fuerza un 9,4%. Datos que muestran una evolución positiva, a pesar de que haya problemas que se han agravado, como el aumento del uso de armas, ante el cual el Govern defiende endurecer las leyes y reforzar los planes de los Mossos d’Esquadra.
La nueva financiación y Rodalies, entre los asuntos pactados en los que se ha avanzado en 2026
Por otro lado, en el debate de política general también podrán abordarse algunos de los pactos que Illa alcanzó con sus socios de legislatura, ERC y Comuns, tanto para su investidura como para sacar adelante los presupuestos de 2026, aprobados definitivamente en julio. Entre los acuerdos con los republicanos, se encuentran asuntos como el nuevo modelo de financiación autonómica, cerrado el pasado mes de enero con el Gobierno, y que ahora el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso de los Diputados, aunque no parece contar con el apoyo suficiente debido al rechazo manifestado hasta el momento por Junts. Desde que se conociera el nuevo sistema, Illa ha defendido públicamente que beneficia a Cataluña, suponiendo 4.700 millones de euros más al año para el territorio catalán, y que, a la vez, es positivo para el conjunto de comunidades. Para favorecer que salga adelante, Illa ha instado con anterioridad a los posconvergentes a respaldarlo, un reclamo en el que previsiblemente reincidirá esta semana.
Entre los acuerdos se encuentran varios enfocados en la mejora de la movilidad y, sobre todo, del servicio de Rodalies, un asunto que podría ocupar un espacio en el debate, especialmente después de la crisis que el sistema de cercanías catalán vivió a principios de este 2026 debido a su suspensión durante días tras el accidente de un tren en Gélida (Barcelona) el pasado mes de enero. Uno de los acuerdos de investidura de Illa con Esquerra Republicana fue el traspaso de Rodalies por parte del Estado a la Generalitat, el cual se ha puesto en marcha este año con la constitución de una empresa mixta entre Govern y Renfe encargada de su gestión.
La amnistía a Puigdemont y Junqueras cada vez más cerca
El debate de política general de 2026 se celebra coincidiendo con el noveno aniversario del referéndum ilegal del 1-O y aparentemente a muy pocas semanas de que se haga efectiva la aplicación de la ley de amnistía para los siete líderes del procés a los que el Tribunal Supremo no les ha querido aplicar la norma hasta ahora al considerar que en su delito de malversación de fondos había enriquecimiento personal. Sin embargo, el próximo 6 de octubre el Constitucional se pronunciará favorablemente sobre dos de los recursos de amparo presentados por los dirigentes independentistas, fijando una doctrina que el Alto Tribunal parece tener la intención de respetar.
De esta manera, faltarían pocos días para que el Supremo levante la orden de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y este pueda volver a Cataluña tras nueve años en Bélgica. Asimismo, en tan solo unas semanas el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dejaría de estar inhabilitado para ejercer un cargo público. Por ende, en estos momentos sobrevuelan las incógnitas sobre cómo afectaría el probable regreso de ambos a la competición por la presidencia de la Generalitat y cómo podría cambiar el retorno de Puigdemont la política catalana de aquí al debate de política general de 2027.
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